La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas rechaza los discursos de odio y declaraciones estigmatizantes que han promovido funcionarios y figuras públicas sobre las manifestantes y las protestas sociales que se adelantan en el país desde el pasado 28 de abril del 2021.

Funcionarios de alto nivel como el Ministro de Defensa, Diego Molano; alcaldes, como el de Pereira, Carlos Maya; e influyentes figuras públicas como Álvaro Uribe Vélez, líder del partido de Gobierno; han realizado declaraciones con las que buscan, de manera intencionada, consciente y voluntaria, proyectar una imagen parcializada de las manifestaciones. Con ello, se ha pretendido alentar, tanto a los miembros de la fuerza pública como a ciudadanas, a que actúen contra las personas que se manifiestan, lo que ha traído como consecuencia un alarmante incremento en el uso de la violencia institucional, ejercida directamente por agentes de la fuerza pública uniformados o encubiertos y mediante la actuación de particulares que han contado con la complicidad o aquiescencia del Estado.

El primero en promover estos discursos de odio fue el señor Álvaro Uribe Vélez, líder del partido de Gobierno, quien publicó el 30 de abril en su red social Twitter: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Esta red social dispuso que Álvaro Uribe Vélez debía borrar esta publicación por considerar, de acuerdo con sus políticas, que se trata de una “glorificación de la violencia”.

Posteriormente, el 1 de mayo, el Ministro de Defensa patrulló las estaciones de policía de Cali y le dijo a los uniformados: “merecen el reconocimiento y la admiración de todos los ciudadanos”[1], luego de que se denunciara la muerte de 16 personas en esa ciudad, varias de ellas por posibles impactos de armas de fuego accionadas por agentes de la Policía Nacional, desde que inició el Paro Nacional.

Un día después, el 2 de mayo, el alcalde de Pereira convocó a civiles a hacer un “frente común” con las fuerzas del orden para “recuperar el orden” de la ciudad. Tres días después, vehículos se dirigieron al Viaducto de Pereira y dispararon 8 veces en contra de la vida de Lucas Villa. Otras dos personas resultaron heridas.

Anoche el país tuvo otras dos víctimas mortales a causa de los disparos de particulares. Uno de ellos es Héctor Fabio Morales, de 24 años, quien se encontraba en el Parque Olaya de Pereira, en uno de los puntos de concentración del Paro Nacional y recibió múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, una de ellas en el cráneo. Paralelamente, en la ciudad de Cali, habitantes denunciaron que varias camionetas particulares dispararon en tres ocasiones contra los manifestantes y una brigada médica y de derechos humanos dentro de la que se encontraba la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes en el sector de La Luna. Tres personas resultaron heridas, una de ellas falleció.

Es innegable que los discursos promovidos por funcionarios públicos del mayor nivel y líderes del partido de Gobierno han incentivado una práctica criminal y violenta por parte de personas que, con la connivencia y/o tolerancia de agentes de la fuerza pública, han emprendido un ataque sicarial en contra de las manifestantes.

Esta preocupación que tenemos como organizaciones de derechos humanos también ha sido reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, quienes señalaron en un comunicado el 7 de mayo de 2020, “su preocupación ante declaraciones estigmatizantes e intimidatorias por parte de las autoridades estatales, entre las cuales resultan particularmente preocupantes aquellas que califican a los manifestantes y a las víctimas como “terroristas”, “enemigos” o “delincuentes””[2].

Por ello, hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que, atendiendo lo dispuesto en la Directiva 002 de 2017, adelante las investigaciones disciplinarias correspondientes en contra de todos los servidores públicos que hayan realizado conductas que deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento de la protesta social, entendida esta como un derecho fundamental. De igual manera, le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que inicie las investigaciones penales en contra de todas las personas que, a través de sus discursos, han instigado crímenes en contra de los manifestantes.

Recordamos que los discursos de odio y discriminatorios que inciten a causar daño a otras personas o grupos de personas no están amparados por la garantía constitucional con que cuenta la libertad de expresión. Derecho que está consignado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José” y en el artículo 20 de la Constitución Política. En estos instrumentos está claramente establecido que la libertad de expresión tiene límites, toda vez que “(…) entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.” (art. 19, PIDCP).

Por su parte, el Pacto de San José señala de manera expresa: “(…) Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.” (art. 13, CADH). Asimismo, la sentencia C-442 de 2011 de la Corte Constitucional refiere que dentro de los contenidos prohibidos para los discursos se encuentra la apología del odio. Finalmente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, en su informe de 2015 señala que: “en que para combatir efectivamente el discurso de odio se requiere un enfoque comprensivo y sostenido que vaya más allá de las medidas legales y que incluya la adopción de mecanismos preventivos y educativos.”

Por ello, exhortamos a los organismos internacionales a estar alertas frente a las situaciones advertidas en esta comunicación.

CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODAS

COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS - CSPP

RED CONTRA EL ABUSO DE AUTORIDAD - RED CAA

RED UNIVERSITARIA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS - RUD

COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO - CAJAR

COLECTIVO JURÍDICO POPULAR DE ENGATIVÁ

MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO - MODEP

CORPORACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JESÚS MARÍA VALLE

COMITÉ PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS - CPDH

CIUDAD EN MOVIMIENTO

CONGRESO DE LOS PUEBLOS

MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO - MOVICE

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS PASOS

COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICA Y PAZ - CIJP

 

[1] Ver más en: https://twitter.com/mindefensa/status/1388363856225914880

[2] CIDH. La CIDH y su RELE expresan preocupación ante la gravedad y elevado número de denuncias de violaciones de derechos humanos durante las protestas sociales en Colombia. Publicado el 7 de mayo de 2021. Disponible en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/118.asp