En esta respuesta a la demanda se admite al congresista para que sea parte civil del proceso que se lleva en contra del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, por la conformación del Bloque Metro, cuando era gobernador de Antioquia. Entre lo que expone la demanda está: "ordenar la realización de un documental que revele cómo se conformó el Bloque Metro, su accionar criminal, intereses y la utilización de la infraestructura política y económica estatal" y el reconocimiento de que los "hechos corresponden a crímenes de Lesa Humanidad".

Según la Fiscalía, el representante a la Cámara no tiene ningún interés "económico de resarcimiento", por lo que no ostenta ningún impedimento; más bien, según la respuesta, sus pretensiones se circunscriben a "la busqueda de la justicia, el reconocimiento público de la responsabilidad en estos hechos y el perdón a la sociedad colombiana”. Esta decisión encuentra como antecedente inmediato la investigación que adelantó Iván Cepeda sobre la presunta conformación de un grupo paramilitar en la década de los 90, en el municipio de San Roque, Antioquia, que utilizaba como base de operaciones la hacienda denominada “Guacharacas", la cual para ese momento era propiedad del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.