En el marco de la audiencia de observaciones a las versiones voluntarias rendidas hasta el momento por integrantes de la Brigada Móvil No. 15 (BRIM15) y el Batallón de Infantería No. 15 “Francisco de Paula Santander” (BISAN), citada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, las madres, padres, hermanas (os), esposas, hijos e hijas de jóvenes asesinados, de Soacha y Bogotá, y presentados como muertos en combate, le pedirán a la JEP que cite a comparecer al menos a otros 52 implicados civiles y militares que han sido mencionados en las versiones rendidas hasta hoy. Y adicionalmente que sean llamados Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y el General Fredy Padilla de León, en razón de los cargos que ostentaban en el momento de ocurridos estos crímenes. En el caso de los expresidentes, si bien estos conservan su fuero especial, la JEP debería por lo menos exhortar para que comparezcan a rendir cuentas. 

Las familias de los 19 jóvenes asesinados, de Soacha y Bogotá, en Norte de Santander entre diciembre del 2007 y agosto de 2008, también presentarán las impresiones sobre las versiones voluntarias y las solicitudes tendientes tanto a profundizar el carácter dialógico del procedimiento ante esta jurisdicción como a contribuir a la reflexión sobre las medidas restaurativas que deben ser implementadas por los comparecientes y el Ejército Nacional. Bajo esa premisa, exigirán una vez más que se respete su nombre y dignidad, y que los comparecientes dejen de referirse a sus familiares utilizando calificativos como “alias, delincuentes o vuelteros”, expresiones revictimizantes con las que insisten en justificar crímenes injustificables. 

En el mismo sentido, solicitarán a la JEP que reconozca estos hechos como crímenes de Estado y de lesa humanidad, ya que se trató de una política dirigida a toda la institución castrense y no de unas cuantas manzanas podridas. Otra de las solicitudes será la realización de un acto de perdón público por parte del Ejército. Esta medida ya fue contemplada en el fallo de justicia ordinaria que condenó a 21 militares por la muerte de cinco de estos jóvenes. 

Esta audiencia en la que las víctimas presentarán sus observaciones a las 31 versiones rendidas por 22 comparecientes de la BRIM15 y el BISAN, también será la oportunidad para presentar propuestas de participación más directa, que responda al principio de centralidad de las víctimas en todas las etapas del proceso, incluyendo las versiones voluntarias que restan.  

Desde mediados de año, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP mediante auto 080 de 2019 habilitó la participación de las víctimas en las diligencias de versiones voluntarias de comparecientes del caso 003 bajo determinados condicionamientos. Uno de ellos es que la participación se haga en una sala alterna o sala espejo, lo que no satisface del todo su derecho ni el principio dialógico que rige a la justicia transicional. “Un perdón en pantalla no es válido”, aseguran las madres de Soacha y Bogotá, al hacer referencia a las expresiones que algunos de los comparecientes han dado en el cumplimiento de dichas versiones, y que ellas han escuchado a través de la sala espejo. 

Otro de los condicionamientos consiste en avisar los tres días siguientes al auto que cita a la versión sobre la intención de participar en la misma. Sin embargo, esta condición supone para las madres y demás víctimas un obstáculo adicional a la en esta fase, pues implica casi que otro procedimiento de reconocimiento para la participación. 

De igual forma, insistirán en medidas cautelares inmediatas y efectivas, así como la activación de otras medidas de protección, entre ellas las que se tramitan dentro de la misma Jurisdicción Especial para la Paz,  pues su valiente lucha por esclarecer lo sucedido con sus familiares les genera un riesgo constante.

Las familias consideran que del mismo modo en que los victimarios hicieron "recolectas o vacas" para los asesinatos y montajes contra sus hijos, deben disponer de  recursos propios para la reparación integral de las víctimas. Para tal fin, solicitan que los militares responsables de los asesinatos de sus familiares contribuyan a la construcción de monumentos y otras obras en memoria de las víctimas y en beneficio de la comunidad, y que se busquen vías administrativas o judiciales para que los victimarios asuman las deudas que ellas tienen con los cementerios, las funerarias que hicieron los traslados de sus hijos asesinados, al igual que los gastos en salud y otras necesidades básicas de las víctimas.

Estas propuestas surgen a raíz de la insuficiente oferta de reparación que ha primado hasta ahora en las versiones voluntarias rendidas por soldados, suboficiales y oficiales. Cabe recordar que parte de los compromisos que adquirieron los militares al firmar el acta de sometimiento ante la JEP son las medidas de reparación integral a las víctimas. 

Para las familias de los jóvenes de Soacha y Bogotá, 19 de las más de 5.700 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país, es claro que hasta la fecha las contribuciones de los victimarios son insuficientes y queda mucha verdad por conocer. En este sentido, estas familias que llevan más de 11 años buscando verdad y justicia, exigen que los soldados, suboficiales y oficiales implicados en la muerte de sus seres queridos no sigan portando el uniforme (como sucede en la mayoría de los casos) y que quienes no colaboren efectivamente con la verdad, deben perder los beneficios de los que gozan en la justicia transicional.