Quizás el desafío más grande subsiste en los territorios donde defensoras y defensores, líderes sociales y comunitarios ejercen su labor legal y legítima de defender los recursos naturales, el territorio, o promover la paz, enfrentando actores armados que mantienen sus vínculos con poderes mafiosos,integrantes de la fuerza pública y poderes políticos a nivel local.

Los avances en la implementación de los Acuerdos de Paz suscritos entre el gobierno y las Farc-Ep, así como el inicio de la fase pública de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, son señales inequívocas de que la solución política y negociada del conflicto armado en Colombia no tiene reversa.

Son notorias en este sentido la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad prevista en el Acuerdo de Paz, así como los avances en implementación legislativa en lo concerniente a Amnistías e indultos y tratamientos especiales para agentes de la fuerza pública, vocerías transitorias, reincorporación política de las Farc, incorporación de componentes sustanciales del Acuerdo de Paz a la Constitución y la aprobación en Senado y Cámara del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.

Esta voluntad expresada por el Estado y por la guerrilla en los escenarios de la paz, sigue enfrentando desafíos muy grandes por las modificaciones incorporadas durante el trámite legislativo, que limitan los derechos de las víctimas y crean nuevos escenarios de impunidad y ocultamiento de la verdad sobre la responsabilidad de agentes estatales y terceros que han contribuido al funcionamiento del paramilitarismo y sus crímenes.

Pero quizás el desafío más grande subsiste en los territorios donde defensoras y defensores, líderes sociales y comunitarios ejercen su labor legal y legítima de defender los recursos naturales, el territorio, o promover la paz, enfrentando actores armados que mantienen sus vínculos con poderes mafiosos,integrantes de la fuerza pública y poderes políticos a nivel local. En algunas zonas con presencia militar y policial, resulta inexplicable el poderío de estos grupos a menos que subsista la alianza que hace que en poco o nada se diferencien de las estructuras paramilitares previas al proceso de desmovilización del año 2003.

Es inadmisible que el gobierno colombiano a través del Ministerio de Defensa siga negando la existencia del paramilitarismo, también denominado organizaciones herederas de los grupos paramilitares o neoparamilitares, a pesar de que en el Acuerdo de Paz se establecen leyes y políticas para su desmantelamiento, y cuando es indudable que los ataques contra defensoras y defensores se sustentan en doctrinas contrainsurgentes que se hacen explícitas tanto en los perfiles de quienes señalan como “objetivo militar”, como en el lenguaje mismo de sus amenazas.

Prueba de lo anterior son los nueve asesinatos desde el 1 de febrero hasta el 16 de marzo -periodo que cubre el presente SOS- que se presentaron contra defensoras y defensores de derechos humanos, la mayoría de quienes eran presidentes o integrantes de Juntas de Acción Comunal de barrios o veredas, labor que combinaban con su participación en organizaciones sociales o políticas como Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos o el Partido Comunista.

Por otra parte, es evidente la persecución contra el movimiento social y político Marcha Patriótica que sigue siendo la organización con el mayor número de homicidios, atentados y amenazas en su contra. Cinco de sus integrantes fueron asesinados en el periodo señalado, cuando también se registra un homicidio contra una integrante del Congreso de los Pueblos, cuya familia es además sobreviviente de la Unión Patriótica, y dos integrantes del sindicato Sintragrim y el Partido Comunista.

Son de especial preocupación las denuncias sobre desaparición forzada que se registran en el periodo, contra cuatro integrantes del pueblo indígena EmberaChamí, uno de ellos menor de edad y de un campesino de la asociación Aheramigua. También la desaparición, sin haber establecido sus móviles, de un integrante del pueblo Wounamnonam y de un campesino en Tame, Arauca.

En relación con los atentados, cuatro defensores y una defensora derechos humanos fueron víctimas en el último mes y medio, y un joven fue herido por un grupo armado sin identificar que llegó preguntando por líderes sociales a una vereda de Briceño en Antioquia.

En los casos de amenazas que se presentaron durante el periodo, son comunes los panfletos dirigidos por correo electrónico, o depositados bajo la puerta de las víctimas con enunciados como “SENTENCIA DE MUERTE A GUERRILLEROS”, “¡Muerte a los comunistas!” “periodistas castro chavistas” ó “periodistas afines al terrorismo” “guerrillero de mierda” (sic), entre otros,suscritos por grupos que se autodenominan “Águilas Negras” dirigidos principalmente contra Marcha Patriótica, procesos organizativos regionales y periodistas locales. También se presentaron amenazas directas por vía telefónica o mensajes de texto contra líderes de restitución de tierras,que trabajan en zonas de influencia de estos grupos.También persisten los hostigamientos y seguimientos de los que fueron objeto 24 defensoras y defensores de que durante el último mes y medio.

Es notoria y de mucha gravedad la presencia paramilitar en comunidades de Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica, en el Chocó, donde se presenta un claro copamiento del territorio en varios puntos del litoral pacífico. Las comunidades imploran por el cese bilateral de hostilidades entre organizaciones herederas del paramilitarismo y la guerrilla ELN, que ya han causado el desplazamiento de cientos de pobladoras y pobladores. También continúa el asedio permanente del paramilitarismo en San José de Apartadó, Urabá, donde incluso han llegado a amenazar con el cobro de vacunas a la comunidad, y en Guamoco en el Sur de Bolívar, donde también denuncian las organizaciones y comunidades la omisión de la Fuerza Pública frente a estos actores armados.

De otro lado, los abusos de la Fuerza Pública se siguen expresando como una modalidad de ataques contra defensoras y defensores, protagonizados por el ESMAD y ejercidos principalmente contra quienes se oponen a megaproyectos de desarrollo o defienden sus derechos laborales. También se continúan las prácticas de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, a pesar de que ya está en marcha el programa de sustitución que se desprende del Acuerdo de Paz. El abuso de la fuerza pública también se extiende a las y los prisioneros políticos quienes denuncian las lesiones personales por parte de la guardia, y la negación del servicio médico como práctica de tortura, muy recurrente al interior de las cárceles.

Todos estos hechos dejan ver la urgencia de implementar los mecanismos del Acuerdo de Paz que establecen garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en el país. La prohibición constitucional del paramilitarismo es una necesidad urgente, junto con la acción eficaz de las autoridades para desmanetelar estas estructuras, y de la justicia para identificar a los máximos responsables detrás de estos hechos. Las capturas anunciadas recientemente por la Fiscalía General de la Nación en relación con los homicidios contra defensores y defensoras cometidos en el año 2016, son un avance que se ve obstaculizado por la ausencia de una estrategia investigativa que profundice acerca de las causas de las agresiones y logre avanzar más allá de la identificación de los autores materiales de los crímenes.

No se trata de plantearle al país una discusión retórica sobre la sistematicidad, sino de detener de una vez por todas este ataque generalizado que sigue en marcha y sigue cobrando vidas de quienes defienden los derechos humanos y promueven la paz.

Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", Cajar
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Fcspp
Corporación Jurídica Yira Castro
Corporación Jurídica Libertad
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, GIDH

Bogotá, Colombia 21 de marzo de 2017