Bogotá, 12 de noviembre de 2020. Este jueves 12 de noviembre de 2020, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad -SRVR- de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- escuchará en diligencia de versión voluntaria al Brigadier General (r) Adolfo León Hernández Martínez, quien entre diciembre de 2007 y junio de 2009 fue el comandante del Batallón de Artillería número 2 ‘La Popa’, con sede en Valledupar, una de las unidades militares con más ejecuciones extrajudiciales en modalidad de “falsos positivos”. Es la primera vez que el alto mando militar es llamado por una autoridad judicial a rendir declaración por estos hechos. 

La versión de Hernández Martínez se recibirá dentro del Caso 003 de la JEP “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” de forma virtual atendiendo a las disposiciones de la JEP, y contará con la participación de ocho víctimas - quienes podrán formular preguntas a través de sus abogados representantes, -integrantes de las organizaciones que suscribimos este comunicado-.  Esta versión hace parte del proceso de acopio de información iniciado por la Sala de Reconocimiento, y será contrastada posteriormente con las versiones rendidas por otros militares, los informes entregados por la Fiscalía, la Procuraduría y por las organizaciones de víctimas y de derechos humanos.  

En el marco de ese proceso, el 7 de marzo de 2019 organizaciones de derechos humanos como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP-, la Comisión Colombiana de JurIstas –CCJ-, y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –Cajar- presentamos a  la JEP el informe ¿Qué futuro nos espera?, sobre 23 casos que agrupan a 39 víctimas de ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de “falsos positivos”. Estos crímenes fueron cometidos presuntamente por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, bajo la comandancia del entonces Teniente Coronel Adolfo León Hernández Martínez.

De las 39 personas, no se logró establecer la identidad de 13, al menos 10 pertenecían a un sector económico vulnerable y 5 eran menores de edad. 16 de los casos presentan falsificación en alguno de los documentos de control operacional. Los homicidios ocurrieron principalmente en el departamento de Cesar, en Valledupar, Pueblo Bello, San Diego, Copey, Codazzi y Bosconia, y algunas víctimas fueron trasladadas de departamentos cercanos como Magdalena y Atlántico. 

El informe también documenta la participación en estos hechos ilegales de las seis compañías que conformaban el Batallón, por lo que el señor Hernández Martínez conocía o debía conocer sobre la ocurrencia de esta práctica al interior de la unidad sobre la que ejerció control y mando.  

Se destaca que al menos media docena de comparecientes que formaron parte del Batallón ya se han referido a la presunta responsabilidad del alto oficial. Por lo anterior, se espera de su comparecencia un real aporte a la verdad que permita establecer las características del fenómeno, y las responsabilidades en niveles superiores de la cadena de mando.

En los últimos años el Brigadier General Hernández Martínez estuvo al mando de importantes unidades hasta su reciente retiro este año, por escándalos que lo vinculan con el testaferro de narcotraficantes "Ñeñe" Hernández. Al momento de entregarse el informe de las organizaciones, se encontraba al mando del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, dependencia encargada de hacer modificaciones sustanciales al Ejército Nacional. Posteriormente, ejerció como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta “Hércules” creada en 2018 para hacer frente a la violencia en el Pacífico colombiano. Es decir que durante años mantuvo un alto perfil al interior de la institución castrense, a pesar de los cuestionamientos que recaen en su contra dentro de los que se incluyen la mención en los informes de la organización internacional Human Rights Watch de 2016 y 2019.

Como organizaciones defensoras de derechos humanos y en representación de las víctimas, hacemos un llamado a la JEP, como mecanismo idóneo para la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, a hacer prevalecer el principio de centralidad de las víctimas y exigir al alto mando militar una real contribución con el esclarecimiento de los hechos en cumplimiento cabal de régimen de condicionalidad previsto por este órgano.

Exigimos que el BG Hernández Martínez diga quién dio la orden.