Conclusiones Preliminares de la Misión Internacional de Verificación 

Hace un año, se vivió en Colombia un momento histórico. El Congreso de la República avalaba el Acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC poniendo punto final a más de 4 años de negociaciones. Este Acuerdo despertó muchas expectativas en toda la ciudadanía, incluidas las comunidades campesinas y étnico-territoriales. En estos meses se culminó el proceso de dejación de armas con el cual las FARC han cumplido uno de sus principales compromisos. "Es un gran logro; poner un punto final a la confrontación armada entre las fuerzas militares y la guerrilla de las FARC ha significado un gran alivio en las zonas donde esta confrontación era aguda" puntualiza Xavier Masllorens, Presidente del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP).

Sin embargo, el tiempo pasa y la paz aún no ha llegado a los territorios. En las zonas de donde salieron las FARC otros actores armados están entrando: los grupos sucesores de paramilitarismo, la guerrilla del ELN y el crimen organizado. "Es incomprensible que el Estado Colombiano no haya mostrado la voluntad de ocupar las zonas que han dejado las FARC; de esa forma ha abandonado a las comunidades" asegura Pedro Arrojo, Diputado del Estado Español. Hoy en día, las comunidades con las cuales nos hemos encontrado constatan una situación de alto riesgo debido a la presencia de dichos grupos y su afán en asegurar un control territorial. Se evidencia la necesidad de presencia y acción de las autoridades, sobre todo civiles. Las comunidades dan fe de las amenazas que reciben personas defensoras de los Derechos Humanos, líderes y lideresas, cuyos ataques y asesinatos han aumentado, el intento de cooptación e infiltración de las comunidades, el reclutamiento forzoso, la presencia de minas antipersonales, la persistencia de la violencia sexual. Una lideresa comentaba "no es que tenga miedo, vivo con miedo". El miedo ha sido una constante en las diferentes reuniones sostenidas con las comunidades y excombatientes. Las mujeres en particular comentaron a la misión el empeoramiento de la situación. "Muchas de las mujeres nos dieron sus testimonios, nos transmitieron su temor, su sensación de impotencia pero también sus fuerzas y su apuesta por la paz fortaleciendo sus estructuras organizativas", comenta Carmen Magallón presidenta de la Liga de Mujeres por la Paz y la Libertad - España. Asimismo las mujeres que viven a diario esta situación insisten en la necesidad de programas de atención y acompañamiento psicosocial así como la implementación urgente del Acuerdo en su enfoque de género.

La misión ha podido evidenciar la falta de avances en cuanto al desmantelamiento de las estructuras armadas sucesoras del paramilitarismo. Hay autoridades locales que desconocen instituciones creadas por el Acuerdo como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Esta Comisión no ha presentado aún al país un plan de trabajo sobre las políticas públicas para el desmantelamiento de estas estructuras ilegales. Sigue existiendo por parte de las comunidades una gran desconfianza en la policía y las fuerzas militares al nivel local; desde la Misión se recogieron numerosos testimonios que hablan de la connivencia entre la fuerza pública y los grupos sucesores del paramilitarismo.

En los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que han sido construidos y se han mantenido por el esfuerzo de excombatientes, se ha valorado positivamente la labor del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y el cambio de actitud de algunos integrantes de la Fuerza Pública. Sin embargo, persisten la incertidumbre y la inseguridad jurídica y económica debido a la falta de implementación del

Acuerdo, lo que dificulta la reincorporación colectiva por la que las FARC apuestan. Pese a todo, la misión ha constatado que su compromiso con la paz sigue intacto.

La misión está muy preocupada por la situación estancada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). "La justicia y la seguridad jurídica es fundamental para la estabilidad del proceso de paz. La incertidumbre y la impunidad sólo pueden conllevar la repetición de los hechos" afirma Garbiñe Biurrun, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Por ello, la misión hace un llamado expreso al Congreso de la República para que dé un paso adelante en su compromiso con la paz y busque la forma de adoptar urgentemente la legislación que debe permitir a la JEP funcionar.

A pesar de que las estadísticas nacionales reportan una disminución de la violencia derivada del conflicto armado, la misión internacional de verificación hace un llamado, en particular al Estado Colombiano, para que apriete el acelerador y cumpla con sus compromisos. De no ser así tememos por la estabilidad del proceso. Igualmente es fundamental que se implementen mecanismos para hacer realidad la construcción de paz desde los territorios y para garantizar la participación política. Y que existan programas de pedagogía para la paz que, hasta la fecha, no se han implementado o no han llegado a los territorios visitados; lo cual hace que no se conozca el Acuerdos, ni se avance en una transformación efectiva que lleve a una paz duradera y estable. La paz no puede ser centralizada, la paz solo será sentida si llega a los territorios. Asimismo es necesario que haya una visión a largo plazo y que, además del desarrollo normativo necesario, se implementen programas para brindar oportunidades económicas y sociales reales y efectivas a toda la ciudadanía - comunidades, habitantes de las ciudades, excombatientes…-. La falta de justicia social es el mayor obstáculo para la paz.

Contexto de la misión:

La Fundación Mundubat junto a Brigadas Internacionales de Paz y la Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO), red europea de la que las dos primeras organizaciones forman parte, organizaron una misión de verificación entre el 28 de octubre y 4 de noviembre para comprobar in situ, con un énfasis especifico en género, los avances y dificultades que experimenta la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. La misión visitó Bogotá, Tumaco, Buenaventura, Quibdó, las comunidades del Urabá y también los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación La Elvira – Cauca y La Variante- Nariño. En cada zona se desarrollaron reuniones con autoridades colombianas, organizaciones de la sociedad civil y excombatientes.

La misión internacional estuvo compuesta por 10 integrantes: Pedro Arrojo (Diputado del Estado Español), Garbiñe Biurrun (Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco), Xavier Masllorens (Presidente del Instituto Catalán International para la Paz), Carmen Magallon (Presidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – España), Anna Balaguer, Arantza Larizgoitia y Beatriz Gil (Fundación Mundubat), Ruben Mantecón y Francesca Nugnes (Brigadas Internacionales de Paz) y Vincent Vallies (experto internacional sobre Colombia, derechos humanos y construcción de paz).

En los próximos meses se publicará un informe con los hallazgos y recomendaciones específicas en cuanto a la implementación del acuerdo con enfoque de género, y en particular sobre los puntos 2, 3 y 5 del acuerdo final.