Las ong denunciaron una represión estatal ¨sin precedentes¨ en la historia que se ha caracterizado por la estigmatización de sus líderes, el uso desproporcionado de la fuerza y políticas que buscan asfixiar el derecho a la protesta. De acuerdo con estas, durante el paro minero, el agrario, las marchas en el catatumbo y de las comunidades indígenas fueron asesinados 15 personas, más de 800 resultaron heridos y cerca de 3.000 terminaron en la cárcel.

Durante su intervención, presentaron un video en el que se registran agresiones de miembros de la policía durante las manifestaciones.

¨nosotros lo que pedimos al gobierno es que respete la protesta social y acoja las recomendaciones que han hecho organismos internacionales como la onu¨, dijo franklin Castañeda, del comité para la solidaridad de los presos políticos. Estas mismas organizaciones presentaron hoy una carta al departamento de estado y ante el senador richard leahy en la que señalan la situación y le piden que suspenda la ayuda estadounidense que se le otorga a la policía.

en particular buscan que se prive de recursos a las unidades de la fuerza pública que participaron en estos hechos violentos. El estado, por su parte, respondió con otro video en el que se ve a los manifestantes tirando piedras y otros artefactos explosivos.

¨nosotros respetamos la protesta pacífica. pero en ciertos casos fue necesario el uso de la fuerza para contener a los terroristas que se infiltran entre los manifestantes. tiraron tatucos, papas bomba y hasta materia fecal. no se trató solo de campesinos sino de personas que causaron una violencia extrema¨, dijo el Vice ministro de Defensa; Jorge Enrique Bedoya. según el vice ministro, más de 450 miembros de la fuerza pública resultaron heridos durante estas mismas manifestaciones.

bedoya aclaró que el estado rechaza cualquier uso excesivo de la fuerza y que se castigará a quienes hayan incurrido en ellos.

Elka venegas, en representación de la fiscalía, dijo que se estaba trabajando en 89 denuncias contra personal del Esmad (escuadrón móvil antidisturbios de la policía). Así mismo, recalcó que hay otras 20 denuncias en curso por penetración de grupos irregulares en las marchas y presiones contra campesinos para obligarlos a movilizarse.

¨en nuestro país la protesta social es esencial para la democracia, sagrada, la respetamos y la vamos a defender. la tarea es que esa protesta sea sin violencia y hay que trabajar para evitar que organizaciones alzadas en armas penetren esos espacios de protesta social¨, afirmó el embajador colombiano ante la OEA, Andrés González. José de Jesús Orozco, uno de los comisionados de la CIDH que asistió a la audiencia, se declaró muy preocupado por la situación y pidió investigar posible uso desproporcionado de la fuerza pública. Así mismo, lanzó una fuerte crítica al gobierno al decir que no se puede condenar o estigmatizar una protesta aludiendo a que hay terroristas ¨sin que un órgano judicial lo haya determinado¨.