El día de hoy 22 de julio, víctimas de ejecuciones extrajudiciales de sus familiares y organizaciones que las acompañan aglutinadas en la Mesa de la Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales entregamos las bases de datos y los informes sobre 6.942 víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por miembros de los fuerzas militares y de seguridad del Estado entre los años 1990 y el año 2015. La inmensa mayoría de estos casos no han sido esclarecidos, juzgados ni sancionados pues no ha existido voluntad para que sean debidamente investigados, sus máximos responsables no han sido llevados ante la justicia y la mayor parte de sus víctimas siguen sin ser reparadas. La entrega de estos casos a la Comisión de la Verdad constituye para las víctimas una esperanza de acercar los reclamos de verdad, memoria y justicia sobre una de las más atroces prácticas genocidas del terrorismo de Estado en Colombia.

De estos 9999 casos, perpetrados a lo largo de 25 años, la mayor parte de los mismos, 5763 fueron cometidos entre los años 2000 y 2010, y se masificaron entre los años 2002 y 2008 como parte de una política orientada desde el más alto nivel en que se presiono y se dieron estímulos a las muertes de civiles presentadas fraudulentamente como bajas en combate, para publicitar los supuestos logros de la denominada política de seguridad democrática. Por esta razón, desde la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, ante la llegada masiva de denuncias de que cientos de campesinos, indígenas, líderes sociales y pobladores civiles de regiones afectadas por operaciones militares estaban siendo fraudulentamente presentado como “positivos” de la estrategia de guerra, decidieron conformar la Mesa de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales en el año 2004 y comenzar a documentar los cientos de casos de “falsos positivos” que se presentaban ante los medios como éxitos de la seguridad democrática. De este modo, con el aporte de las víctimas y las organizaciones que las han acompañado en sus reclamos se conformó una primera base de datos que incluye los registros de 5763 víctimas entre años 2000-2010, de las cuales se documentó que 5326 personas fueron víctimas de esta modalidad de crimen de Estado durante la Administración de Álvaro Uribe, lo que implicó que a lo largo de los dos periodos de dicho Gobierno, cerca de dos personas cada día fueron víctimas de homicidios por responsabilidad de la Fuerza Pública.

Al decretar la admisibilidad de 37 casos acumulados de estas ejecuciones, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo hizo con base en que “las presuntas víctimas fueron ejecutadas por miembros del ejército, que habrían alterado la escena del crimen y cambiado sus vestimentas, para poder reportarlas como miembros de grupos guerrilleros que habrían sido dados de baja en combate, supuestamente con el objetivo de reclamar incentivos económicos y profesionales, y responder a la presión de presentar resultados positivos en su lucha contra los grupos subversivos impuesta por el gobierno”[1].

Los antecedentes mediatos de esta práctica se habían presentado en el Departamento de Antioquia entre los años 1995-1997 cuando se desempeño como gobernador el antes mencionado, y cuando se desempeñaron como mandos de la brigadas militares asentadas en dicho departamento (IV, XIV y XVII Brigadas) los oficiales que luego el mismo llamaría a ocupar los más altos cargos en las fuerzas militares cuando dicha práctica se expandió por todo el territorio nacional.

Ante la Comisión de la Verdad, víctimas y organizaciones que las acompañan y representan judicialmente, entregamos el día de hoy dos bases de datos y 12 informes de análisis y contexto sobre los registros contenidos en estas bases de datos, algunos de cuales ya  habían sido publicados y otros han sido entregados ante distintos órganos internacionales de protección de los derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o Misiones Internacionales de Expertos sobre los tema de la Impunidad y las Ejecuciones Extrajudiciales. Una primera base documenta 6912 víctimas que fueron ejecutadas entre los años 1990 y 2015, y en los cuales se documentó que estos hechos se perpetraron en los 32 departamentos, en 706 municipios del país. Una segunda base, mucho más detalladas y con mayor número de variables documentó los casos perpetrados entre los años 2000-2010 con 5765 casos en los 32 departamentos del país, en aproximadamente 622 municipios. Aquí se incluyen los 5326 caso de personas que fueron víctimas de esta modalidad de crimen de Estado bajo la estrategia de seguridad democrática. De este último periodo, en los casos donde pudimos identificar a los comandantes de unidad, se logró documentar una lista de los 117 comandantes de brigadas y 184 comandantes de batallones o brigadas móviles, cuyas unidades fueron identificadas directamente en la comisión de una o más ejecuciones extrajudiciales.

Las bases de datos entregadas hoy a la Comisión de la Verdad se entregan con compromiso de reserva y para uso de la CEV, en virtud de compromisos asumidos con la seguridad de la víctimas y a la espera de que se superen los niveles de impunidad y de riesgo que han rodeado las actividades de denuncia de las víctimas en muchas regiones.

En muchos casos, las víctimas eran familiares, testigos o personas que denunciaban, y también fueron en muchas ocasiones víctimas de estrategias de estigmatización y descrédito, desde “esos muchachos no estaban recogiendo café” hasta recientes justificaciones de bombardeos de niños víctimas de reclutamiento en la que se sentenció que “Si hay unos niños en el campamento de un terrorista, ¿qué supone uno?”.

Estas bases de datos han sido construidas a lo largo de 16 años, principalmente recogiendo los testimonios y entrevistas a las víctimas y familiares de los afectados por estos crímenes, complementados con información aportadas por las organizaciones que llevan la representación jurídica, el acompañamiento psico-social o la asesoría técnico-forense que hacen parte de las 23 organizaciones que integran la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales. Se ha completado con información aportada en anteriores momentos por la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal y la Procuraduría General de la Nación. Cientos de casos no aparecen registrados en la Base de Datos por haberse estado tramitando sus casos en las dependencias de la Justicia Penal Militar, la cual de manera sistemática ha impedido y negado el acceso a la información sobre estos casos, práctica que continúa, al negarse a trasladar la información y presentar los casos que tramita por estos hechos ante las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Garantías de No Repetición. Por esta razón, los casos documentados en estas bases constituyen solo un subregistro de esta práctica criminal, mucho más si se tiene en cuenta que, desde un inicio, por un exceso de prudencia que hoy lamentamos, no fueron incluidos en la base los miles de casos de personas asesinadas como NN muertos en combate, pues luego sus familiares pudieron constatar no solo su identidad sino también la falacia de las circunstancias en que se  presentó su muerte. La base de datos contiene los nombres de todas y cada una de las personas que pudieron ser identificadas, así como la fecha y lugar de los hechos, la actividad, género y edad de la víctima, así como datos de la unidad militar o policial o policía involucrada.

Por esta razón, las víctimas y las organizaciones que las apoderan se han visto obligadas a llevar sus casos ante instancias internacionales. Ante la inacción de las autoridades locales, los reconocimientos de los niveles de impunidad y de la magnitud sistemática de estos crímenes han provenido precisamente de estas instancias, y por ello, hemos aportado en esta ocasión algunos de los informes de estas entidades, con la esperanza de que los reportes de esclarecimiento y reconocimiento de la magnitud del fenómeno y de la impunidad que lo acompaña vayan mucho más allá de estos en las actividades, informes y recomendaciones para la reiteración de estas prácticas criminales que vaya a realizar la Comisión de la Verdad.

Aunque las bases de datos solo entregan datos hasta el año 2015, los casos han continuado cometiéndose y han resurgido con fuerza bajo el nuevo gobierno, y especialmente bajo las orientaciones de la nueva cúpula militar. Las directivas reveladas por diario The New York Time denunciaron la existencia de directivas secretas que favorecían la comisión de nuevos casos de casos de ejecuciones extrajudiciales, mediante órdenes que reducían los porcentajes de confiabilidad de la información para llevar operaciones militares así como la existencia de planillas en que se presionaba a los mandos para incrementar o duplicar los resultados operacionales incluidos los reportes de bajas. A pesar de que debido al escándalo el Ministro de Defensa anunció la derogación de la directiva, los casos de muertes de civiles en operaciones militares se han incrementado, sobre todo en el contexto de la pandemia, y en medio de la arremetida desatada para imponer la erradicación forzada mientras se excluye a miles de familias de sus demandas de sustitución concertada.

La reducción de los estándares de certeza para la comisión de bajas en operaciones militares se ha evidenciado en operaciones en las cuales se dio muerte al menos 8 niños en zona rural de San Vicente del Cagúan, en bombardeo comandado por el actual comandante del Ejército General Zapateiro. Los medios constataron que algunos de los menores sobrevivientes fueron luego con perros y drones para ser rematados en tierra.

Por estas razones, y en virtud de las funciones relacionadas con la proposición de medidas de no repetición, se espera que la Comisión de la Verdad pueda dar cuenta de cuáles son los factores que explican la continuidad de esta práctica, la persistencia de la impunidad y las resistencias en las entidades armadas del Estado para emprender las transformaciones a su estructura, su doctrina, y las deficiencias de selección de sus integrantes y fallas de conducción y del ambiente institucional que permitan explicar la continuidad y retorno en crecimiento de esta práctica y de otras graves vulneraciones a los derechos humanos que han sido expuestas a la luz recientemente.

Por ello, las víctimas, familiares directos y las organizaciones acompañantes tienen también, al entregar estas bases de datos y los informes construidos en los últimos 16 años sobre este tema la expectativa de que la Comisión de la Verdad pueda hacer uso de estos y otros informes para avanzar en el esclarecimiento de los siguientes asuntos.

EXPECTATIVAS

1.Esperamos que la Comisión de la Verdad pueda dar a conocer la naturaleza, dimensión, magnitudes de la afectación de amplios sectores de la sociedad colombiana que fueron víctimas de las prácticas genocidas de ejecuciones extrajudiciales por aparatos armados estatales, tanto en su modalidad de asesinatos presentados fraudulentamente como bajas en combate, como los cientos de casos presentados por uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, represión a la protesta social, muertes de personas bajo custodia o detención, y otras modalidades de muerte por acción de agentes estatales.

2. Que se esclarezcan las motivaciones detrás de estos miles de asesinatos practicados por el terrorismo de estado, y especial que se den a conocer los elementos de la doctrina, manuales de formación, entrenamiento, de inteligencia y operaciones contrainsurgentes que propiciaron la masificación de este tipo de crímenes contra sectores de la población a los cuales se dio tratamiento de “enemigo” interno, y por lo tanto se les hizo objetivos de prácticas represivas, detenciones masivas, asesinatos, control mediante el terror paramilitar, despojo de sus tierras, bienes, y desplazamiento forzado, señalando las responsabilidades institucionales y de los poderes económicos, políticos y militares que diseñaron, instrumentalizaron, perpetraron, encubrieron, omitieron su obligación de investigar y sancionar y también quienes se beneficiaron de esta prácticas de eliminación sistemática de personas y de las dinámicas de reorganización social genocida en amplias zonas del país.

Aunque las autoridades estatales dicen que las doctrinas que propiciaron estos crímenes ya han sido derogadas y sustituidas por nuevas doctrinas, la sociedad colombiana sigue sin conocer cuales fueron estos instrumentos, y a su publicidad y difusión podría cumplir un valioso papel la Comisión de la Verdad, en el propósito de que al traerlos a la conciencia pública, permitan crear consensos sobre doctrinas, ideologías y conceptos que habría que condenar para impedir el retorno de estas atrocidades, sobre todo si es verdad que como se dice, ya no se encuentran vigentes o han sido derogados. Entre estas labores la CEV debería poder avanzar en develar la incidencia que ha tenido el mal llamado “derecho operacional” y la existencia de directivas y manuales que continúan vigentes de manera reservada, en la perpetración y reiteración de nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, mediante interpretaciones desviadas del derecho internacional humanitaria que otorgan amplias facultades para producir bajas en operaciones militares, aun sin la certeza completa de tratarse de personas que tienen la obligación de ser protegidas.

3. Esperamos que la Comisión de Verdad pueda establecer las causas y razones por las cuales la gran mayoría de estos hechos han permanecido en la impunidad y solo en unos pocos han sido condenados algunos responsables, pero no los de mayor responsabilidad por estas prácticas sistemáticas. La Comisión podría señalar cuales son los factores de impunidad y estrategias de encubrimiento de casos de falsos positivos que desde distintas entidades y autoridades estatales se han implementado para que estos casos y sus responsables permanezcan en la impunidad.

La Comisión podría señalar de qué manera estos factores de impunidad y estrategias de encubrimiento  han posibilitado que a la fecha ningún general haya sido condenado por al menos uno de los miles de casos de falsos positivos, como tampoco ningún comandante de ninguna división, de cúpula militar o de las altas autoridades civiles en el Ministerio de Defensa o en la Presidencia de la República bajo la cual se expidió e implementó la política de incentivos y presiones que resultaron en miles de muertes fraudulentas de civiles para darle credibilidad a los éxitos de una política criminal y genocida.

Igualmente, la Comisión de la Verdad debería aportar elementos para explicarle a la sociedad colombiana y a las víctimas por qué razón la mayor parte de altos mandos implicados en estos crímenes no han sido llamados ante la justicia ni han comparecido ante la justicia transicional, como lo constata el hecho de que de los 29 altos mandos (23 generales y 6 coroneles) señalados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de comandar las unidades militares donde se presentaron el mayor número de estos asesinatos, solo 6 de ellos se han presentado para rendir cuentas ante la JEP. Dado que la rendición de cuentas y la superación de la impunidad constituyen uno de los principales factores para la no repetición de los crímenes atroces, la Comisión de la Verdad podría también reforzar los llamados recientes hechos por la JEP para que la justicia ordinaria reanude el impulso de las investigaciones por estos crímenes, que en virtud de una interpretación incompatible con lo acordado en la Habana, ha paralizado las actuaciones procesales y las investigaciones a los implicados en estos hechos, de modo que se adelanten de manera acelerada hasta la preparación de la etapa del juicio.

4. Esperamos que la Comisión de Verdad fije una postura clara sobre la continuidad de la práctica de ejecuciones extrajudiciales por agentes de la Fuerza Pública luego de la firma del proceso de paz con las FARC y especialmente el incremento de casos en el nuevo gobierno. Decenas de líderes sociales siguen siendo asesinados por balas oficiales, tanto en acciones de represión a la protesta social como en medio de la arremetida por la erradicación violenta de cultivos de coca en medio del incumplimiento de los planes de sustitución. Dentro de su mandato de señalar medidas para lo repetición de los crímenes del pasado, la Comisión podría tener un papel importante en señalar medidas y acciones para detener la perpetración de estos crímenes

[1] OEA. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015, 22 de julio). Caso Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago y Otros vs. Colombia. Informe de Admisibilidad. Documento OEA/Serv. L/V/II.155/Doc.13. Se afirma en el mismo documento que “algunas de las presuntas víctimas fueron objeto de tortura antes de ser ejecutadas”