El comité de solidaridad con los presos políticos  denuncia ante la comunidad nacional e internacional las nuevas amenazas de las que ha sido objeto, al igual que miembros de organizaciones sociales y sindicales. Estas se han venido presentando de manera constante y reiterada,  señalando y estigmatizando la labor de los defensores de los derechos humanos, de las organizaciones sindicales y en general del movimiento social. Las amenazas, actuales y pasadas, se han denunciado ante las autoridades competentes sin que hasta el momento se hallen los responsables de las mismas.

HECHOS:

El día 17 de Julio   del año en curso, siendo aproximadamente las 2: 15 de la tarde  llega  al celular del coordinador del comité de solidaridad con los presos políticos seccional valle del cauca,  WALTER AGREDO MUÑOZ, un mensaje de texto en el que lo amenazan junto con otros integrantes del movimiento social, sindical sindicales y derechos humanos de la región, esta amenaza proviene del abonado número 312 381 55 52.

En el texto enviado por el grupo paramilitar, se amenaza también a las siguientes personas: Walter Agredo, Hernán Arciniegas, Yelby Ramírez, Diego Escobar, Otoniel Ramírez,  Enrique Guetio, Meraldino Cabiche, Francia Márquez, Adelina Vázquez, Licifreddi Ararat, y otras personas de la organización indígena ACIN, de igual forma amenazan a la central unitaria de trabajadores CUT, al congreso de los pueblos, la marcha patriótica, ASONAL judicial, SINTRAMUNICIPIO Yumbo, SINALTRAINAL, SINALTRACAMPO, SUTIMAC, ACIN Serro tijeras.

Señalamos que la nueva amenaza se constituye en el reiterado ataque al movimiento social, sindical y  defensores de derechos humanos de la región que le apuestan a la paz con justicia social, trabajan por el respeto y garantía de los derechos laborales, políticos y de las víctimas de crímenes de Estado en el Valle del Cauca.

En la amenaza señalan que esta nueva acción obedece a una estrategia  nacional, de amedrantar a través de las amenazas, pero también de asesinar a los líderes del movimiento social en Colombia y de generar acciones intimidatorias en diferentes regiones del país, reiteran que se tienen ubicadas a las personas y organizaciones y que la orden es asesinarlos.

Recordemos que entre Enero y Marzo del 2017 del programa Somos Defensores, 193 defensores de derechos humanos, líderes sociales y sindicales, fueron víctimas de algún tipo de agresión que ponen en riesgo sus vidas y se constituyen en verdaderos obstáculo para legítima y legal labor de defensa los derechos humanos.

De los 193  hechos registrados, 136   han sido amenazas, 20 han sido asesinatos, 19 atentados, 13 detenciones arbitrarias y 5 casos de uso arbitrario del sistema penal.

En el mensaje amenazante se expresa lo siguiente:

“los tenemos ubicados por todo el país hemos ordenado a nuestras fuerzas para darles de baja a todos estos hp diego escobar que ha salido del país recibiendo orientación de sus comandantes guerrilleros disque para buscar la paz ese cuento no lo cree nadie sapo h

Nuestra estructuras de inteligencia han interceptado mensajes de guerrilleros de las farc y eln camuflados de líderes sindicales y sociales en los que imparten su pensamiento castro chavista confunden a trabajadores y comunidades con frases comunistas

Walther agredo de derechos humanos con las ratas presas,  yelbi ramirez ahora disque loco Hernán Arciniegas derechos humanos CUT Otoniel Ramírez comandante Enrique gueto Meraldino Cabiche Francia Márquez y licifreddi del PCN Geovanny y Jorge de ACIN muerte a todos estos hpts

Cut valle, congreso de los pueblos, marcha patriótica, Asonal sintramunicipio yumbo sutimac, Acin cerro tiejeras

Colombia libre de guerrilla” 

Antecedentes:

El paramilitarismo en la región, al igual que en todo el país,  ha tenido como estrategia llamarse de diferentes maneras: águilas negras, rastrojos, la empresa, autodefensas unidas del valle, machos, urabeños, nuevos urabeños, entre otros. La reestructuración o reingeniería del paramilitarismo entonces les ha permitido copar distintos sectores de las grandes ciudades del país, el Valle del Cauca no fue ajeno a esta situación y estos se disputaron a sangre y fuego los barrios, las plazas de mercado, desatando una guerra por el control del tráfico de drogas, extorsionando y asesinando y haciéndose parte de la cotidianidad de nuestras vidas.

Para las organizaciones de derechos humanos de la región es preocupante esta situación, más aún cuando la presencia de los grupos paramilitares en la ciudad de Santiago de Cali, se fortalece y hacen de esta una de las ciudades más violentas del país. Es claro para nosotros la presencia de  las estructuras de los paramilitares en la ciudad,  los cuales se vienen  disputando el control del microtráfico de las drogas  en  los barrios, las extorsiones en las  plazas de mercado y otras actividades, que nos llevan a plantear que Santiago de Cali, como muchas otras ciudades del país, es controlada por el paramilitarismo.

Las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos en el Valle del Cauca en los años 90s advirtieron del avance del paramilitarismo en la región, cuando supuestamente se desmoviliza el bloque Calima y Pacífico de las AUC, estas mismas organizaciones advirtieron que tal desmovilización no era real y que estos aun hacían presencia en varias comunidades, las cuales vivían amedrantadas y temerosas por su presencia.

 

EXIGIMOS

Al Estado Colombiano, en cabeza del presidente de la República, JUAN MANUEL SANTOS CALDERON:

· Que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de las personas amenazadas y dar trámite ante las instancias que sea necesario para iniciar las investigaciones y que estas den resultados concretos sobre los responsables de dichas amenazas.

. Que el Estado Colombiano reconozca la continuidad del paramilitarismo en nuestro país, de igual forma, que lo enfrente de manera contundente con mecanismos que lleven al  desmonte real de sus estructuras y de sus financiadores.

· Que a los Defensores de Derechos Humanos amenazados se les respeten sus derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de Colombia primordialmente el derecho a la vida y las garantías para el ejercicio de la  defensa de los derechos humanos.

. Que en el marco de los diálogos adelantados por el Estado colombiano con la insurgencia colombiana se establezcan las garantías para el ejercicio real de la participación política, al igual que la defensa de los Derechos Humanos, este ejercicio como garantía de una  paz duradera.

A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Solicitamos mantener un escenario de interlocución con  el Estado  colombiano,  en el cual se le haga  seguimiento a la situación de riesgo en que se encuentra el movimiento social, sindical y de derechos humanos en Colombia ante las amenazas de los diferentes grupos paramilitares que existen en el país.

De igual forma a que le exijan al Estado Colombiano que muestre voluntad política para desmontar el paramilitarismo en Colombia como un requisito de la paz duradera.

 

A continuación las imágenes de las amenazas que llegaron via mensaje de texto:

 

 

 

FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS

 

Santiago de Cali, 17 de julio  de 2017