Foto: Colombia 20/20 El Espectador.

Las Plataformas de Derechos Humanos, junto con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, manifestamos públicamente nuestro rechazo ante uno de los más cuestionados nombramientos del gobierno, en cabeza del Presidente Iván Duque. En esta ocasión, se trata de la designación del General (R) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, como director del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas (PAO); además de reiterar nuestra inconformidad con este plan en tanto desconoce abiertamente los mandatos emanados del Acuerdo de Paz en materia de garantías.

A nuestro juicio, el Genera (R) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo no posee la idoneidad requerida para ocupar ningún cargo dentro de la institucionalidad, dado que algunas investigaciones lo vinculan con desviación de las mismas en casos de ejecuciones extrajudiciales y con crímenes de esta naturaleza cometidos durante su comandancia en la Brigada XVI del Ejército Nacional, así como con casos de corrupción al interior de dicha institución.

Barrero Gordillo se desempeñó como comandante de la XVI Brigada del Ejército Nacional con sede en Casanare, entre enero y diciembre del año 2005, lapso durante el cual se presentaron casos de ejecuciones extrajudiciales que dieron lugar a la apertura de investigaciones de, por lo menos, dos Unidades Tácticas a su cargo. Asimismo, se ha develado una presunta práctica generalizada y sistemática de violación a Derechos Humanos al interior de esa Brigada, situación que ha posicionado a Casanare como el departamento con mayor número de ejecuciones extrajudiciales en el país, superado únicamente por Antioquia.

En agosto de 2013 el mencionado General (R) fue designado como comandante de las Fuerzas Militares. Sin embargo, sólo permaneció en dicho cargo seis meses, debido a revelaciones realizadas por la Revista Semana que comprometían su ética. Este medio reveló en febrero de 2014 decenas de grabaciones ordenadas judicialmente y efectuadas por la Fiscalía General de la Nación, entre las cuales, se destacaban algunas conversaciones mantenidas entre el hoy nombrado director del PAO, General (R) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo y el Teniente Coronel Robinson González del Río -quien ha admitido su participación en por los menos 46 casos de ejecuciones extrajudiciales. En dichas conversaciones, Barrero Gordillo manifestó la necesidad de crear una mafia en contra de los fiscales que investigan casos de graves violaciones de derechos humanos.

El General (R) Barrero Gordillo, es una persona impedida ética y moralmente para ejercer el cargo encomendado, justo porque tiene que contribuir a proteger al liderazgo social y personas defensoras de DDHH, a quienes ha combatido y estigmatizado. Ya existen antecedentes al respecto que lo vician para actuar transparentemente, pues el movimiento popular Marcha Patriótica lo acusó públicamente en 2013 por señalar a los campesinos de pertenecer a la guerrilla e impedir la captura de presuntos milicianos. Estas acusaciones demuestran que existe un sesgo de su parte, y que no posee una postura ecuánime ante el grupo poblacional al que ahora, desde la dirección del PAO, debe brindar garantías. No puede perderse de vista que, uno de los ejes principales de este Plan consiste justamente en promover campañas y estrategias para la no estigmatización, por lo tanto, es un contrasentido. A esto se agrega que en julio de 2018, cuando el General (R) se desempeñaba como integrante del comité coordinador de empalme del Presidente Iván Duque, dio declaraciones mostrando una posición a favor de la confrontación armada y en contra de la firma de los Acuerdos firmados en la Habana.

Valga la ocasión para reiterar que, las organizaciones firmantes no consideramos al PAO una herramienta idónea para detener el sistemático asesinato de personas defensoras de derechos humanos, pues lejos de lograr su objetivo de armonización institucional en materia de garantías, crea nuevos escenarios que desconocen los mandatos del Acuerdo de Paz y omiten por completo la participación de la sociedad civil, repitiendo fórmulas pasadas, como la reingeniería de la Unidad Nacional de Protección o la promoción de un tipo de campañas contra la estigmatización, que todavía hoy siguen sin dar resultado.

En consecuencia, reiteramos al Gobierno, reactivar y consolidar los mecanismos de interlocución ya existentes con la sociedad civil, en particular la Mesa Nacional de Garantías, la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular, y convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con su mandato tal y como fue pactado en los Acuerdos; escenarios creados justamente para atender de manera integral la problemática de ausencia de garantías para el ejercicio de la defensa de los DDHH por parte de las poblaciones más afectadas actualmente, entre ellos los líderes y lideresas campesinas, comunales, Defensores y defensoras de Derechos Humanos y
periodistas.

Insistimos en el criterio de que quien asuma la responsabilidad de velar por la vida e integridad de las personas que defienden derechos humanos, en cualquier escenario, además de su autoridad moral, debe demostrar reconocimiento de los potenciales beneficiarios, además de una marcada trayectoria en el conocimiento, promoción y respeto de los derechos humanos en Colombia, y la capacidad de trabajar en la creación de una política pública con un enfoque diferencial, territorial y de género. Estas calidades, como se ha demostrado, no las posee el General (R) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo.

Por tanto, las plataformas de Derechos humanos y sociales firmantes de esta comunicación, no vamos a interlocutar con el director del PAO, razón por la cual no asistiremos a la reunión que se tenía programada.

Lee el documento en PDF y conoce las organizaciones firmantes.