3 Agosto 2015 - 9:24pm

El fcspp alerta sobre grave situación de salud de tres detenidos de la cárcel de Valledupar

Denuncias / Cárceles / Presos políticos

El primer caso es sobre el interno José Gregorio Jiménez Hoyos, quien sufre de pólipos nasales (enfermedad que afecta el interior de la nariz y los senos paranasales, por el crecimiento de tumores benignos que obstruyen la respiración).

Desde hace dos años y hasta la fecha  el detenido  aún no ha recibido atención médica. Si esta situación no es atendida el detenido podría enfrentar fuertes dolores de cabeza, dificultar para respirar, pérdida de los sentidos del olfato y del gusto, así comorinorrea. Ante esto y al ver que no se cumple los acuerdos, José Gregorio Jiménez Hoyos decidió entrar en huelga.

De otro lado, el interno Jonathan Rodríguez Valencia denunció que hace 18 días no recibe atención médica por un acceso que le salió en la cara y que al tratar de extirparlo manualmente se complicó.Desde que ha dejado de recibir la droga ha venido padeciendo fuertes episodios de dolor y ardor. Por esta razón y dada la negligencia de CAMPRECOM, decidió entrar en huelga de hambre.

Finalmente, denunciaron que el detenido Víctor Hugo Correa Ortiz decidió entrar en huelga de hambre desde el 17 de julio pasado, cociéndose la boca. Esto, porque considera que han afectado el proceso judicial que lleva. Según informa el interno, desde hace varias semanas él interpuso una tutela por la vulneración al derecho del debido proceso y la guardia del INPEC no le ha entregado la correspondencia recibida. Además, a sus familiares, en más de tres oportunidades y tras varias horas de viaje, se les ha impedido el ingreso al centro de retención.

Lo que más preocupa en estos tres casos es que la Corte Constitucional; según sentencia T-282 de 2014 le ha puesto un tiempo máximo de 11 meses para mejorar la situación de los internos y garantizar sus derechos fundamentales

Ante estas denuncias, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos hace un llamado a los entes pertinentes para que respeten los derechos humanos de estos detenidos y se dé cumplimiento a la  sentencia T - 282 de 2014 de la Corte Constitucional, la cual  tiene un plazo de 11 meses para mejorar la situación de los internos.