Bogotá, 14 de Septiembre de 2017. La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, red nacional que agrupa a 275 organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos, expresa su rechazo a las calumnias y ataques que Álvaro Uribe Vélez ha proferido nuevamente en redes sociales en contra del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), organización que hace parte de nuestro Comité Operativo y en contra del Representante Alirio Uribe Muñoz. Esto a raíz del fallo reciente de la Corte Suprema deJusticia en que se condena a Jorge Noguera, por crímenes perpetrados cuando fue jefe del DAS al servicio del ex presidente Uribe. 

Es una práctica reiterativa del señor Uribe Vélez, responder a las solicitudes judiciales de rectificación de sus calumnias con nuevos y más agresivos ataques, valiéndose de su condición de senador y ex presidente de la República. Con la compulsa de copias a raíz de la condena de Jorge Noguera son ya más de 186 denuncias que se acumulan sin ninguna voluntad de hacer justicia en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El senador Uribe Vélez no puede estar por encima de la ley ni andar acusando de terroristas a las organizaciones y defensores(as) de derechos humanos sin que las instancias judiciales se decidan a aplicar todas las consecuencias que la ley prevé para este tipo de ataques. La actitud indulgente de los organismos judiciales es reiterativa, su falta de voluntad para poner fin a este tipo de desmanes sistemáticos deslegitiman el Estado de Derecho y restan confianza en los ciudadanos frente a la protección que esperan de las autoridades.

Expresamos nuestro respaldo al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y al representante Alirio Uribe en este reclamo de justicia y esperamos que las rectificaciones de Uribe Vélez en la Audiencia de Conciliación programada para el próximo viernes 15 de septiembre en la Corte Suprema de Justicia sean sinceras, explicitas, libres de ambigüedades victimizantes y conlleven la advertencia de abstenerse de incurrir en nuevos ataques contra organizaciones y defensores(as) de derechos humanos, las víctimas o sus adversarios políticos.