Presentación de “Cuando tenga la tierra” Informe sobre el fenómeno de desplazamiento, despojo y desterritorialización de los campesinos y campesinas de la Hacienda Bellacruz ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP-, con el apoyo de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (ASOCADAR), la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (ASOCOL), los campesinos reasentados de las Haciendas La Miel, Cámbulos y la Cochinilla, y las víctimas no asociadas del desplazamiento, presentan “Cuando tenga la tierra” Informe sobre el fenómeno de desplazamiento, despojo y desterritorialización de los campesinos y campesinas de la Hacienda Bellacruz, con la intención de dar a conocer las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la triada Terratenientes - Estado - Paramilitares contra más de 280 núcleos familiares en la Hacienda Bellacruz. 

Este Informe nace del interés de analizar el desplazamiento forzado, el despojo y la desterritorialización, como estrategias que han sido empleadas históricamente en Colombia para la consolidación de poder de distintos actores, y que han dejado a su paso graves violaciones a los derechos humanos las cuales han afectado principalmente al campesinado. Este análisis parte del estudio de uno de los casos más ilustrativos de este fenómeno: el desplazamiento de los campesinos y campesinas de la Hacienda Bellacruz, un suceso que si bien se dio el 14 de febrero de 1996, contiene una historia de lucha por la tierra que se remonta a 1934, cuando muchos campesinos y sus familias se asentaron en la zona. 

En ese sentido, con la elaboración de este informe, el cual será presentando ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV), se busca establecer los elementos característicos, que inevitablemente se replicaron en múltiples lugares del país donde estos flagelos generaron transformaciones profundas en contra de personas que solo buscaban trabajar su tierra. 

La Hacienda Bellacruz que nació a la vida jurídica en 1971 y que abarca tierras adscritas a los municipios de Pelaya, La Gloria y Tamalameque en el sur del Cesar, se convirtió en uno de los latifundios más importantes del país. Es producto de la apropiación de baldíos desarrollada por la Familia Marulanda desde los años treinta, y permite evidenciar la consolidación de proyectos económicos a partir de la tenencia de tierra y de la implementación de modelos agroindustriales. 

El informe presenta una caracterización de los cuatro principales actores: el campesinado, la Familia Marulanda, el Estado y los grupos al margen de la Ley. Además, da cuenta de los antecedentes de la apropiación ilegal de baldíos a partir del despojo de campesinos y campesinas que residían en las tierras, y evidencia como actores privados, con apoyo del Bloque Héctor Julio Peinado Becerra de las Autodefensas Campesinas del sur de Cesar (ACSUC), y con consentimiento del Ejército y la Policía Nacional, e instituciones civiles, el 14 de febrero de 1996 llevaron a cabo el desplazamiento forzado, despojo y desterritorialización de alrededor de 280 núcleos familiares, generando graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cuyas consecuencias no han cesado. 

De la misma manera, el Informe evidencia cómo el Estado hace parte de la gama de actores inmersos en la materialización del desplazamiento forzado, despojo y desterritorialización en medio del conflicto. De acuerdo con el Informe, los agentes del Estado resultan de gran importancia puesto que su acción y/u omisión posibilitó la ocurrencia de hechos victimizantes llevados a cabo por uno de los dinamizadores de la violencia: el Paramilitarismo. 

Así pues, un actor trascendental en lo que respecta la violencia en el sur del Cesar fue el Bloque Héctor Julio Peinado Becerra de las Autodefensas Campesinas del sur del Cesar (ACSUC). Desde el año 1995, este grupo tuvo como cabecilla a Juan Francisco Prada Márquez, alias “Juancho Prada” y fue uno de los  principales poderes bélicos en la región que, de acuerdo con el Tribunal Superior de Bogotá, estuvo auspiciado por ganaderos y propietarios de grandes extensiones de tierra, quienes aportaban una cuota mensual, con el fin que se les garantizara su seguridad y el mantenimiento de sus proyectos económicos. Dentro del Informe, quedan en evidencia los señalamientos de vínculos de terceros civiles con agentes del Estado que explican el uso intencional de herramientas del Estado en contra de ciudadanos inocentes. 

A pesar de lo anterior, un elemento importante que resalta el presente Informe se centra en la resistencia y la resiliencia que han mantenido múltiples organizaciones campesinas después de haber sido víctimas del desplazamiento forzado y el despojo. Esta resistencia resulta supremamente valiosa frente a la cruenta violencia por la tierra, debido a que representa quizá la única herramienta para hacerle frente a graves hechos victimizantes que el Estado y otros actores perpetraron.

Con todo, se solicita a la Comisión de la Verdad, que los hallazgos del presente documento sean incorporados en el Informe Final, con el ánimo de dar a conocer al conjunto de la sociedad colombiana lo que sucedió en torno al fenómeno del desplazamiento, despojo y desterritorialización vivido en la Hacienda Bellacruz, centrándose en la importancia de la conceptualización de sujeto campesino, las dinámicas económicas detrás de la guerra y los procesos de resistencia hasta la fecha. 

Se presentan, además, una serie de solicitudes dentro de las que se encuentran la necesidad de construir un concepto propio de acumulación y extranjerización de la tierra en contextos de conflicto y su impacto en la violación de los derechos humanos en las comunidades campesinas y organizaciones sociales reclamantes de acceso a la tierra.

Igualmente, se solicita a la CEV formular recomendaciones al Estado dirigidas a fortalecer la obligación de protección del Estado colombiano a las comunidades campesinas y víctimas de desplazamiento, despojo y desterritorialización en el marco del conflicto armado y, en especial, frente a su deber de investigar, juzgar y sancionar la responsabilidad de actores privados, financiadores y determinadores, dentro de los cuales se encuentran agentes de Estado.

De la misma manera, se insta a la CEV a convocar jornadas de socialización y sensibilización sobre los impactos desproporcionados del desplazamiento, el despojo, la desterritorialización, entendidos como graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos de las comunidades campesinas en la subregión del Sur del Cesar.

Este informe constituye una herramienta para la exigibilidad de derechos de campesinos y campesinas, quienes día a día nos enseñan la importancia del valor de la tierra y la necesidad de continuar exigiendo al Estado verdad, justicia y reparación frente a este tipo de violencias. Que este, como cada paso dado, sea una forma de renovar la necesidad de que la tierra sea de los campesinos que la trabajan.

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