Lo peor de todo es que por el hacinamiento la prisión no cuenta con área médica que garantice un ambiente adecuado para el tratamiento especializado y los cuidados que requieren los pacientes infectados con esta grave enfermedad. Actualmente  los pacientes infectados están siendo aislados en calabozos insalubres en condiciones contrarias a la dignidad humana, a la constitución nacional y los tratados y acuerdos internacionales firmados por Colombia; entre ellos las normas mínimas para el tratamiento de reclusos. 

Hacemos un llamado URGENTE al Ministerio Público, a las ONG’S  de Derechos humanos, al Ministro de Justicia y del Derecho, a la Dirección General del INPEC, al MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, y a los sectores sociales para que se haga seguimiento y se tomen las medidas de rigor a fin de garantizar y salvaguardar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en este centro de reclusión.

Solicitamos se decrete la emergencia social carcelaria para controlar y disponer del recurso humano y logístico que permita parar el brote de TUBERCULOSIS y se atienda los cientos de casos de salud represados durante años en este centro penitenciario donde se violan los derechos humanos de una población vulnerable y en estado de sujeción.

Solicitamos al  gobierno nacional que no olvide que en las cárceles de Colombia es donde se violan sistemáticamente los derechos humanos desde hace décadas y no sólo en la frontera porque si por allá llueve, por acá arrecia los abusos, maltratos y todas las formas de tortura física y psicológica. Con el agravante de que ha permanecido en el olvido del Estado.