El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, la situación de riesgo inminente contra la vida, la integridad, la seguridad y las libertades civiles y políticas de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, en el departamento del Tolima.

1. El martes 20 de julio de la presente anualidad circuló un panfleto, presuntamente firmado por las Águilas Negras Bloque Centro-Sur, en donde declaraba objetivo militar a varios líderes políticos, sociales, ambientales, personas defensoras de derechos humanos y miembros de la primera línea, aparentemente identificados en las movilizaciones, y quienes de acuerdo con el documento estarían entorpeciendo y desprestigiando las políticas del Gobierno nacional.  La proyección de “aniquilamiento” se dirige particularmente contra: Guillermo Alfonso Jaramillo (ex alcalde de Ibagué); Renzo García (diputado por el partido Alianza Verde y cofundador del Comité Ambiental en Defensa de la Vida), Jaime Tocora (concejal de Ibagué por el partido Colombia Humana); Herminso Vega (representante del Comité Regional Indígena del Tolima -Crit-); y a los defensores de derechos humanos, Luis Duarte, Marilus Biscue, Flor Múnera (portavoz del CSPP Seccional Tolima, Isabel Pardo, Carlos Gualteros, y  Eduin Henao, entre otras personas defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales.
2. En diferentes oportunidades la Defensoría del Pueblo ha identificado las consecuencias que ha traído la expansión y consolidación de organizaciones sucesoras del paramilitarismo y demás organizaciones armadas en términos de agresiones a las comunidades, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el Tolima.  Dada la ubicación estratégica que convierte al departamento en un corredor histórico, crucial para controlar el tránsito hacia el centro y el norte del país, sumada  a la potencialidad agrícola y minera que detenta, se han originado diferentes conflictos alrededor de i) la defensa del territorio por parte de comunidades étnicas y campesinas ante proyectos minero-energéticos, ii) los conflictos por la tenencia de las tierras, y  iii) las vulnerabilidades socioeconómicas presentes en el territorio; por ello no es coincidencial que la Defensoría arguya como principales destinatarios de los diferentes estados de violencia a los reclamantes de tierras, ambientalistas, comunidades étnicas y personas defensoras de derechos humanos.

Ante el escenario de recomposición de las estructuras sucesoras del paramilitarismo en el Tolima, es menester recordar que, precisamente, bajo los calificativos de “auxiliadores de la guerrilla”, “guerrilleros de civil”, “comunistas” e “izquierdosos” (como en el panfleto que aquí se denuncia), personas defensoras de derechos humanos han sufrido de múltiples agresiones como homicidios, amenazas e incluso desplazamiento forzado, generando que este tipo de amenazas impliquen una situación alarmante que compromete de manera seria y directa sus derechos fundamentales a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad personal.

Denunciamos este hecho, rechazamos todas aquellas transgresiones suscitadas con ocasión del ejercicio del de la defensa de los derechos humanos y enfatizamos en la importancia de las personas líderes sociales como elementos fundamentales en la consolidación de una democracia abierta, plural y participativa, aún más en estos escenarios de transición política con fragilidad institucional. Por estas razones, exigimos:

1. Al Gobierno Nacional que implemente de manera pronta, adecuada, integral y de buena fe las herramientas de seguridad instituidas en el Acuerdo Final de Paz.
2. A la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y en específico al Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, que se dé la reactivación de esta instancia establecida en el Acuerdo Final de Paz para que establezca de manera integral y definitiva la política pública de desmonte de las organizaciones criminales que sistemáticamente vulneran los derechos de la población civil.
3. A la Fiscalía General de la Nación, que adelante las investigaciones pertinentes con el fin de esclarecer, identificar y establecer la responsabilidad integral de estas amenazas.
4. Al Director de la Unidad Nacional de Protección, que coordine y realice la valoración del riesgo de las personas y colectivos incluidos en la presente denuncia, adopte los planes y medidas de protección adecuadas, en condiciones de oportunidad y en atención a los riesgos específicos, en el marco de los Decretos 4912 de 2011 y 1066 de 2015, y de la Directiva No 002 del 14 de junio de 2017 emitida por la Procuraduría General de la Nación, relativa al fortalecimiento de las medidas de protección a favor de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
5. A la Defensoría del Pueblo, que inicie las rutas de acompañamiento y protección según su competencia y valore la realización de una Alerta Temprana para el departamento del Tolima en el que se contemplen estos nuevos escenarios de reconfiguración armada y los efectos en las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.