Por: Fundación de DD.HH. Joel Sierra

Después de cuatro (4) años de estar hablado del logro de la paz y de supuestamente estar gozado del postconflicto, la estrategia de agresión del Estado contra el pueblo colombiano se ha intensificado causando la muerte violenta de más de 200 dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos, estigmatizaciones, atentados contra la integridad, amenazas y despojos de los territorios indígenas, afros y campesinos.

Nuestra región que no ha estado al margen de esa realidad, nuevamente sufre la arremetida criminal del Estado. El caso reciente, fue contra humildes pobladores, labriegos de tradición, que por la misma crisis del agro generada por las imposiciones de medidas y políticas restrictivas de instituciones como el ICA y el INVIMA, han optado por la comercialización de combustibles traídos desde la hermana República Bolivariana de Venezuela,  que fueron abaleados por miembros de Ejército Nacional.

El hecho ocurrió hoy, a las 3:20 de la mañana, cuando los campesinos ALEJANDRO TIRADO y LIZANDER VALENCIA RODRÍGUEZ, acompañado por su hijo de ocho años de edad HARVIN VALENCIA PEÑARANDA, transportaban gasolina y fueron requeridos por miembros del Ejército Nacional en el punto de control en el centro poblado de Betoyes municipio de Tame. Luego de estacionar el carro a escasos metros de la garita y de los campesinos dar la espalda y caminar unos pasos en dirección a una caseta civil, los militares dispararon a quema ropa contra sus humanidades, asesinando a ALEJANDRO TIRADO, causando graves heridas a  LIZANDER VALENCIA RODRÍGUEZ, y daños psicológicos al menor de edad quien presenció el hecho. El campesino herido recibe atención en el Hospital de Sarare y debe ser remitido en avión ambulancia a un centro de salud de tercer nivel, y el niño fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Este hecho ocurre en un contexto de cese al fuego entre el Estado y la organización rebelde Ejército de Liberación Nacional –ELN- y de la desmovilización que hiciera las FARC-EP-, y que el Estado se hubiera comprometido a brindar garantas para la vida e integridad de los pobladores y sus dirigentes sociales. Así mismo, cuando organismos multilaterales han manifestado sus preocupaciones por el alto índice de muertes violetas de dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos.

Contrario a esto se ha seguido victimizando al pueblo, además de la implementación de políticas de despojo para favorecer los proyectos minero energético, la privatización de derechos fundamentales como la salud y la educación, el alza indiscriminada de los impuestos, las restricciones fitosanitarias, entre otras, se asesina directamente a través de las armas que supuestamente usan para defender a los ciudadanos, como el caso reciente de la masacre de campesinos en Tumaco o el asesinato de la periodista indígena del Cauca.

Por lo anterior exigimos al Estado colombiano, en cabeza del Ejército Nacional poner a disposición de la justicia ordinara a los militares responsables del asesinato, las heridas y daños psicológicos causados contra los campesinos esta madrugada en Betoyes-Tame; entregar a la Fiscalía, las armas con las que se cometió el hecho; y retirar del servicio a los autores materiales y determinadores del crimen.

A la Fiscalía General de la Nación, adelantar una investigación seria y ágil que dé como resultado el castigo ejemplar a los responsables, así como, la reparación integral a las víctimas.

Al Estado proteger efectivamente a los pobladores de la región, en su vida, integridad y labor social, garantizando que este tipo de crímenes no volverán a ocurrir en el territorio nacional.

Lea el comunicado en [PDF]

http://www.movimientodevictimas.org/sites/default/files/Denuncia%20p%C3%...