Como resultado de este Seminario, los familiares y amigos de los presos políticos provenientes de distintas regiones del país, reconocidos analistas e investigadores, así como defensores de derechos humanos de países como Argentina, Chile, País Vasco, Palestina y Venezuela, declaramos que:

La desigualdad social, la represión institucional, la falta de garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales, la fragilidad de la democracia y la captura del Estado por parte de élites políticas corruptas y excluyentes, así como el despojo de tierras a campesinos, indígenas y afro-descendientes con consecuente explotación de los recursos estratégicos de la nación por parte de las multinacionales, con el apoyo de las fuerzas paramilitares, son las causas estructurales que han dado origen al conflicto social, político y armado que lleva más de 50 años en el país. En Colombia la población continúa padeciendo la violencia socio-política de un Estado que implementa varias formas para perseguir, reprimir y eliminar a la oposición, así como para criminalizar la protesta social y popular.

A pesar de que las luchas sociales y populares del pueblo colombiano han tenido expresiones pacíficas, el contexto de represión militar y de exclusión política y económica ha dado como resultado el levantamiento en armas de diferentes sectores sociales empobrecidos, y el surgimiento de las insurgencias hacia mediados del silgo XX. En este sentido, es importante ubicar, en su justo lugar, el surgimiento de los actores políticos armados que, mediante la combinación de varias formas de lucha, han propendido por la toma del poder y la transformación de las estructuras políticas y económicas de la sociedad colombiana. Se trata de un sujeto social y político motivado por propósitos altruistas tipificado, en el derecho nacional e internacional, como un delincuente político, es decir, como un detractor del orden social impuesto siempre que se trate de un orden social injusto.

Sin embargo, el estatus del delito político, que incluye en sus bases jurídicas y filosóficas el reconocimiento y el respeto hacia el oponente político y a su legítimo derecho a disentir, se encuentra, hoy en día, desnaturalizado. Mediante la estrategia de “guerra contra el terrorismo”, quien incurre en el delito político ya no es considerado como un rebelde que busca trasformar la sociedad y que emplea la violencia como último recurso, necesario para instaurar un orden social justo, sino como un terrorista que amenaza la seguridad nacional y mundial del modelo económico capitalista. Esta situación ha desvirtuado la naturaleza política del conflicto armado colombiano y ha intensificado la persecución a los procesos de resistencia popular, reflejada en el incremento de la represión y criminalización de la pobreza, sustentadas por una política criminal cuya regla general es la privación permanente de la libertad.

La crisis carcelaria que vive el país no sólo se refleja por el alto índice de hacinamiento (más del 53%), sino por el incremento exacerbado de violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y de sus familiares. Hoy en día, el sistema carcelario atraviesa por una grave crisis humanitaria profundizada por la Nueva Cultura Carcelaria que fue impuesta en el país con la firma del Plan Colombia y por medio del cual se han venido militarizando y privatizando las cárceles, afectando los derechos del conjunto de la población reclusa, con graves consecuencias para los presos y detenidas políticas. Esta crisis, ignorada conscientemente por el Estado colombiano, es el resultado del conflicto político y armado y sirve de muro de contención para silenciar las miles de voces de protesta que denuncian las arbitrariedades de quienes históricamente le han robado al pueblo su derecho a vivir dignamente.

En este sentido, y en el marco de la coyuntura actual de los Diálogos de Paz, el Seminario Internacional hace énfasis en tres (3) puntos fundamentales, necesarios para construir la paz con justicia social:

El reconocimiento y la ampliación de la noción de delito político como un mecanismo central que permita avanzar hacia la solución política y negociada del conflicto.

El respeto al pensamiento crítico, al derecho a la protesta y a las diferentes formas organizativas del pueblo colombiano como un derecho a la paz y a la satisfacción integral de los derechos fundamentales

La inclusión, en la agenda de paz, de la solución a la crisis carcelaria, la ratificación del Protocolo Facultativo contra la Tortura y la transformación de la actual política criminal, así como la inclusión de garantías de participación para la población reclusa.

Por eso las diferentes organizaciones que convocamos a este Seminario Internacional nos unimos a la ingente necesidad de rescatar, política e históricamente, la noción de delito político como base para el reconocimiento de las causas que dieron origen al conflicto político y armado, y un aporte a la construcción de la paz con justicia social. En este orden de ideas, hacemos un llamado al Gobierno Nacional a que muestre una vocación real de paz y agilice los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional – ELN –. Así mimo,  exigimos la asistencia de un representante de los presos y detenidas políticas en la próxima delegación de víctimas en los diálogos de la Habana, Cuba.

Por último, y no menos importante, hacemos un llamado a todo el movimiento social y a la sociedad en general, a apoyar las jornadas de desobediencia pacifica que se están desarrollando en las cárceles del país durante el mes de octubre para que sea decretada la emergencia social carcelaria y sea puedan establecer las bases para una verdadera transformación del régimen penitenciario y carcelaria y de la política criminal que lo sustenta.