En un primer momento se realizó una Audiencia en el Congreso de la República sobre el tratamiento de la Fuerza Pública a las manifestaciones sociales, en la que asistieron los representantes a la Cámara Iván Cepeda, Hernando Hernández y Carlos Amaya, la cual contó con la presencia del General Jesid Vázquez de la Policía Nacional, Javier Tamayo de la Defensoría del Pueblo, Carlos Valdés Director del Instituto colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Andrés Idarraga Director de Derechos Humanos de la Alcaldía de Bogotá y más de 350 personas asistentes.

En ésta se presentaron 25 testimonios y se recogieron más de 60 denuncias en las que se documentó el uso de un marco legislativo que restringe y criminaliza la protesta social, ocasiona o facilita el  uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y el Ejército de Colombia, la estigmatización de la protesta social y sus líderes,  la realización de montajes judiciales en su contra y la aplicación de medidas propias de un Estado de facto, producto de las cuales 15 manifestantes perdieron la vida, 12 de ellos por arma de fuego, cerca de 3000 personas han sido detenidas arbitrariamente, más de 180 enfrentan procesos judiciales, 51 se encuentran aún privadas de la libertad y al menos 800 personas resultaron heridas.

El Encuentro continúo con la realización de una Asamblea en la que se presentaron los resultados de los Encuentros regionales realizados y se acordaron propuestas dirigidas al Gobierno Nacional, autoridades judiciales, órganos de control, el poder legislativo y las organizaciones y movimientos sociales de Colombia. En desarrollo del II Encuentro Nacional de la Campaña “Defender la Libertad: Asunto de tod@s”, se abordaron dos problemáticas que han afectado a la ciudadanía colombiana en lo corrido del año 2013: La detención arbitraria y la brutalidad policial.

En las distintas mesas de trabajo conformadas, se reafirman elementos que caracterizan este tipo de violaciones a los derechos humanos. Al respecto, se concluye una vez más la sistematicidad de  los casos de brutalidad policial cometidos contra jóvenes en las ciudades y manifestantes en todo el país, incluyendo graves agresiones contra mujeres, niños y niñas. El abuso policial se entiende enmarcado en una “Doctrina de seguridad” en la que están formadas las fuerzas policiales y lo asumimos como parte de la guerra contra el pueblo, en dos ámbitos: por un lado, el ataque directo a los derechos a la protesta y la movilización, violando así pactos y tratados internacionales que reconocen el derecho a la movilización y la protesta social; y por otra parte, como el abuso cotidiano de la policía que se manifiesta en el ámbito urbano en la ocupación de barrios populares (a través del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante ) y la militarización de las zonas rurales (a través de planes de consolidación).

Por su parte, las detenciones arbitrarias se entienden como el desarrollo de una política estatal que restringe ampliamente el derecho a la libertad y criminaliza el derecho a la protesta. En ese sentido, se reafirma la necesidad de generar acciones integrales y conjuntas que permitan a los sectores populares organizados, hacer frente y visibilizar estas violaciones a los Derechos Humanos y reaccionar ante las políticas que las promueven e incrementan.

En términos de formación, se definen planes conjuntos encaminados a elaborar, reproducir y difundir material pedagógico que permita a los distintos sectores que se movilizan conocer qué es una detención arbitraria, la brutalidad policial y qué hacer ante estas situaciones. Además de masificar jornadas de capacitación, desarrollando una pedagogía popular que permita recoger los distintos niveles académicos y necesidades puntuales de cada región; y el uso del arte y la cultura como estrategia pedagógica de formación.

La campaña se ratifica en la necesidad de continuar profundizando en el análisis del modus operandi y estructura de las fuerzas represivas del Estado, para que las denuncias recojan su naturaleza e identifique no sólo autores materiales sino altos mandos. Igualmente en consolidar una plataforma de denuncia nacional, que pueda ser difundida y alimentada ampliamente y en la que se incluya los sectores rurales. La campaña rechaza la investigación de hechos de abuso policial y detención arbitraria por la Justicia Penal Militar y oficinas de control disciplinario interno por lo que su estrategia jurídica estará dirigida a impedir que las mismas continúen bajo su competencia.

El encuentro determina que se deben definir acciones conjuntas de movilización y acción política por el desmonte del ESMAD, promover la derogatoria de la directiva sobre el uso de la armas con letalidad reducida y aumentar las acciones integrales contra la política que criminaliza la protesta.

La campaña apoyará las acciones que se impulsen contra el servicio militar obligatorio,  por el derecho a la objeción de conciencia y la desmilitarización de la sociedad y los espacios comunitarios urbanos y rurales.

El II Encuentro Nacional resalta el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá de impulsar la concertación de un protocolo para la actuación de la fuerza pública en casos de protesta social y crear un mecanismo de verificación de estas actuaciones con participación de la sociedad civil.

Demandamos la derogatoria de la Ley de Seguridad Ciudadana y el retiro inmediata del Proyecto de Ley 091 que penaliza el ejercicio de la protesta social. Reivindicamos el derecho a la ocupación de vías y carreteras como parte esencial del ejercicio del  derecho a la protesta de los sectores inconformes y la disidencia social.