Por: Prensa Movice

Cada 9 de abril, producto de la exigencia constante de las víctimas, conmemoramos el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.

Este día cargado de memorias nos evoca una fecha de gran importancia para el país, pues fue precisamente un 9 de abril de 1948, que las élites políticas y económicas consolidaron el genocidio del movimiento Gaitanista con el asesinado del líder popular Jorge Eliecer Gaitán, marcando así la continuación de la violencia sociopolítica contra la oposición y el inicio del conflicto político, social y armado que continua hasta hoy y que se expresa en la actualidad en las masacres, desapariciones, asesinatos y amenazas que a lo largo y ancho del país sufren los liderazgos sociales y políticos de las comunidades, dando continuidad a la práctica genocida que desde el Estado y los grupos de poder se sigue perpetrando contra el movimiento popular colombiano.

Cada 9 de abril, las víctimas hemos levantado nuestra voz y llenado las distintas plazas del país realizando movilizaciones y actos simbólicos, académicos y culturales con el fin de traer esta memoria al presente y exigir al Estado que cumpla con su deber de garantizar la vida y honra del pueblo colombiano. Así mismo hemos participado cada 9 de abril en las audiencias que el Congreso de la República realiza para escuchar a las víctimas. En estas jornadas hemos manifestado la preocupación por la falta compromiso del Gobierno Nacional y la clase política tradicional en la implementación del Acuerdo de Paz, que se expresa en los ataques sistemáticos, estigmatización y asfixia presupuestal que el Gobierno Duque viene realizando a los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR); al hundimiento de las Circunscripciones Especiales de Paz y la continuación del genocidio contra el movimiento social expresado en asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas y atentados que se siguen perpetuando contra los líderes/as sociales, defensores/as de derechos humanos y firmantes de la paz.

En este escenario, hemos exigido el esclarecimiento de la verdad histórica y judicial de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica, así como de los máximos responsables y agentes del Estado involucrados en estos vejámenes, al tiempo que hemos exigido la búsqueda efectiva de nuestros familiares desaparecidos y hemos planteado la necesidad y urgencia de medidas integrales de reparación, al tiempo que hemos propuesto a la sociedad colombiana y al Estado un paquete de reformas estructurales para la no repetición, como la reducción de las Fuerzas Militares y reforma a su doctrina; la depuración de las instituciones estatales con funcionarios involucrados, por acción u omisión, en graves violaciones de derechos humanos; la desclasificación de archivos de inteligencia; una política integral para el desmonte del paramilitarismo; la reforma a la policía y devolución de su carácter civil; el desmonte del Esmad y la creación de una política de seguridad para líderes y lideresas sociales.

Las víctimas hemos resistido y persistido en la exigencia de nuestros derechos y hemos denunciado la estrategia de negacionismo estatal impulsado por sectores enemigos de la paz y el actual gobierno en cabeza de Iván Duque, quien desde el primer día ha intentado borrar la memoria de los crímenes de estado e instalar una narrativa negacionista a través del uso político descarado del Centro Nacional de Memoria Histórica, hoy en manos del Director negacionista Dario Acevedo. Así, denunciamos y lo seguimos haciendo,  que «asistimos a una política sistemática adversa a la verdad, que promueve el negacionismo de Estado y perpetúa la impunidad, por medio de prácticas de censura emprendidas por gremios, partidos políticos, grupos empresariales hegemónicos y militares, contra las acciones de memoria y denuncia del movimiento de DDHH, estigmatización, ocultamiento y encubrimiento de responsabilidades, la imposición de una verdad oficial, encaminada a negar las víctimas de la violencia estatal y enaltecer el rol militar como víctimas y héroes.» 

Este 9 de abril, en medio de una pandemia que ha significado una crisis social y económica para todo el pueblo colombiano -entre ellas las víctimas- y un aumento de las violaciones a los derechos humanos en el país, seguimos teniendo las mismas preocupaciones y exigimos que el Estado cumpla los Acuerdos de Paz, que cesen los ataques contra los componentes del Sistema Integral, que se concrete la posibilidad de participación social y política de las víctimas y los territorios victimizados con la aprobación e implementación de las Circunscripciones Especiales de Paz, y que se brinden garantías de seguridad plenas a los líderes y lideresas sociales, que permitan proteger la vida y proyectos comunitarios y sociales y romper con el ciclo de impunidad estructural que alimenta y perpetúa la violencia en los territorios.

Por esto, el 9 de abril es para las víctimas de crímenes de Estado un día de conmemoración y un día más de denuncia y lucha por nuestros derechos, para exigirle al Estado Colombiano que asuma su papel y que salde la deuda histórica que tiene con las víctimas, para que los crímenes de Estado y la impunidad dejen de ser la realidad cotidiana del país y podamos construir las garantías para que ¡NUNCA MÁS! se repitan estos hechos.

Hoy las víctimas de crímenes de Estado exigimos garantías para la vida de nuestros líderes y lideresas sociales, pugnamos por la implementación del Acuerdo de Paz y el respeto por la vida de los/as firmantes de paz y continuamos luchando por los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

¡Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad!