Bogotá-Ginebra, 12 de diciembre de 2019 – Desde el inicio del Paro Nacional el 21 de noviembre 1.023 personas han sido detenidas, de las cuales al menos 47 han sido judicializadas. La criminalización de la protesta y de la defensa de derechos humanos no se circunscribe al momento actual - en un informe publicado en el día de hoy[1] se evidencia una política sostenida de uso indebido de la institucionalidad para tratar de silenciar la defensa de derechos humanos.

Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas que defienden los derechos humanos como evidencian las 155 personas defensoras asesinadas en 2018 y las 89 personas defensoras asesinadas en lo que va de año, según cifras del Programa Somos Defensores.

El homicidio y la amenaza son las agresiones más visibles. Sin embargo, las personas que defienden los derechos humanos enfrentan otro tipo de agresiones, incluyendo el inicio de procesos penales con fines de acoso o desprestigio.

«En vez de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, el sistema de justicia y el derecho penal son indebidamente utilizados en su contra: hemos podido documentar que, solo entre el año 2012 y el 15 de julio de 2019, 249 personas defensoras fueron indebidamente judicializadas, un caso cada 11 días. Con la judicialización se aumenta el riesgo de que sufran otros ataques, lo que claramente busca acallar sus voces», declaró Franklin Castañeda, Presidente del CSPP.

«La judicialización de personas únicamente por defender los derechos humanos es injusta pero también perversa: contribuye a perpetuar las violaciones de derechos humanos a las que se oponían, lo que implica contaminación, deforestación, la concentración de la tierra y una erosión de libertades como la libertad de expresión o de protesta pacífica. Toda la sociedad colombiana sale perdiendo. Toda salvo los perpetradores», declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.

Este informe devela que el 71% de los casos se concentra en 6 departamentos[2], departamentos que además concentran el 35,7% de los títulos mineros que se desarrollan en el país y el 46% de las zonas donde existen pozos petroleros, lo que establece una clara relación entre la defensa de los derechos humanos en contextos de luchas ambientales y el uso indebido del derecho penal. Las personas defensoras de la paz también han resultado particularmente afectadas por este fenómeno.

El informe da cuenta de cómo distintos actores estatales y privados intervienen y se benefician con la judicialización de personas defensoras, incluyendo el caso de algunas empresas del sector minero-energético que, utilizando mecanismos como los convenios de cooperación entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía —entre 2012 y 2019 se identificaron 365 convenios con 117 empresas— han logrado utilizar la institucionalidad colombiana como ariete de ataque contra las personas defensoras.

Destacan particularmente las evidencias de cómo unidades militares financiadas por las compañías han promovido acciones de inteligencia militar contra personas defensoras que denuncian los impactos negativos de las economías extractivas sobre los derechos humanos, y que son asociadas de manera indebida con grupos delictivos. De igual forma, solo entre 2017 y agosto de 2019, las Estructuras de Apoyo a Hidrocarburos (EDA) de la Fiscalía General de la Nación investigaron y acusaron indebidamente a 22 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente por su participación en jornadas de protestas contra las empresas petroleras en los departamentos de Arauca, Casanare y Meta. Por ejemplo, a través de convenios de cooperación, Ecopetrol ha financiado durante 2015-2019 a las EDA con 82.621.590.882 pesos colombianos (aproximadamente 21,8 millones de euros), para que investigue conductas que afecten la adecuada operación de la industria petrolera, incluidos las “acciones de hecho” en el marco de la protesta social.

Por otro lado, el informe da cuenta de las múltiples formas en las que se viola el derecho al debido proceso de las personas defensoras de derechos humanos judicializadas. Estos procesos se caracterizan por imputaciones genéricas e imprecisas, usando tipos penales ambiguos y por un escenario en el que la prisión preventiva es la regla y no la excepción: en el 78,4% de los casos en los que se ha obtenido información, la justicia colombiana privó de libertad a las personas defensoras, ya sea en detención domiciliaria o en centro carcelario.

Las organizaciones solicitan al Estado Colombiano asegurar que instituciones judiciales o terceros no manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a defensoras y defensores de derechos humanos. Así mismo, consideran que para que cese la posible parcialidad judicial, las empresas privadas, particularmente Ecopetrol, deben cesar la financiación hacia la Fiscalía General de la Nación relacionada con la investigación de conductas relacionadas con la protesta social.

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) se propone contribuir a la exigencia, promoción y difusión del respeto y las garantías de los Derechos Humanos de todas las personas en Colombia, en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación; en especial el derecho a la Vida, la Libertad, la Integridad Física y Moral, a un trato digno, a un juicio justo e imparcial y los demás derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social. De esta forma contribuye al debate sobre el sistema de justicia y exige la implementación de una política criminal democrática con justicia social; para aportar a la construcción de un Estado respetuoso de los DDHH, la democracia y la paz con justicia social. El CSPP es una organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT.

La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) trabaja junto con las más de 240 organizaciones que conforman la Red SOS-Tortura para acabar con la tortura, luchar contra la impunidad y proteger a las personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo. Juntos, constituimos el mayor colectivo movilizado a nivel global en oposición a la práctica de la tortura. Como altavoz de las voces locales apoyamos a nuestros aliados en el terreno y proporcionamos asistencia directa a víctimas. Nuestro Secretariado Internacional tiene su sede en Ginebra y cuenta con oficinas en Bruselas y Túnez.

La Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC), dedica la mayor parte de sus esfuerzos a la atención, organización y acompañamiento a víctimas a causa del alto grado de violaciones a los derechos humanos que se presentan en las zonas donde trabaja, concentrándose especialmente en los departamentos de Tolima, Boyacá, Casanare, y la ciudad de Bogotá. Todo ello, sin perder de vista el objetivo principal que es la reconstrucción del tejido social y la formación permanente en la promoción y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH).

Descarga el informe completo aquí. 

Para obtener información adicional, por favor contacte a:

•             CSPP: Franklin Castañeda: +57 313 3919384

•             OMCT: Iolanda Jaquemet / Miguel Martín Zumalacárregui: ij@omct.org / +41 79 539 41 06

•             COSPACC: Fabián Laverde: +57 320 3014747

 

[1] CSPP, OMCT, COSPACC, "Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz", disponible aquí.

[2] Antioquia, Cesar, Cauca, Huila, Casanare y Bogotá.