Ya que esta de moda hablar de corrupción, seria muy interesante mencionar algunas situaciones de su relación con las crisis carcelaria y penitenciaria que esta afrontando el país. Seria bueno llamar la atención sobre la naturaleza y la calidad de los contratos que tanto la USPEC como el INPEC han realizado -y están realizando- con las empresas encargadas de suministrar los alimentos a la población reclusa, con las empresas que venden los servicios de telefonía, con los proveedores de los artículos de “primera” necesidad que venden en los almacenes-expendios al interior de los establecimientos, con la empresa prestadora de los servicios de atención en salud (Fiduprevisora S.A), con la empresa que presta los servicios de laboratorio clínico para el apoyo en los diagnósticos médicos ( Laboratorio Clínico e Inmunológico SAS), con las empresas que ofrecen sus servicios de fumigación y control de plagas, entre otras.

También seria bueno llamar la atención sobre todas y cada una de las “micro”- redes que a diario se tejen al interior de cada establecimiento de reclusión. Como es sabido, todos los elementos “prohibidos” (celulares, armas, drogas, licores, etc.) que -hipocritamente- incautan en los operativos de registro y control en cada uno de los pabellones, son ingresados y/o comercializados por algunos funcionarios del INPEC (principalmente, pertenecientes al Cuerpo de Vigilancia y Custodia). Así mismo, muchos de estos funcionarios reciben dádivas de algunos reclusos (Jefes de bandas delicuenciales que ejercen control sobre los internos de cada pabellón), para que les permitan comercializar dichos elementos “prohibidos”, y para que les permitan ejercer control (venta) de todos y cada uno de los espacios y elementos para el alojamiento de los demás reclusos (camas, camarotes, celdas, baños, colchonetas, utensilios para el aseo personal, agua, etc.). Igualmente, algunos de estos funcionarios también reciben dinero para permitir el saqueo y la venta de alimentos crudos desde las áreas de preparación (“ranchos”) para que algunos internos los procesen y los comercialicen. Y algunos otros funcionarios del INPEC que laboran en las áreas u oficinas administrativas de cada establecimiento, reciben dinero para “agilizar” los tramites correspondientes de documentos para los reclusos puedan acceder a los beneficios administrativos y/o subrogados penales a que van adquiriendo derecho. Finalmente, los “profesionales” de la salud que laboran en las áreas de sanidad de cada establecimiento, ofrecen y venden sus servicios particulares a los internos que poseen los recursos económicos suficientes para acceder a ellos, dejando de atender a quienes no poseen dichos recursos.

En este sentido, algunos programas investigativos e informativos de algunos medios de comunicación, recientemente han denunciado y constatado la grave situación que están afrontando algunos establecimientos carcelarios y penitenciarios de Medellín (El Pedregal y La Nacional Bellavista), y algunas irregularidades (actos de corrupción) que se presentan en la cárcel La Picota de Bogotá. Tales denuncias son reiterativas, pues recuérdese los actos de extorsión denunciados a través de varios medios de comunicación del país, en los internos recluidos en la cárcel Nacional Modelo de Bogotá fueron víctimas durante varios meses de 2016 (varios funcionarios del cuerpo de Vigilancia y Custodia del INPEC les exigían altas sumas de dinero a cambio de “garantizarles” su seguridad), y recuérdese lo expuesto en la edición No. 1768 de la Revista Semana (20 de Marzo de 2016) a propósito del tema:

Por décadas, los diferentes gobiernos de turnos proponen comisiones especiales y plantean reformas para resolver los problemas estructurales de las cárceles. Varios ministros de justicia han diseñado planes y soluciones sensatas para desactivar esa bomba de tiempo. Sin embargo, la mayoría de las veces esas iniciativas terminan archivadas. Las cárceles son un botín burocrático y económico gigante y no pocos políticos durante años se han repartido los dividendos de la torta carcelaria. Muchos viven de ese caos y son los más interesados en que la situación no cambie.

Así pues, sería muy importante adelantar exhaustivas investigaciones, realizar amplias denuncias y aplicar las respectivas sanciones (disciplinarias o penales) a las que haga lugar, toda vez que cualquier tipo de corrupción exacerba la crisis carcelaria y penitenciaria y, por ende, la sistemática violación de los Derechos Constitucionales de los prisioneros. En consecuencia, exhortamos a los medios de comunicación y a los organismos de control para que lleven a cabo, cuanto antes, dichas denuncias e investigaciones, no sólo a las entidades del Sistema carcelario y penitenciario (USPEC e INPEC), sino también a los políticos y funcionarios que participan “indirectamente” en el “funcionamiento” de dicho sistema.

Prisioneros Políticos ELN

Colectivo “Manuel Pérez”

Pabellón: 4

Comeb - Picota