En esta Audiencia se presentaron casos referentes a los efectos negativos  medioambientales producto de la actividad extractivista de la multinacional en los territorios de comunidades indígenas y campesinas. Casos como los de la Laguna Legupa en el altiplano cundiboyacense, la Vereda La Esmeralda en Acacias, la explotación petrolífera en Campo Rubiales, entre otros, dieron cuenta, con el apoyo de estudios e investigaciones de impacto, acerca de las devastadoras consecuencias que ha traído la presencia de la multinacional en el país. Mercedes Pinilla, ambientalista e integrante del Grupo de Buenas Prácticas de Acacías, Meta, expresó al respecto: “La razón por la que estamos en esta Audiencia es porque nos preocupa la situación ambiental y las graves violaciones a los derechos humanos en esta región del país. Con ello decimos que si se afecta el medio ambiente se afectan los derechos humanos, por ejemplo, los relativos a la seguridad alimentaria y la situación laboral”.

De otra parte, la Audiencia dio a conocer los intereses económicos y empresariales de Pacific Rubiales Energy en Caño Rubiales. Según lo que expresó Felipe Sarna, de la organización Proyecto Gramalote, en relación con la situación petrolera del país: “desde el gobierno Pastrana la política de petróleo ha retrocedido, pues desde entonces se ha permitido la participación del capital extranjero como nunca antes. Se revivió el contrato de concesión en el marco del gobierno Uribe, en el que el Estado toma algunas regalías, pero que si lo vemos a la luz del último informe que salió sobre este particular, éstas pasan como costos en la producción para dividir impuestos de renta. Entonces cuando hacíamos cuentas de dichos impuestos (los cuales están alrededor del 35%), de cada 100 pesos que ellos pagan les estamos descontando 118; esto quiere decir que por barril de petróleo no nos está quedando ni el 30%”.

Por su parte, la Unión Sindical Obrera, USO, denunció las precarias condiciones laborales y las persecuciones de las que han sido objeto los trabajadores por parte de esta empresa multinacional, tras las protestas emprendidas en el 2011. Así, la FCSPP habló con Camilo Acero, responsable de Asuntos Jurídicos y Organizativos de la USO en el Meta, quien dio cuenta acerca de la precaria situación laboral de los trabajadores y las secuelas que trajo para la comunidad las protestas emprendidas –ferozmente reprimidas- protestas realizadas con el objetivo de mejorar las condiciones de los trabajadores en Campo Rubiales.

“En 2011 hubo un incumplimiento de los acuerdos, que habían surgido como resultado de las asambleas realizadas por los trabajadores, en las que participaron algunos representantes del gobierno nacional, tales como el vicepresidente Angelino Garzón; al final, Pacific Rubiales y las empresas contratistas avalaron la terminación de los contratos de los trabajadores y se produjo un despido y éxodo masivo en Quifa y Campo Rubiales de aproximadamente 10 mil trabajadores, 3301 integrantes de la USO”, dijo Camilo Acero.

Según la USO, de ahí para adelante la Empresa Pacific Rubiales Energy, comenzó a realizar acciones de censar a la población con miras a poner en una “lista negra” a todas aquellas personas que participaran en las protestas y de esta manera generar un veto permanente. Con ello la empresa multinacional extendió la criminalización hacia los pobladores de la región, en detrimento de sus derechos al trabajo. Al parecer, estos vetos se han aplicado como estrategia de desafiliación y desincentivo sindical,  implicando para esta región el agravamiento de las condiciones de vida. Otro tema relevante que se dio en esta Audiencia estuvo relacionado con la presentación de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSPP, concerniente a la criminalización de la protesta producto de la actividad sindical. Alexander López, senador de la República y uno de los testigos en esta Audiencia, dio a conocer, por medio de algunos videos, los obstáculos que puso la multinacional, tanto a él como a integrantes de la USO, a la verificación institucional que realizaría el senador en su calidad de funcionario público. Dichos obstáculos se materializaron con la intencionada presencia de maquinaria pesada en medio del camino y la obstaculización de la fuerza pública por orden de Pacific Rubiales.

La Audiencia concluyó con la exposición de las propuestas: alternativa y orgánica de hidrocarburos y la relacionada con la disminución de los costos del combustible hasta en un 50%, así como con la invitación de las comunidades indígenas oriundas de esta región a defender los recursos naturales y la responsabilidad que adquirieron los sindicatos canadienses de continuar en la exigencia de suspender la presencia multinacional de ese país en Colombia