Dirigido al representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional, a la Organización Mundial Contra la Tortura, a Human Rights Watch, a la Comisión de la Verdad, a la oficina de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, al Comité de Verificación de los Acuerdos de Paz, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Personería de Bogotá, a la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, y a la opinión pública.

Frente a la grave situación de violencia que vive la ciudad, se solicita acompañamiento y veeduría internacional en Bogotá D.C. para garantizar el derecho humano y fundamental a la protesta social pacífica y manifiesta frente a las actuaciones del gobierno distrital y nacional:

1. Que en este momento no se está garantizando el derecho a la protesta social pacífica por parte del gobierno distrital, ni del gobierno nacional. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá no cumple con los protocolos internacionales, nacionales y distritales; está violando de manera grave y sistemática los derechos humanos, sin dar cabal cumplimiento al Decreto 563 del 2015. Exigimos que se detenga de forma inmediata la violencia, abuso y brutalidad policial.
2. Las organizaciones de derechos humanos han recibido denuncias por parte de la ciudadanía, en las que se ha alertado sobre graves hechos presentados en Bogotá D.C. como detenciones ilegales y arbitrarias, utilizando infraestructura pública como el Portal Américas de Transmilenio para torturar jóvenes, evidenciando tratos crueles e inhumanos. Encerramiento por parte del ESMAD a las manifestantes sin rutas de evacuación claras y seguras. Ataques de la fuerza pública a defensoras de derechos humanos, periodistas y personal de salud que busca socorrer a las personas herida El uso de un colegio para operaciones de la fuerza pública en el marco de la represión de la protesta, resaltando el aterrizaje de un helicóptero Black Hawk con munición de gases para el ESMAD en Bosa. El uso de gases desproporcionado, que provocó afectaciones a la salud afectando viviendas y conjuntos residenciales de barrios populares, en Usme hubo un caso de un gas por el aire entró a una casa. Fuerza pública que roba a las manifestantes, tortura y presuntamente participa en procesos de desaparición forzada. Uso de “armas no letales” con graves consecuencias, como propiciar quemaduras, afectaciones a la integridad personal, lesiones oculares y hasta tentativas de homicidio. También hay casos de homicidios que se encuentran en proceso de esclarecimiento en cuanto a su nexo causal con las jornadas de protesta del Paro Nacional.
3. Hacemos un llamado a la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López a pronunciarse de manera vehemente frente a la violencia policial, a llamar a la Policía Metropolitana de Bogotá a acatar el orden legal y constitucional, así como la cadena de mando de la Alcaldía Mayor, así como aplicar de manera integral el Decreto 563 del 2015, que garantiza el derecho a la protesta social pacífica. La alcaldesa no puede mantener una actitud de ambigüedad frente a los graves hechos de abuso y violencia policial que se han presentado durante el Paro Nacional. Hoy no es claro, cuál es la autoridad civil que está al mando de la policía en la ciudad de Bogotá.
4. Denunciamos la no aplicación del Decreto 563 de 2015 con referencia a la intervención de organizaciones de derechos humanos. La administración distrital no realizó una planeación y preparación integral para garantizar el derecho a la protesta social con las organizaciones de derechos humanos, barriales, ambientales, feministas, animalistas y sociales, ni con el Comité Distrital de Paro. Tampoco está teniendo ninguna incidencia la participación de las organizaciones de defensa de los derechos humanos en el Puesto de Mando Unificado, y sus intervenciones y peticiones no son respondidas de manera efectiva. Especialmente grave es el secretismo y la negación de información con referencia a las razones y al momento en que el ESMAD o la Fuerza Disponible intervienen en los puntos de protesta social, además las actas del Puesto de Mando Unificado están siendo recortadas y la intervención de las organizaciones de derechos humanos no aparecen registradas en las mismas. Sistemáticamente las cámaras de seguridad no funcionan cuando de registrar abuso policial se trata. Todo esto va en contravía de las determinaciones del Decreto 563 del 2015, de la Resolución 1190 del 2018 y de la Sentencia 7641 del 22 de septiembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia.
5. Conminamos a la administración distrital, a la Policía Metropolitana de Bogotá, al gobierno nacional en especial, al Ministerio de Defensa, a renovar los acuerdos de garantías a la protesta social en la ciudad.

6. Manifestamos que la protesta pacífica en Bogotá no puede ser violentada ni por el abuso de la policía, ni por actos violentos en los sectores empobrecidos y segregados de la ciudad que en algunos casos pueden estar soportados en redes i En ambos casos es deber del gobierno; prevenir con una política de seguridad integral estos actos violentos, y además controlar a la Policía Metropolitana como parte integral del Estado, cuya responsabilidad es garantizar los derechos humanos de las manifestantes.
7. Pedimos a la Alcaldía Mayor de Bogotá, en articulación interinstitucional, que presenten e implementen planes de prevención integrales para garantizar el derecho legítimo a la protesta social pacífica.
8. Instamos a la Policía Metropolitana de Bogotá a instancias del gobierno distrital a un reconocimiento del abuso policial y el no cumplimiento de protocolos, como un primer paso para desescalar la violencia en la ciudad. Sin reconocimiento por parte del Gobierno Distrital y la Policía Metropolitana de lo que está pasando, no habrá un proceso de reparación integral y por lo tanto, de reconciliación entre las ciudadanías que ejercen el derecho a la protesta social pacífica y las fuerzas de policía en la ciudad. La administración distrital en cabeza de la Alcaldesa, no puede ser inferior a este llamado ético.

Por lo tanto, frente a esta vulneración sistemática de los derechos humanos y la falta de garantías para ejercer el derecho a la protesta social por parte de las ciudadanías, solicitamos al representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión de la Verdad, a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional, a la Organización Mundial Contra la Tortura, a Human Rights Watch, a la Procuraduría General de la Nación, a la Personería de Bogotá, a la Oficina de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, a la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno  y al Comité de Verificación de los Acuerdos de Paz:

1. Generar una Veeduría Internacional sobre el cumplimiento del Decreto 563 del 2015, la Resolución 1190 del 2018 y de la Sentencia 7641 del 22 de septiembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia. En particular, relacionado con el papel de la fuerza pública en la protesta social y en la garantía del uso de la fuerza bajo los principios establecidos en los protocolos por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, así como las garantías de la real y eficaz incidencia de las organizaciones de derechos humanos en el Puesto de Mando Unificado.”
2. Acompañar a las organizaciones que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos en la ciudad, para rodearlas de garantías con el fin de que puedan cumplir su labor, sobre todo de sus Comisiones de Verificación e Intervención CVI.
3. Acompañar los espacios de diálogo territorial que se están generando con las manifestantes para iniciar un proceso de verdad, justicia y reparación integral desde los territorios afectados por la violencia en escenarios de protesta social, de tal manera que se empiecen a transformar las dinámicas de conflictividad territorial de manera no violenta, generando diálogos improbables.
4. Facilitar el diálogo con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá para este proceso de verdad, justicia y reparación integral.
5. Acompañar los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y los mecanismos territoriales de defensa de derechos humanos que está gestionando la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

Bogotá 9 de mayo del 2021. Suscriben:

Comité de Derechos Humanos del Concejo de Bogotá

Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas

Fundación Lazos de Dignidad

Alternativa

Temblores ONG

Boroló

Comité Distrital de Paro CDP

Ciudad en Movimiento

Colectivo José Martí

Red Popular de Derechos Humanos

Comité Local de Derechos Humanos de Suba

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz CIJP

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU

Comité Permanente de Derechos Humanos

Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -ColectivoOFB

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR

Comité de Solidaridad con Presos Políticos CSPP

Humanidad Vigente Corporación Jurídica

Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos

Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle

Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo – MODEP

Colectivo Jurídico Popular de Engativá

Congreso de los Pueblos

Asociación dhColombia

Red Contra el Abuso de Autoridad Red CAA

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE Capítulo Bogotá

Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular Comisión de Garantías de Derechos Humanos Congreso de los Pueblos

Fundación de Derechos Humanos PASOS

Fundación Defensoras de los Derechos del Pueblo BAKIA

Comisión Colombiana de Juristas CCJ

Corporación Juridica Yira Castro

Asociación Colombiana de de Estudiantes Universitarios – ACEU

Mesa Ambiental Usaquén San Cristóbal Oriental UPZ 11 Territorio La Mariposa de los Cerros Orientales de Usaquén

Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA

Coordinador de Organizaciones Sociales COS Bogotá

Central Unitaria de Trabajadores CUT Bogotá-Cundinamarca

Unión Patriótica UP

Juventud Comunista Colombiana JUCO

Unión de Jóvenes Patriotas UJP

Juventud Humana Bogotá

Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria ANDES

Polo Joven

Red Nacional del Agua de Colombia

FUMPAZ

Colectivo Psicosocial Colombiano COPSICO

Colectivo Agrario Abya Yala

Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC

Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y Contra la Guerra REDEPAZ

Asociación Distrital de Educadoras ADE

Proceso de Comunidades Negras – PCN Bogotá

Ecolectiva

Kilombo Autónomo Iré Arikú

Fundación Red Hilos de Ananse

Juntanza Techotiva

Asamblea Suba Oriental

Colectiva Antimilitarista La Tulpa

Fundación Ecológica Bacatá

Red de Mujeres de Puente Aranda

Don Jumento Comunicación Alternativa

Fundación Alma

Tejido Pal Barrio

Escuela Popular Ambiental y Cultural de Puente Aranda

Huerta Agroecológica Las Hadas

Colectiva Las Abejas

Movimiento PorLaVida

Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior – UNEES

Colectivo Jaime Garzón Unisalle

Colectivo Vamos Por los Derechos

Somos Uno

The Class Records, medio comunitario alternativo de Engativá

Caicas

Asociación Dedise

Huertas Chapinero

Colectivo Yuliana Samboní

Corporación de Estudios Sociales y Jurídicos Sentipensar

Colectivo Alianza por el Agua

Mesa de Cerros Orientales

Comité Páramo Cruz Verde

Colectiva Huertopía

Observatorio de Paz

Colectivo Interdisciplinario de Derechos Humanos Waman Iware

Cátedra Itinerante Orlando Fals Borda

Movimiento Magisterial Dignidad Educativa

Casa de Los Colores

Critical Peace & Transformation

Veeduría Ciudadana para la Protección de la Reserva Van Der Hammen

Voces En Resistencia VER Fontibón

Asociación Minga

Corporación Manaba

Corporación Yurupari

Corporación Colectivo Creacción

Esquema Feminista de Derechos Humanos

Colectivo Ciudadano Sembradores Van Der Hammen

Teusaradio

Red de protección y bienestar animal de Bosa

Organizaciones internacionales:

Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, Liga Mexicana por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Asociación Chilena de Amistad con la RASD, Fundación Constituyente XXI Chile, Amigos por un Sahara Libre – México