Lejos de ser una figura jurídica neutral y efectiva al servicio de la justicia,  la extradición en Colombia ha sido usada en detrimento de los principios de soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

En Colombia ha sido usada principalmente por requerimientos de los Estados Unidos y entendida como un mecanismo legal en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, no todas las personas entregadas por el gobierno son grandes capos funcionales al tráfico de drogas; al contrario, la opinión pública ha conocido denuncias del juzgamiento en estrados judiciales norteamericanos, de personas humildes acusadas falsamente de traficar coca y lavar activos. Adicional a ello, aunque ha bajado el número de hectáreas de cultivos ilícitos en los últimos diez años, nuestro país es hoy el segundo productor de drogas en el mundo, lo que indica que el negocio persiste, como trasnacional del capitalismo, aunque hayan sido condenadas en el exterior, algunas de sus cabezas visibles.

Más allá de los imperdonables errores investigativos de la policía judicial de los Estados Unidos y la falta de control eficaz de las autoridades colombianas al momento de estudiar un requerimiento en extradición, la aplicación de esta figura ha traído consigo problemas de mayor envergadura, entre las que se encuentran las dificultades de acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas  de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia y las dificultades que hoy implican para la concreción de un acuerdo de solución política al conflicto, al constituirse en una amenaza contra los miembros de la insurgencia que den el paso hacia la construcción de una nueva sociedad sin el uso de las armas.

Ya en el pasado, la extradición fue aplicada como una herramienta de presión a las organizaciones rebeldes que se hizo más evidente en el caso de Simón Trinidad; así como una forma de silenciamiento contra varios comandantes paramilitares que aún deben al país la verdad sobre los más altos responsables de la conformación y funcionamiento de aparatos organizados de poder desde donde se cometieron sangrientos crímenes contra la población colombiana.

En contraste con los altos requerimientos de las autoridades norteamericanas y aunque mucho se ha dicho y documentado sobre papel jugado tanto por el Gobierno de Estados Unidos como de las Empresas de ese país en el conflicto armado interno, en Colombia ni siquiera se denota interés de la administración de justicia en investigar y sancionar, menos aún de requerir en extradición, a quienes siendo extranjeros resulten responsables de crímenes que constituyan violaciones a los derechos humanos contra nuestros nacionales.

A lo anterior se suma, el abandono estatal al que son sometidos los ciudadanos colombianos llevados a cárceles en el exterior. Ninguna verificación de sus condiciones y menos aún, notas de protesta se realizan de parte del estado Colombiano ante situaciones que violentan los principios y reglas mínimas para el tratamiento de la población reclusa, tales como el aislamiento prolongado, las restricciones de información, las limitaciones en el contacto y comunicación con familiares, amigos y abogados, las falencias en la prestación de servicios de salud, entre otras prácticas de sistemas penitenciarios como el norteamericano, que a pesar de haber sido denunciadas públicamente, persisten.

Así pues, existen razones de peso para oponerse a la extradición de cualquier ciudadano. Primero, como un ejercicio de soberanía y autodeterminación, segundo, para garantizar desde nuestro país, el respeto cabal de los derechos de quienes se encuentran privados de la libertad, a la vez que se propicia y avanza hacia la satisfacción de los derechos a la verdad y la justica de las víctimas de crímenes de Estado y la sociedad.

Por esta razón, nuevamente convocamos a todos los colombianos y colombianas, a los familiares y amigos de los presos, a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a los colectivos de presos políticos y al movimiento social, a unir fuerzas en la campaña “Por la soberanía, no a la extradición con el objetivo de:

Rechazar y denunciar el uso de la extradición como una violación a nuestra soberanía.

Defender los procesos de paz entre el Gobierno y las insurgencias y promover su construcción democrática.

Visibilizar la grave situación carcelaria y jurídica que tienen que soportar las personas extraditadas por orden del Estado colombiano.

Exigir la suspensión y cesación definitiva del constante flujo de connacionales en extradición y la repatriación de quienes ya están extraditados.

Promover reformas legislativas por la no extradición como aporte  a una política criminal alternativa bajo el paradigma de una justicia restaurativa.

La soberanía de los pueblos no es un concepto vacío sino un escenario en permanente disputa política  dentro y fuera del país; es una condición necesaria para la paz con justicia social y el derecho de la libre autodeterminación de los pueblos: no a la extradición!  

Colombia, 28 de febrero de 2015

CONVOCAN: Sinaltrainal; Fundación Comité de Solidaridad con los presos políticos-FCSPP-; Unión Sindical Obrera –USO-; Sintraunal; Congreso de los Pueblos; Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia –REDHER-; Coordinador Nacional Agrario –CNA-; Corporación Solidaridad Jurídica; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Campaña Soberanía y Libertad No a la Extradición; Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza; Poder y Unidad Popular -PUP-; Equipo Jurídico Pueblos; Congreso Ambiental de Santander-CASA AGUAYA; Movimiento de trabajadorXs Campesinxs del Cesar –MTCC-, Ciudad en Movimiento; Acadehum Santander; Asociación de Familiares y Amigos de Presos de Cúcuta ASOFAMINTERCCUC;  Fundación para la Promoción de la Justicia Social Javier Alberto Barriga Vergel; Movimiento Social y Político de Masas de Centro oriente; Familiares y Amigos de los Presos del Nororiente; COSPACC; Fundación Joel Sierra; PUP Santander; Fundación Territorio por la Vida Digna; ASOINCA; Equipo de asistencia humanitaria y carcelaria DDHH de la CUT de Santander; Cut Arauca;  ASONALCA; ASCATIDAR; CDP; REDHC; Red Internacional de Solidaridad con las Prisioneras y Prisioneros Políticos Colombianos-INSPP; Grupo de Trabajo Carcelario Ruptura; Cátedra Libre y Abierta contra la Nueva Inquisición; Fundación Colombia Soberana; Izquierda Libertaria (Chile); Komitek Internacionalista de País Vasco; Unión Syndicale  Solidaires (Francia); ASSOCIATION AIPAZCOMUN (Suiza) Colectivo de Presos Políticos de Palogordo “José Antonio Galán”; Movimiento Nacional de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo; Colectivo de Presos Políticos Orlando Quintero Páez - Picota-Bogotá; Presos Políticos y Detenidas Políticas del complejo carcelario de Cúcuta; Colectivo de detenidas política Policarpa Salavarieta de la cárcel de mujeres de Chimitá – Bucaramanga; ANTHOC Cauca; Corporación Nasa Yak del Cauca; Corporación Fénix del Sol "CORFESOL"; Aline Castro, Red Por ti América, BRASIL; Igor Calvo, militante de base del FNRP, Honduras; ADHESIONES DE ARGENTINA: Asociación de ex - Detenidos Desaparecidos (AEDD - Argentina); Grupo de Comunicaciones: El Lente; La Retaguardia, en la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina; Aurora Tumanischwili Penelón, Guillermo López, FeTERA FLORES (Federación de trabajadores de la energía eléctrica de la República Argentina en CTA); Marta Speroni, militante internacionalista por los DDHH; Alejandro Cabrera Britos, delegado General ATE SENASA MARTÍNEZ; Carlos Guanciarrosa, Agrupación Enrique Moscón, FETERA; Carlos Loza, AGP, junta interna  Asociación General de Puertos; Eduardo Espinosa, ATE, Ministerio de Desarrollo Humano Pvcia de Buenos Aires; CARINA MALOBERTI, Consejo Directivo Nacional – ATE-CTA; Convocatoria por la liberación Nacional y Social, Frente Sindical: Agrupación Martín Fierro (Varela, Mar del Plata y Neuquén); Agrupación político; sindical Tolo Arce; Centro Cultural “Alejandro Olmos”; Convocatoria Alte. Brown; Convocatoria Matanza; Convocatoria Capital Federal; Convocatoria Comunidad; campesina Tartagal-Salta; Biblioteca Popular Fernando Jara, Cipoletti, Río Negro, Herman Schiller, periodista y conductor de “Leña al fuego” y “Aguantando de pie”; Susana Rearte, Coordinadora en defensa del patrimonio público y de la Soberanía; María Rosa González, comunicadora social; Sindicato Mexicano de Electricistas - Nueva Central de Trabajadores (México); Wayna Tambo - Red de la Diversidad (Bolivia)