• Denunciamos y rechazamos el asesinato de Eibar Angulo Segura en el Consejo Comunitario La Nupa, vereda Porvenir, kilómetro 52 del municipio de Tumaco el 11 de noviembre a las 2:30 p.m.
• En lo corrido del año van más de 17 comuneros indígenas han sido asesinados en varios sectores rurales de la costa nariñense, entre ellos el guardia indígena Euliquio Pascal Rodríguez y el líder Juan Pablo Prada.
• Exigimos al gobierno nacional a atender la situación del municipio de Tumaco que tan sólo en el mes de octubre ha registrado 20 asesinatos.
• Queremos poner especial atención a la situación humanitaria que está viviendo la comunidad Awá del Resguardo indígena Piguambí Palangala de Tumaco, quienes se encuentran en medio de un fuego cruzado y se ven enfrentados diariamente a vivir en el confinamiento.
• Urge la implementación y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.  Pues las fumigaciones terrestres con glifosato en el marco de las erradicaciones forzadas autorizadas por el gobierno nacional en los Consejos Comunitarios Libertador y Río Tapaje del municipio de El Charco, han causado graves afectaciones a cultivos de pan coger y a la salud de sus habitantes.

El 11 de noviembre de 2020 a las 2:30 pm fue asesinado a plena luz del día el señor Eibar Angulo Segura en el Consejo Comunitario La Nupa, vereda Porvenir, kilómetro 52 del municipio de Tumaco. Este hecho ocurrió frente a la mirada de varios de los habitantes de la comunidad entre los que se encontraban niñas y niños que compartían en el polideportivo, ubicado en el centro de la cabecera municipal. A lo largo de este año, el Consejo Comunitario La Nupa ha tenido que soportar varios hechos de asesinatos, amenazas, persecución y reclutamiento forzado, lo que ha causado desplazamientos y confinamientos.

En el corregimiento de Llorente y las veredas Guayacana y Candelillas del municipio de Tumaco, se han venido presentándose diferentes hechos victimizantes como asesinatos, desapariciones y desplazamientos masivos, en el marco de la disputa por el territorio de los diferentes grupos armados que operan en la zona, la cual cuenta con fuerte presencia del Ejército Nacional.

Por otro lado, el Pueblo Indígena AWA, y en particular el Resguardo indígena Piguambí Palangala de Tumaco, se encuentra en medio de un enfrentamiento armado por grupos al margen de la ley. Estos enfrentamientos mantienen a la población en confinamiento, con restricciones a la movilidad y con escases de alimentos.

En lo corrido del año van más de 17 comuneros indígenas asesinados en varios sectores rurales del pacífico nariñense, entre las comunidades más afectadas está el resguardo Inda Sabaleta, territorio donde fue asesinado el guardia indígena Euliquio Pascal Rodríguez el 07 de octubre en horas de la tarde. Tres semanas antes de la muerte de Euliquio fue asesinado al líder social y profesor indígena Juan Pablo Prada en el resguardo Piguambi Palangala, corregimiento de Llorente y cinco indígenas más pertenecientes al resguardo de Sabaleta resultaron muertos, tres desaparecidos y 500 personas desplazadas. 

En el casco urbano del municipio de Tumaco la ocurrencia de homicidios es casi diaria, con épocas agudas como la presentada el pasado mes de octubre, en el que ocurrieron más de 20 homicidios. El desplazamiento interno, los secuestros y extorsiones persisten, y el reclutamiento forzado es sistemático.

A los sucesos de violencia organizada ilegal se suman las erradicaciones llevadas a cabo por el Gobierno Nacional, las cuales son interpretadas por las comunidades como la continuación al proyecto de muerte para los pueblos étnicos del Pacífico Nariñense, ya que en el marco de la pandemia generada por el Civd-19 se vienen llevando a cabo fumigaciones terrestres con glifosato en los territorios de los Consejos Comunitarios y de los resguardos indígenas.

Continuando con estas dinámicas de negación cultural y territorial, el 25 de octubre la Policía Nacional notificó mediante oficio al alcalde del municipio de Roberto Payán el inicio de actividades de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre, desconociendo los Acuerdos de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícitos firmados por las comunidades.

Es grave que el Gobierno nacional actual guarde silencio frente a estas circunstancias y haga caso omiso al llamado urgente y desesperado de las comunidades que piden el cumplimiento del Acuerdo de Paz y una atención integral de las necesidades sociales del territorio – no se trata de masificar la presencia de la Fuerza Pública que ya es desbordante en la región, sino de construir alternativas reales de cambio.

Por la gravedad de los hechos, exigimos:

1. Al Gobierno Nacional, brindar garantías de protección integrales y urgentes para las comunidades étnicas del Pacífico Nariñense, y que se cumplan de buena fe el Acuerdo Final de Paz y los Acuerdos de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito.
2. Al presidente de la República Iván Duque, emitir un pronunciamiento oficial sobre la posición gubernamental que se tiene frente a la problemática social que afronta la región y una respuesta concreta a la exigencia de cumplir lo pactado en los Acuerdos de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito.
3. Al Alto Comisionado para la Paz y a la Consejería Presidencial para el Posconflicto, realizar un informe completo de las medidas que se han tomado en la región del Pacífico Nariñense para dar cumplimiento a los Acuerdos de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, señalando con claridad el presupuesto destinado para estos planes y el nivel de cumplimiento que a la fecha se tiene.
4. Al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional, informar sobre los planes de erradicación manual y erradicación terrestre con herbicida que se están llevando a cabo en los municipios del Pacífico Nariñense.
5. A la Fiscalía General de la Nación, garantizar celeridad en las investigaciones frente a la ocurrencia de los diferentes hechos delictivos al interior de las comunidades étnicas del Pacífico Nariñense.
6. A la Comisión Nacional de Garantías: Convocar un espacio de concertación respecto de los lineamientos de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales para el caso concreto del Pacífico nariñense, considerando que en el territorio existen grupos sucesores del paramilitarismo y neoparamilitares, disidencias de las FARC y del ELN. En este espacio de discusión es fundamental que se garantice la participación efectiva de la sociedad civil, los líderes sociales y defensores de derechos humanos. 
7. A la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General y a las Personerías municipales, dar impulso y seguimiento a las diferentes acciones de protección y defensa de los derechos humanos en el territorio.
8. A la Comunidad Nacional e Internacional y Organizaciones Solidarias: Difundir y respaldar la presente acción urgente.

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL PACIFICO NARIÑENSE – REDHPANA.

COLECTIVO SOCIOJURIDICO ORLANDO FALS BORDA- COLECTIVO OFB,

COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS- CSPP,

INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ – INDEPAZ.

CORPORACIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DDHH – REINICIAR,

COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO – CCAJAR.