Washington, D.C. y Bogotá, 5 de octubre, 2020.- En una audiencia realizada en el marco del 177 periodo de sesiones, sobre interceptaciones ilegales en Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó a dirigentes políticos y a organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas de actividades de inteligencia ilegal, así como a representantes del Estado Colombiano, delegados de la Fiscalía, la Procuraduría y el Embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Las víctimas de interceptaciones ilegales presentaron los recientes hechos de inteligencia ilegal revelados por la revista Semana dentro del escándalo conocido como las carpetas secretas, así como otros posteriores a la desaparición del extinto DAS. Es el caso de la operación Andrómeda contra participantes del proceso de paz, revelada en el 2014, y otras operaciones de espionaje y descrédito emprendidas desde organismos de inteligencia en 2018 y 2019. “Estos graves hechos representan una violación al derecho a la oposición, del derecho a la libertad de expresión y de derechos fundamentales a las víctimas” señaló el senador Iván Cepeda, quien en los últimos seis años, ha estado incluido en seis operaciones distintas de inteligencia ilegal, algunas practicadas desde el Ejército y otras desde la Fiscalía General de la Nación. Indicó, además, que si bien la Corte Suprema ha oficializado la situación en torno a los perfilamientos del Ejército, la Fiscalía no ha actuado ni ha mostrado ningún resultado concreto en relación con denuncias que han sido documentadas.

Por su parte, el senador Gustavo Bolívar cuestionó y recordó que “estos hechos de vigilancia ilegal atentan contra el Estado Social de Derecho, ponen en riesgo la democracia y restringen el ejercicio de la oposición como conquista del pueblo colombiano para evitar el autoritarismo”.

En cuanto a la legislación, el abogado Moisés David Meza de la Comisión Colombiana de Juristas señaló que “a pesar de que la ley de inteligencia establece que dichas funciones se ejercerán con el respeto a los derechos humanos, la práctica contradice la norma. Como lo demuestran los reiterados casos, se ha normalizado el ejercicio de labores de inteligencia contra la judicatura, el periodismo, la oposición política y la defensa de los derechos humanos, es decir, estas labores son percibidas como amenazantes o peligrosas.”

La Fundación Karisma, que participó en esta audiencia en calidad de experta invitada, junto con la organización Privacy International, expusieron el uso abusivo de nuevas tecnologías como equipos de interceptación remota de señales móviles, uso de metadatos que permiten establecer la ubicación de las personas y otra información personal, y los llamados perfilamientos, o recopilación sistemática de información de la actividad de las personas en sus redes sociales con fines de persecución política. Como se ha expuesto, "las autoridades han abusado de las tecnologías más allá de la interceptación de las comunicaciones fijas y móviles, a través de algunos procedimientos como el hackeo, perfilamiento y captura de datos”. Juan Diego Castañeda, abogado y Coordinador de Investigación de Karisma.

Por otra parte, los peticionarios expresaron que los principales obstáculos han sido la falta de reconocimiento de las condición de víctimas desde las fases preliminares del proceso, pese a los estándares internacionales, y de acceso a la información, lo que en casos como el del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), y los senadores Gustavo Bolívar e Iván Cepeda, ha obstaculizado su participación dentro del caso. Pero además persiste la falta de información oficial sobre el total de personas u organizaciones que habrían sido víctimas de estas actividades criminales. “No se ha dado una explicación satisfactoria sobre por qué no hemos sido reconocidas como víctimas, por qué no se nos permite una participación activa en el proceso ni hemos podido conocer la información completa” explicó Jomary Ortegón abogada del Cajar.

La delegación del Estado colombiano en cabeza de Alejandro Ordoñez, embajador ante la OEA, negó el carácter sistemático de estas actividades señalando que corresponden a actuaciones indebidas de individuos particulares, e insistió en referirse exclusivamente al episodio de las carpetas secretas. También afirmó que hay nueve investigaciones abiertas por estos hechos, negando además la falta de participación de las víctimas.

Al respecto, tanto la comisionada Flávia Piovesan como la relatora especial para Colombia Antonia Urrejola y el relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza, recordaron que la problemática de la inteligencia ilegal en Colombia ha ocupado a la CIDH por dieciséis años durante los cuales han persistido la impunidad y la falta de información sobre el contenido de estas actividades ilegales, así como la falta de esclarecimiento sobre las motivaciones y la estructura que opera detrás de las interceptaciones, y la repetición de los hechos. Este tema “Ha estado en informes anuales de 2004, 2009 y 2014. Es una situación que hemos estado monitoreando y sobre la que nos hemos pronunciado en distintas ocasiones”.

Las víctimas reiteraron que el Estado colombiano ha sido interpelado en distintas ocasiones por las llamadas “chuzadas” cuyo episodio más reciente involucra a agentes del Ejército, tanto por la misma CIDH como por relatores de las Naciones Unidas. Debido a esta práctica reiterada que va de la mano con otros graves ataques contra personas defensoras de derechos y opositores en Colombia que se han agudizado durante el actual gobierno, los y las organizaciones y personas peticionarias pidieron la inclusión de Colombia en el capítulo IV.B de su informe anual donde se incluyen los países cuyas situaciones de derechos humanos son de especial preocupación para la CIDH. “Si el Estado tiene tolerancia cero con la vigilancia ilegal, ¿Por qué no responde las preguntas que le hicieran la Comisión Interamericana y las Naciones Unidas sobre estos últimos incidentes? Todo indica que el Estado mantiene acciones que lo vinculan por acción y omisión con hechos ilegales que profundizan la violencia e impunidad”, señaló Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL.

Los y las ponentes a su vez pidieron a la Comisión el otorgamiento de las medidas cautelares pendientes a dirigentes políticos que han sido objeto de acciones de inteligencia en Colombia, aún si no han sido amenazados. En el caso de que hubieran recibido amenazas, se solicitó que se sostengan las medidas con órdenes específicas para que sean efectivas en desactivar los riesgos.