Señores(as)

Partido Centro Democrático

Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares-ACORE

Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN

Federación Nacional de Comerciantes- FENALCO

Sociedad de Agricultores de Colombia- SAC

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice, y las demás organizaciones que integramos la Campaña por la Verdad, exigimos verdad total e íntegra de todos los responsables armados y no armados, legales e ilegales, vinculados con los aberrantes delitos cometidos durante más de 60 años de violencia sociopolítica, conflicto armado y genocidio político continuado en Colombia. 

En aras de incentivar el compromiso con la verdad de todos los que perpetraron atrocidades en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica, instamos también a la Fiscalía y a las autoridades judiciales para que cumplan simultáneamente su deber de investigar tanto a agentes estatales como a los políticos, empresarios y financiadores, que han eludido su compromiso de rendición de cuentas, se han abstenido de comparecer ante la JEP o, en su caso, de aportar verdad plena y permanecen en la más descarada impunidad.

Las víctimas de crímenes de Estado exigimos verdad completa de todos los actores, como forma de enfrentar el negacionismo y el memoricidio; el desmonte completo de las estructuras y prácticas empeñadas en contra de los movimientos y liderazgos sociales,  y consolidar estrategias colectivas para aportar a la difusión de la verdad como bien público y fundamento de las garantías de no repetición.

El reconocimiento temprano de verdad no sólo le corresponde al partido Fuerza Alternativa del Común-FARC; las víctimas también demandamos plena verdad sobre la criminalidad estatal y la responsabilidad de quienes fueron gobernantes y presidentes durante los años más oscuros de la violencia política. Exigimos verdad plena por parte de los miembros de la Fuerza Pública, paramilitares, élites, gremios empresariales nacionales y trasnacionales,  partidos y movimientos políticos, civiles financiadores, dirigentes políticos y servidores públicos que, por acción u omisión, cometieron o contribuyeron en la planificación y estructuración de sistemas y políticas de guerra, traducidas en la comisión de  crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos en nuestro país, o que todavía continúan promoviendo y/o encubriendo el accionar de estas organizaciones criminales.

Reclamamos verdad sobre ¿Quién dio la orden? de 1.982 masacres, con 11.751 víctimas entre 1980 y 2012, de las cuales 171 fueron cometidas directamente por la Fuerza Pública, y 1636 fueron cometidas por grupos paramilitares con el auspicio, complicidad, anuencia y silencio cómplice de las Fuerzas Militares. 

Miles de familias seguimos buscando a nuestros seres queridos y aún nos preguntamos, ¿dónde están las más de 82.998 personas desaparecidas en Colombia? ¿Por qué solo tenemos información de 42.471 personas? ¿Quiénes han impedido que se conozca el paradero de nuestros familiares? A partir de los casos en los que se tiene información, se desprende que los grupos paramilitares y las estructuras sucesoras del paramilitarismo, así como la Fuerza Pública, desaparecieron a más de 32.110 personas, lo que corresponde al 75,6% del total de los casos . ¿Por qué se los/as llevaron? ¿Quién dio la orden? 

Las madres y familiares de más de 5.763 personas ejecutadas extrajudicialmente por la Fuerza Pública, entre los años 2000 y 2010, aún estamos luchando incansablemente y dignamente por obtener justicia y verdad frente a estas graves violaciones a los derechos humanos. Nos preguntamos ¿Quiénes diseñaron el plan criminal para que, durante los últimos 15 años en Colombia, fuera ejecutada extrajudicialmente una persona cada 18 horas?

Millones de personas fuimos expulsadas de nuestros territorios de origen desde 1985, desplazamientos forzados de los cuales por lo menos 1.621.335 son responsabilidad de los paramilitares y sus grupos post desmovilizados, y 51.676 directamente responsabilidad de la Fuerza Pública  ¿En beneficio de quiénes se ordenaron estos desplazamientos? ¿Por qué no podemos volver a nuestras tierras y quiénes se han adueñado de ellas? Ya sabemos las cifras y estamos convencidos/as que son muchas más las víctimas, pero lo que aún no sabemos es ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Quiénes lo ordenaron? y ¿Qué querían? 

Además, los gremios y empresas están en deuda con el país, pues estos sectores no han contado la verdad sobre su vinculación con los paramilitares y agentes del Estado, en relación con el fenómeno del desplazamiento forzado y el despojo de tierras, teniendo en cuenta que existió por parte del sector comercial y empresarial apropiación de las tierras después de que las comunidades fueron desplazadas, imponiendo con su llegada un modelo de desarrollo agrario extractivista. 

Las víctimas y el país en su conjunto tenemos derecho a conocer la verdad de las políticas, prácticas, normas y directrices que han promovido la ejecución de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado y particulares que actuaron con su apoyo, tolerancia o aquiescencia, que se traducen en responsabilidades institucionales, individuales y colectivas.

El derecho a la verdad requiere de la acción de la justicia, por ello no deja de ser contradictorio que mientras un actor del conflicto empieza a asumir su compromiso con la verdad, otros actores, principalmente aquellos vinculados a investigaciones por crímenes de lesa humanidad y miembros del actual partido de gobierno, promuevan iniciativas para eliminar la JEP, argumentando ser un escenario de impunidad. ¿A qué le temen? Insistimos en que la verdad debe estar acompañada de investigaciones serias y exhaustivas de la sistematicidad de los crímenes de Estado, así como las circunstancias en que fueron cometidas, la identidad de los responsables y el grado de participación de los autores y demás implicados responsables de éstas, y también de sus motivos. ¿Acaso no reviste mayor impunidad, el pretender destruir lo que se ha podido avanzar en el conocimiento de la verdad, de qué pasó?

La verdad integral y la satisfacción de los derechos de las víctimas de la violencia estatal son el único camino para la reconciliación y las garantías de no repetición, y esta sólo se logrará si el Estado, sus instituciones y sus agentes, incluyendo los civiles, reconocen su responsabilidad en esta estrategia sistemática de represión y persecución, y se lleven a cabo las reformas institucionales para que, en Colombia, nuestro grito de NUNCA MÁS sea una realidad. 

Hoy hacemos un llamado a que estas personas, gremios, élites, agentes del Estado y partidos políticos que faltan por contar la verdad, dejen de utilizar nuestro nombre para promover referendos y otras iniciativas que buscan sepultar la justicia y la verdad; eso es darle la espalda a las víctimas. Les hacemos un llamado para que empiecen a aportar a la construcción de la paz asumiendo su responsabilidad en los hechos ya mencionados.

Por último reiteramos nuestro compromiso con la construcción de paz en Colombia, considerando que para que este ejercicio sea asumido verdaderamente como una responsabilidad de toda la sociedad, es necesario primero dar pasos sinceros hacia el esclarecimiento de la verdad y la dignificación de las víctimas, lo que conlleva a que los responsables de graves violaciones a los derechos humanos asuman su responsabilidad frente a estos hechos y aporten a resolver todos los interrogantes que aún persisten, y frente a los cuales EXIGIMOS, HOY Y SIEMPRE, SABER LA VERDAD. 

Suscriben,

CAMPAÑA POR LA VERDAD

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado-Movice

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos-CCEEU

Corporación Jurídica Yira Castro -CJYC-

Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda – COFB

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP

Corporación Jurídica Libertad- CJL

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar