Bogotá, 19 de octubre de 2022. La Coalición Colombiana contra la Tortura (CCCT)[1] y otras organizaciones[2] que trabajan por la prevención de este delito buscan que el Estado colombiano ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en Colombia (Optional Protocol to the Convention Against Torture -OPCAT-). 

El OPCAT es un tratado internacional complementario a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas que permite enfocar la acción del Estado en la prevención de estos crímenes, con el acompañamiento de un Subcomité creado para la Prevención de la Tortura. Colombia es uno de los pocos países de Latinoamérica que aún no ha ratificado este instrumento. Hasta ahora los diferentes gobiernos justificaron su decisión de no ratificar este tratado en la existencia de una institucionalidad fuerte para prevenir la tortura en Colombia, a pesar de que la sociedad civil ha denunciado que este delito se ha seguido perpetrando. 

Entre el 21 de noviembre de 2019 y el 28 de julio de 2021, la Campaña Defender La Libertad registró 133 muertes arbitrarias producto del uso arbitrario de la fuerza y 80 casos de tortura durante detenciones administrativas y/o con fines de judicialización. Por su parte, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos documentó que entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de octubre de 2021 se realizaron 1.849 necropsias en el servicio de patología forense de Medicina Legal por sospecha de tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes a personas privadas y no privadas de la libertad.

Para impulsar esta ratificación, la experta argentina Andrea Casamento, integrante del Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, realizó una visita no oficial a Bogotá el 12, 13 y 14 de octubre. Durante su estancia, Casamento, junto con integrantes de la CCCT y las otras organizaciones de sociedad civil, se reunió con delegados de las instituciones estatales involucradas en el proceso de ratificación del OPCAT, quienes compartieron la buena noticia del cambio de postura del actual Gobierno y su voluntad de ratificar este Protocolo Facultativo. Edgar Rojas, director de derechos humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la decisión del Gobierno de ratificar este tratado, y cómo se encuentran trabajando para la pronta presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de la República para la adopción del Protocolo. 

Luego, la Senadora Jahel Quiroga y funcionarios de varias UTL, le manifestaron a la experta Casamento su respaldo a la ratificación del OPCAT y su compromiso de impulsar el avance del proyecto de ley, tanto en la Comisión Segunda del Senado, donde tendría que iniciar su trámite, como en los tres debates posteriores que tendría que pasar esta iniciativa para convertirse en ley.  

Por su parte, el viceministro de política criminal y justicia restaurativa, Camilo Umaña, expresó el compromiso del Ministerio de Justicia de apoyar, no sólo la adopción del instrumento, sino la puesta en práctica del contenido de este Protocolo Facultativo, y en concreto en dos asuntos: 1. Organizar la visita oficial del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas a Colombia para hacer un diagnóstico de la situación, y  2. Diseñar e implementar un mecanismo nacional independiente para la prevención de la tortura. El viceministro también manifestó su interés de trabajar conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a las que hacen parte de la Coalición Colombiana Contra la Tortura, para avanzar en estas acciones una vez sea ratificado el OPCAT en Colombia. 

La CCCT saluda estos positivos anuncios y ve en ellos la oportunidad para tomar medidas efectivas contra la tortura, los malos tratos y los tratos crueles inhumanos o degradantes, con el objetivo de saldar la deuda pendiente que tiene Colombia con las víctimas de la tortura. 

Coalición Colombiana Contra la Tortura

[1] La Coalición Colombiana Contra la Tortura (CCCT) es una confluencia de organizaciones de derechos humanos que desde el año 2003 promueve acciones para la prevención, denuncia y visibilización de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes que ocurren en Colombia, ante instancias nacionales e internacionales. De esta manera, la Coalición está conformada por la Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos – ASFADDES-, Centro de Atención Psicosocial –CAPS-, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CCAJAR-, Comisión Colombiana de Juristas – CCJ-, Corporación REINICIAR, Corporación Vínculos, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos – FCSPP- y la Organización Mundial Contra la Tortura -OMCT- 

[2] Equipo Jurídico Pueblos, Mujeres Libres y Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad.