La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Colombia por las manifestaciones violentas contra personas y organizaciones que participan en la jornada de protestas del paro nacional, así como algunos actos violentos contra la fuerza pública, nos llevaron a Dejusticia y a otras 22 organizaciones de derechos humanos del país a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realice una visita ‘in loco’ en la que pueda documentar las denuncias, así como los impactos diferenciados de la violencia en mujeres, personas LGBT, defensoras de derechos humanos, periodistas y comunidades étnicas.

En ese sentido, también consideramos conveniente que la CIDH impulse y conforme un Grupo Especial de Investigación sobre violaciones a derechos humanos y graves crímenes cometidos por la fuerza pública en entornos de protesta y manifestaciones sociales que abarque los hechos de los últimos tres años.
A continuación presentamos la carta que enviamos este miércoles 5 de mayo de 2021 a la presidenta, vicepresidentas, comisionados, secretarios y relatores especiales del organismo internacional.

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Señores y señoras Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Reciban un cordial saludo de parte de este grupo las organizaciones firmantes colombianas con trabajo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En primer lugar, queremos agradecer la reunión del lunes pasado desarrollada con la Secretaria Ejecutiva Adjunta Marisol Blanchard, el Relator sobre libertad de expresión Pedro Vaca Villareal y personal de la Secretaría
Ejecutiva que hace monitoreo a la situación de derechos humanos en Colombia. Este espacio de escucha y encuentro permitió presentar un panorama nacional de las agresiones sistemáticas
que se vienen presentando desde el 28 de abril por parte de la fuerza pública en nuestro país.

En segundo lugar, las organizaciones que suscribimos la presente comunicación constatamos con indignación, temor e impotencia que la violencia estatal no cesa y se ha ensañado contra
sectores organizados y movilizados, la mayoría juveniles. Además de las valiosas acciones que la Comisión ha realizado en llamamiento al cese de la violencia, respeto y garantías a la protesta
social y seguimiento a sus estándares, consideramos que dado el escalamiento de la situación se requieren otras acciones, como una visita in loco en la que se puedan documentar en terreno
las denuncias de las víctimas y procesos organizativos afectados; con la posibilidad de identificar impactos diferenciados de las violencias en mujeres, personas LGBT, defensoras de derechos
humanos y periodistas, así como comunidades étnicas.

En tercer lugar, queremos reiterar el incremento del autoritarismo y la cooptación de los mecanismos de rendición de cuentas. La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría han
evidenciado un comportamiento asimétrico y parcializado en la investigación de los hechos que alteran la protesta, enfocada en la investigación de denuncias de agentes estatales y omitiendo,
al igual que en ocasiones anteriores, sus funciones en relación con las denuncias de agresiones a los manifestantes. Por su parte, el Defensor del Pueblo ha incumplido sus obligaciones de acompañar el ejercicio de derechos en las marchas y sus funciones de garante de los derechos de la población. De igual forma, notamos la ausencia de mecanismos en torno a la rendición de
cuentas, registro y publicidad de las actividades de los operativos que permitan establecer responsabilidades posteriores. Por tal razón, consideramos conveniente impulsar y conformar
un Grupo Especial de Investigación sobre violaciones a derechos humanos y graves crímenes cometidos por la fuerza pública en entornos de protesta y manifestaciones sociales que abarque
los hechos de los últimos tres años.

Como organizaciones de derechos humanos con diversas fortalezas temáticas, contacto con víctimas y procesos organizativos afectados; así como presencia en diferentes territorios, nos
ponemos a su disposición para generar las condiciones para que ambas iniciativas puedan implementarse exitosamente.

Con sentimientos de consideración y estima,

Asociación Minga
Católicas por el Derecho a Decidir – CDD
Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”- CAJAR
Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -Colectivo OFB
Colombia Human Rights Committee
Colombia Diversa
Comisión Colombiana de Juristas – CCJ
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comité de solidaridad con presos políticos – CSPP
Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta – CCDHM
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado – CODHES
Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos – CCEEU
Corporación de Apoyo a Comunidades Populares – CODACOP
Corporación Humanas -Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género
Corporación Jurídica Libertad – CJL
Corporación Jurídica Yira Castro -CJYC
Corporación Reiniciar
Corporación Sisma Mujer
DH Colombia – Asociación Red de defensores y defensoras de derechos humanos
Fundación Nidia Erika Bautista – FNEB
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Women’s Link Worldwide