Por: Prensa Movice

Aún el país no tiene certeza sobre el total de las víctimas de crímenes de Estado. Los datos varían: al menos 6.402 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008 según reconoció recientemente la Justicia Especial para la Paz, crimen de Estado sin ejemplo similar en el mundo; 83.000 personas desaparecidas forzadamente, según informes de diversas instituciones estatales, organizaciones de derechos humanos y de familiares, crimen de Estado que sobrepasa en decenas de miles a los desaparecidos y desaparecidas del Cono Sur; 6.433.115 personas desplazadas forzadamente, cifra que posiciona a Colombia, después de Siria, como el segundo país a nivel mundial con la mayor cantidad de desplazados internos; 1.834 casos de tortura entre 2001 y 2009; 6.590 personas detenidas arbitrariamente entre 2002 y 2004 de modo masivo e irregular, según cifras de organizaciones de derechos humanos; 180.290 personas víctimas de asesinatos selectivos, de los cuales fueron responsables 77.854 grupos paramilitares y 7.063 agentes del Estado; 4.279 masacres que dejaron un saldo de 24.837 víctimas, 6.201 víctimas del genocidio de la Unión Patriótica entre 1984 y 2002, 4153 asesinadas, secuestradas o desaparecidas forzadamente y 2049 sobrevivientes de amenazas, intentos de homicidios, tortura, violencia sexual, detención arbitraria, exilio; 723 hechos de violaciones a los derechos humanos contra el movimiento político ¡A Luchar!, genocidio efectuado sobre 529 personas, 260 víctimas de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y 80 casos de desaparición forzada.

En todo lo anterior, existe un vacío enorme de información, las cifras pueden elevarse a medida que avanza el esclarecimiento sobre estos crímenes. Conocemos muchas de estas cifras gracias a las investigaciones de organizaciones de derechos humanos, de víctimas y a informes del Centro Nacional de Memoria Histórica publicados en su anterior administración, pero estamos convencidas que aún hay verdades y preguntas por responder: por qué, cómo, con qué intereses, bajo qué política, para qué. ¿Quién dio la orden?

A cuatro años y cuatro meses de la firma del Acuerdo final de Paz, se han reconfigurado discursos y prácticas guerreristas que sirven de combustible para la exacerbación de la violencia en los territorios, atentando contra las formas de vida de las comunidades y callando la voz, casi a diario, de liderazgos sociales que trabajan arduamente para materializar la paz.

En esta radiografía el Estado ha sido uno de los principales responsables de las cifras y sigue siendo quien perpetua el genocidio político continuado en nuestro país, muestra de ello son las 76 masacres, en las que fueron asesinadas 292 personas, incluyendo 6 niñas y 18 niños, según desveló este martes (23.02.2021) la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su informe anual. Entre las víctimas, se cuentan 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes. Siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014.

Estos preocupantes reportes se han puesto en conocimiento del Estado colombiano, así como de organismos internacionales de verificación de derechos humanos por parte de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, lo que ha producido nuevas amenazas contra nuestras vidas. Tenemos evidencia de que persiste una política de negación de los crímenes de Estado y de ocultamiento de la verdad, que se constata con la más abrumadora impunidad y que vemos con preocupación cómo se exacerba a medida que en algo se avanza en el esclarecimiento de lo sucedido. 

Este gobierno no ha descansado en obstruir las facultades del Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición -SIVJRNR, lo cual implica: impunidad, ausencia de verdad e imposibilidad de construir garantías de no repetición. Nos preocupa que el partido de gobierno y sus simpatizantes, que dicen hablar en nombre de las víctimas, sean quienes promueven acciones que solo buscan perpetuar la impunidad y favorecer a los agentes del Estado que son responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Ejemplo de ello, mencionado por el Movice infinitas veces, es el actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH y algunos funcionarios nombrados recientemente en esta y otras instituciones del Estado.

Además, somos testigos en el presente de la existencia de un pacto de silencio entre agentes estatales, orquestado con el Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (FONDETEC), cuyo propósito es continuar ocultando los hechos y circunstancias que rodearon las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas y, con ello, proteger la responsabilidad de altos mandos militares y mal llamados terceros, implicados en estas graves violaciones a los derechos humanos.

Hoy, en el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, queremos respuestas y exigimos verdad total e integra sobre los máximos responsables de la violencia estatal. Exigimos que cese el genocidio político en nuestro país y llamamos a que la justicia actúe de manera objetiva porque NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY.

 El Movice y la sociedad colombiana no dejaremos de preguntar ¿Quién dio la orden?

Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad.

Somos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.