El pasado 18 de agosto en los juzgados de Paloquemao se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el agente del Esmad Julio Rodríguez Rúa por el homicidio del joven de quince años Nicolás Neira.

Durante esta audiencia se esperaba poner fin a doce años de impunidad tras conocer  el testimonio del entonces capitán Julio César Torrrijo Deiva, quien el declaró culpable por encubrir a su subordinado, Rodríguez Rúa, en cumplimiento de la orden del Mayor del Esmad Mauricio Infante Pinzón.

Sin embargo, después de escuchar las pruebas de la fiscalía el abogado del patrullero  Julio Rúa pidió al juez de este caso valorar la posibilidad de que la justicia penal militar llevara este caso. Decisión rechazada de inmediato por la fiscalía Quinta  de Derechos Humanos al explicar  que el Consejo Superior de la Judicatura hace nueve años  declaró que esa jurisdicción era competencia absoluta de la justicia ordinaria por tratarse de  un delito de lesa humanidad.

A pesar de la declaración de la fiscalía, el juez  afirmó que ese  fallo se efectuó antes de conocer la naturaleza del autor de homicidio  por lo que se declaró impedido  y remitió nuevamente el caso al Consejo superior de la Judicatura para que sea quien decida el futuro jurídico de este caso que tras 12 años sigue en la total impunidad.

Cabe recordar que hace nueve años fue el  mismo consejo superior de la judicatura quien recalcó mediante un escrito que quien debía investigar este asesinato era la justicia ordinaria.

Tras conocer esta decisión del juez, el padre de Nicolás Neira, Yuri Neira, quien ahora reside en España por las múltiples agresiones y amenazas  contra su vida,  decidió salir de la audiencia para denunciar la clara dilatación e impunidad en el caso de su hijo.

“Es algo que no tiene precedentes en la historia judicial, ver  semejante pantomima, ver a un juez de garantías tímido, temeroso y miedoso. Señaló Yuri Neira a las afueras de los juzgados de paloquemao

Por otro lado, el abogado de la víctima, Pedro Mahecha, aseguró que por esta decisión arbitraria se pedirá a la Procuraduría que se investigue al juez que lleva este caso por desconocer  tanto la decisión del mismo Consejo de la Judicatura como de la misma Corte Constitucional,  que señala que las violaciones a los derechos humanos no es competencia de la jurisdicción Penal Militar.

Ahora solo queda que sea el Consejo Superior de la Judicatura quien ponga fin a estos dos años de impunidad.

Contexto

El joven Nicolás Neira murió un  6 de mayo de 2005 en la Clínica Saludcoop de la calle 104 con Autopista Norte, en Bogotá, víctima de un trauma craneoencefálico severo que sufrió a consecuencia de una golpiza que recibió por parte de algunos uniformados durante las manifestaciones del día del trabajo, el 1º de mayo de 2005.
 
Con 15 años de edad, el estudiante de noveno grado del Liceo Hermano Miguel de la Salle y otro grupo de marchantes fue atacado con gas lacrimógeno, patadas e impactos con bastones o lonfas de las que disponían los policías que integraban el grupo antidisturbios sobre la carrera séptima, a la altura de la calle 18.
 

A pesar de que el joven perdió el conocimiento, afirman testigos, los uniformados no sólo se negaron a prestarle primeros auxilios o trasladarlo a un centro de atención médica, sino que siguieron golpeándolo.