Tres meses y 18 días han transcurrido tras el vil asesinato de Bernardo Cuero, quien se desempeñaba como Fiscal Nacional y coordinador en el Atlántico de la Asociación Afrocolombianos de desplazados (Afrodes), miembro  de la Mesa de Víctimas de  ese departamento, representante legal de una organización social de Malambo, líder comunal y tallerista sobre reparación colectiva.

Su asesinato ocurrió el pasado 7 de junio, cuando dos hombres llegaron en una motocicleta de color negro y le dispararon  mientras él observaba un partido de fútbol en el barrio Villa Esperanza, ubicado en el Municipio de Malambo.

Mucho se habló sobre su asesinato, sobre todo el hecho de que fuera una muerte anunciada  a la que ninguna institución hizo caso. Según sus familiares, Bernardo venia pidiendo protección al Estado para seguir realizando sus actividades.

“En 2013 él había solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un esquema de seguridad tras recibir diferentes amenazas contra su vida, sin embargo, ninguna de sus solicitudes fue atendida”.  Señaló una de sus familiares.

Y es que según los últimos informes realizados por la misma institución señalada anteriormente, Bernardo,  tenía un nivel de riesgo “ordinario”, razón por la cual le fue negado dicho esquema.

Lo que evidentemente fue una negligencia del Estado, conllevó a que Bernardo perdiera la vida y se sumara a los 51 líderes/as sociales asesinados por grupos paramilitares durante los últimos nueve meses. Esta  cifra ha sido  recolectada por el programa somos defensores.

Investigación frente a su asesinato.

Frente a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, el 17 de junio la Policía Nacional capturó a  Víctor Carlos Meriño Pereira, por el asesinato del líder Bernardo Cuero. Ese mismo 17 fue presentando ante el juez 13 Penal Municipal con función de garantías, para realizar la legalización de su captura y correspondiente imputación.

El 19 de junio se le impuso medida de aseguramiento como autor material de los delitos del homicidio agravado en concurso con fabricación y tráfico de armas de fuego.  Sin embargo, en relación con la investigación aún no se ha avanzado mucho, lo único que se sabe es que existen interceptaciones ordenadas a los abonados telefónicos de algunas personas contra quienes se tiene sospechas de estar involucrados en este crimen.

A ciencia cierta aún no se conoce ninguna otra actividad investigativa por parte de la fiscalía que pueda develar quién o quiénes, habrían planeado el asesinato de Bernardo.

Dos de las cosas que más preocupan a los familiares de Bernardo y al mismo abogado defensor, José Humberto Torres,  es: primero, lo que ha dicho el fiscal encargado de la investigación Elkin Chiquillo a otros fiscales, en donde según su criterio la descripción física que dio la testigo principal frente al “sicario” no concuerda con las características de Meriño Pereira, quien hoy se encuentra privado de la libertad.

La segunda preocupación, es que al parecer  el fiscal Chiquillo no ha presentado el escrito de acusación, negligencia que de ser cierta  puede llevar a que el autor material del homicidio de Bernardo quede en libertad por vencimiento de términos.

Para el abogado defensor, Humberto Torres, la manera como el fiscal ha llevado este caso deja varias preocupaciones sobre el futuro y éxito de la investigación. “No es posible que para investigar los crímenes de líderes/sociales o ejercer justicia frente a quienes han ordenado sus asesinatos queden en la impunidad, mientras para judicializar líderes y defensores si exista un rigor de la justicia”.

La organización Afrodes ha decidido acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que con la intervención de este órgano intergubernamental el Estado colombiano se vea compelido a hacer efectivos los derechos a la Verdad a la justicia y a la reparación.