A cinco años y cuatro meses de la firma del Acuerdo Final de Paz, continuamos comprobando  la falta de voluntad del Estado colombiano de reconocer su responsabilidad en la instalación del genocidio continuado que ha buscado la aniquilación de todo aquel que se ha atrevido a pensar y actuar diferente. La violencia estatal y paraestatal, como ha reconocido el Tribunal Permanente de los Pueblos en su Sentencia sobre el genocidio político, impunidad y los crímenes contra la paz en Colombia (2020-2021), ha perseguido la destrucción de identidades colectivas, por medio de estrategias de terror y e intimidación que, al día de hoy, siguen siendo la respuesta a las situaciones de seguridad y orden público que se presentan en el territorio nacional.

El reciente informe publicado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ratifica aquello que el Movice ha venido denunciando insistentemente: el incremento de la violencia en zonas rurales y algunos centros urbanos; la continuidad de los obstáculos para el acceso a la justicia; la limitada presencia integral del Estado; las escasas garantías con las que cuentan los defensores y defensoras de derechos humanos para el ejercicio de su labor por enfrentarse a graves situaciones de estigmatización y riesgo inminente; la precaria garantía de derechos y la exacerbada desigualdad. Todo lo anterior como resultado de un Estado que ha maximizado esfuerzos para obstaculizar la implementación del Acuerdo Final de Paz, ha ponderado la militarización de los territorios para la resolución de los conflictos sociales, ha profundizado la exclusión, el racismo y la discriminación, ha ignorado las recomendaciones internacionales para el mejoramiento de la situación de los derechos humanos en el país y ha promovido la privatización del uso de la fuerza, promoviendo el paramilitarismo.

Con una cifra de 306 personas firmantes de la paz asesinadas desde su desmovilización, 1.320 líderes/as asesinados/as junto a 20 masacres consumadas en lo transcurrido del año 2022,  como Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado reiteramos hoy, día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, que no estamos dispuestos a aceptar la guerra como destino. Es por ello que este 6 de marzo, en perspectiva de garantías de no repetición, le exigimos al Estado un compromiso real con el desmantelamiento de las organizaciones armadas que hoy instalan el terror en al menos 27 departamentos del país, por medio de la apertura de diálogos con las estructuras insurgentes para la búsqueda de acuerdos de paz y la implementación de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones criminales, que busque darle fin definitivo y simultáneo a todas las violencias directas que hoy siguen dejando víctimas en Colombia, incluyendo además que la desarticulación de las cerca de 22 estructuras paramilitares que hoy amenazan la seguridad de las comunidades. Esa es la verdadera forma de demostrarle a la comunidad internacional el tan citado compromiso que el presidente Iván Duque ha promulgado tener con la garantía de los derechos humanos. 

La impunidad que envuelve los crímenes cometidos por agentes estatales en Colombia es el combustible para el recrudecimiento de la violencia del Estado contra la población civil, la perpetuidad del exterminio a la oposición y la prolongación de un régimen autoritario que no honra los compromisos asumidos como Estado sino que permite y promueve el genocidio continuado mientras se dice democracia. Dicha impunidad se encuentra arraigada en lo más profundo del funcionamiento del Estado cuando encontramos un aparato de justicia, un Ministerio Público y una Fiscalía General de la Nación deliberadamente inoperantes que se esfuerzan en garantizar que los agentes estatales responsables de graves violaciones a los derechos humanos no sean perseguidos ni juzgados.

Con ocasión de este día de conmemoración, nos pronunciamos para mantener la memoria viva y honrar con nuestra voz de denuncia la vida de cada uno/a de los/as defensores y defensoras de Derechos Humanos, los/as líderes/as sociales, ambientales, estudiantiles que han sido estigmatizados/as, criminalizados/as, judicializados/as, mutilados/as, encarcelados/as, desaparecidos/as, exiliados/as, torturados/as, desplazados/as y asesinados/as por el Estado colombiano, a la vez que reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por la verdad y la justicia, contra el olvido y la impunidad. 

La consecución de la paz pasa por la desaparición de las narrativas negacionistas que buscan desconocernos como víctimas; también por la investigación, juzgamiento y sanción de los agentes estatales comprometidos con la violencia contra la población civil, el cese de la promoción de políticas públicas regresivas en derechos, el reconocimiento público de responsabilidad, la puesta en marcha de una reforma estructural a la Fuerza Pública, la promoción de estrategias institucionales para la protección del liderazgo social y sin duda alguna, la implementación total  del Acuerdo de Paz. 

En memoria de Teófilo Acuña, Jorge Tafur, y las miles de víctimas que ha dejado la violencia estructural con la que el Estado colombiano sigue estando comprometido, hoy  aprovechamos la ocasión para resaltar la oportunidad histórica que tiene la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) en el contexto de su reciente decisión de concentración de tres nuevas líneas de investigación, una de las cuales abordaría los crímenes cometidos por la Fuerza Pública. Este alto Tribunal tiene esta vez en sus manos la posibilidad de aportar a la materialización del sueño por el cual tantos/as líderes/as han entregado su vida, y esperamos sepa corresponder con suficiencia a esa gran responsabilidad: el esclarecimiento de la responsabilidad de agentes estatales en la comisión de crímenes de lesa humanidad y la investigación de la desaparición forzada como política de Estado, para que nunca más se repitan los crímenes de Estado en Colombia.