En la Cartilla se presenta información relevante para que las organizaciones sociales puedan realizar procesos de formación interna y así se fortalezca el monitoreo desde la sociedad civil a la actuación institucional en el marco de las movilizaciones sociales. Para ello, la cartilla contiene un recuento de la normatividad internacional que protege el derecho a la protesta social; la normatividad interna que la regula, entre estas el Código de Policía y la ley de Seguridad Ciudadana; y finalmente, el Protocolo de actuación de la sociedad civil en el marco de la protesta social construido por la Campaña.
Por más de cinco décadas Colombia ha sido testigo de un conflicto armado cuyas causas tienen origen en la exclusión política de amplios sectores de la sociedad y en el sostenimiento de un modelo económico que beneficia sólo a unos pocos. En el actual contexto, las víctimas no pueden ser entendidas, solamente, como aquellas que han sido afectadas de manera directa por el conflicto armado.
En Colombia, los centros de reclusión han sido caracterizados como lugares donde se vulneran los derechos humanos, al punto que la Corte Constitucional, en distintas sentencias de tutela, ha declarado la existencia de un Estado de cosas inconstitucional. Esta situación obliga a aumentar el nivel de exigibilidad de los derechos, tanto fuera como dentro de las cárceles.
Esta cartilla está dedicada a las prisioneras y prisioneros políticos colombianos que resisten el encierro con dignidad y templanza. La cartilla se centra especialmente en el componente de justicia del Sistema desarrollado en la Jurisdicción Especial para La Paz - JEP y de ésta, lo relativo al punto II: contenidos, alcances y límites de la concesión de amnistias e indultos, así como otros trámites especiales, del mayor interés para las prisioneras y prisioneros políticos.