A quince horas de Bogotá se está desarrollando la prueba definitiva de eficacia de una de las leyes más cuestionadas y publicitadas del gobierno de Juan Manuel Santos, la ley de víctimas y restitución de tierras. La comunidad de Pitalito, diecisiete familias que fueron obligadas a abandonar sus casas, cultivos y forma de vida, han retornado a sus tierras sin esperar que un juez les diera autorización. Han ejecutado su derecho al, como se llama, retorno voluntario exponiéndose a pecho descubierto.