Manifestamos nuestro rechazo frente a los hechos de violencia ocurridos en la plaza de toros la Santa María, en especial el uso indebido y arbitrario de  la fuerza, por parte de miembros de la Policía, quienes utilizaron armas de letalidad reducida las cuales dispararon en repetidas ocasiones balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes a una distancia menor a la indicada por los manuales internos. Como resultado de estas acciones hubo  varias personas asfixiadas por el gas, y con heridas múltiples en rostro y cuerpo. Al respecto instamos a que se esclarezcan los hechos y se  realicen las investigaciones pertinentes, para evitar que las movilizaciones sociales se vean afectadas por el accionar indebido de la fuerza pública.

Las comisiones de verificación de derechos humanos de la Campaña tuvimos registro de 18 personas heridas, ocho detenidas y una judicializada bajo el cargo de violencia contra servidor público, todas estas personas fueron conducidas a la UPJ de Puente Aranda. Adiciona a esto es preocupante la manera hostil en que algunos agentes de policía actuaron al momento en que las Comisiones de Verificación e Intervención  de la Sociedad Civil  (CVI) se acercaron para mediar la situación;  ejemplo de ello es la manera en que el sargento mayor Patiño se negó a brindar información a las comisiones sobre las personas que fueron detenidas durante la movilización, actuación que sin lugar a dudas se constituye en un ejercicio violento y que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, máxime, si se tiene en cuenta que en ninguna normatividad de manera explícita se “ordena negar información” de las personas que son retenidas o privadas de la libertad, así como indicar el lugar en el que se encuentran. 

Expresamos nuestra preocupación frente a la presencia de algunos agentes vestidos de civil grabando la manifestación con sus dispositivos móviles personales, teniendo en cuenta que este accionar es ilegal. Cabe llamar la atención el claro sesgo político con el que actuó el delegado de la personería de la UPJ de Puente Aranda al momento en que uno de los miembros de la campaña pidió atención a las personas detenidas, argumentando, sin pruebas, que estos hicieron parte de hechos violentos ocurridos en la plaza, hecho que evidencia que la criminalización contra la protesta persiste.

Es de anotar, que las estigmatizaciones a los ciudadanos y a los defensores de derechos humanos, coloca en riesgo la vida e integridad física de esta franja de la población, y que son estas actuaciones las que cobraron en el país la vida de más de 73 defensores de derechos humanos en el año 2016.

Por ende, consideramos pertinente, recordar las observaciones finales del Comité de DDHH de Naciones Unidas sobre el séptimo informe periódico de Colombia, donde expresa: “El Estado parte debe continuar e incrementar sus esfuerzos para prevenir y erradicar efectivamente todas las formas de uso excesivo de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad; y velar por que todas las alegaciones de uso excesivo de la fuerza sean investigadas de manera pronta, exhaustiva e imparcial y los autores sean enjuiciados y sancionados. Presuntos actos de intimidación, amenazas o ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, funcionarios judiciales, abogados y activistas sociales y de derechos humanos”

Frente a todo lo descrito anteriormente exigimos:

El desmonte del ESMAD por ser incompatible con el Estado social de derecho y por ser un agente permanente de vulneración derechos humanos. De manera inmediata que se cumplan con los protocolos internacionales para que se garantice el derecho fundamental a la protesta.

A las autoridades judiciales y organismos de vigilancia y control, que se adelanten en forma inmediata las investigaciones penales y disciplinarias por estos hechos de violación a los derechos humanos. En los casos del ejercicio del derecho de protesta, antes de la intervención policial, se debe permitir la participación de los gestores de convivencia o autoridades civiles

Por último exigimos hacer un llamado al Ministerio público, frente a la imparcialidad y objetividad de sus funcionarios, puesto que su papel es garantizar los derechos fundamentales de las personas, y no el de señalar y estigmatizar la movilización social.