• Durante los tres días de audiencia se presentaron los alegatos iniciales por parte de la Fiscalía de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que reitera el escrito de acusación presentado el año pasado.  

• Mejía fue acusado por 35 hechos de esta naturaleza que dejaron por lo menos 72 víctimas, entre ellas, menores de edad, campesinos, personas en situación de vulnerabilidad económica e integrantes del pueblo indígena Kankuamo.  

• En la audiencia intervinieron 3 comparecientes, que fueron subordinados de Mejía y que ofrecieron testimonio que sustentaría la responsabilidad del coronel (R). También se escuchó el testimonio de dos víctimas de la primera modalidad del patrón. 

• Todos estos testigos estaban relacionados con la primera modalidad del patrón criminal: el establecimiento de una alianza criminal con grupos paramilitares para asesinar civiles, que luego eran presentados ilegalmente como bajas en combate. 

Valledupar, 23 de septiembre de 2024. Los familiares de los jóvenes asesinados por militares en el sur de La Guajira y el norte del Cesar, presentados ilegítimamente como bajas en combate, y sus representantes esperan que el juicio contra Publio Hernán Mejía, del que culminó la primera sesión de audiencias, conduzca a la condena del excomandante del Batallón La Popa, acusado por 35 hechos criminales que ocasionaron 72 víctimas en esos municipios del Caribe colombiano, en el marco de un patrón de macro-criminalidad, con diversas modalidades de ejecución.  

Las acusaciones en contra de Mejía incluyen no solo la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como la tortura, sino también la concertación y coordinación para la comisión de los crímenes con el grupo paramilitar autodenominado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) del Cesar, quienes estaban al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40′. 

“Las víctimas llevan esperando al menos 22 años a que cese la impunidad y que se reconozca que esto fue una política de Estado promovida e incentivada a lo largo y ancho del país y no de unas manzanas podridas como lo han querido hacer ver”, señaló Lina Hurtado, abogada del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), que junto al Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), tienen la representación de las víctimas. De otro lado, el Cajar y el CSPP valoran positivamente que en el juicio se haya habilitado la posibilidad de que la representación de víctimas haga preguntas complementarias a los testigos, “pues es una garantía de participación y de centralidad para las víctimas”.  

Durante los tres días de audiencia, del 18 al 20 de septiembre del 2024, tres comparecientes fueron llamados a juicio, Manuel Valentín Padilla, Heber Hernán Gómez y Nelson Javier Llanos Quiñonez, exintegrantes del Batallón La Popa, quienes narraron no solo las órdenes que les dio el coronel (R) Publio Hernán Mejía, sino también el relacionamiento que este habría mantenido con los paramilitares para la entrega de las víctimas que luego serían reportadas falsamente como bajas en combate.  

Se realizarán cinco audiencias del juicio, en los siguientes meses del año, para presentar más de 80 testigos en la corte. Las siguientes audiencias serán en Bogotá los días 17 y 18, 28 y 29 de octubre del 2024. La representación de las víctimas espera que el proceso avance progresivamente y con celeridad: "Por supuesto, que desde las víctimas y sus representantes hay muchas expectativas sobre los avances del juicio y que en un futuro muy cercano se pueda dar por concluido, claramente probando, más allá de cualquier duda razonable, la responsabilidad de Publio Hernán Mejía como autor mediato y coautor de estos crímenes de Estado”, señaló Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de víctimas. 

Igualmente, la representación de las víctimas ha insistido en que estos hechos se enmarcan en una política promovida e incentivada desde las más altas esferas del gobierno de la época, por lo que se practicarán las pruebas por ellas solicitadas, que incluyen, entre otras, los testimonios de expertos que han documentado por años las atrocidades cometidas y que evidencian la magnitud de los daños, impactos y afectaciones a nivel individual, familiar y colectivo que aún padecen las víctimas.  

Vale la pena recordar que, luego de solicitud presentada por las organizaciones acompañantes, el Cajar y el CSPP, se logró ampliar las facultades concedidas a las víctimas y sus representantes en el curso de este proceso, siendo un importante hito que amplía los estándares de participación en la justicia ordinaria y que impactará, sin duda, los derechos de las víctimas de crímenes de Estado en su conjunto.  Consecuencia de esta ampliación en las facultades, la vocería de la representación de víctimas participó en el inicio del juicio, formulando preguntas complementarias a cada testigo. 

Suscriben,

• Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
• Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)