En noviembre de 2016 el movimiento social en Antioquia, lleno de esperanza, celebramos la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno con las FARC-EP y los alivios humanitarios que se evidenciaron en varias de las subregiones más afectadas por el conflicto armado en el departamento. Sin embargo, en el 2018 comenzamos a ser testigos de cómo el gobierno fue socavando la implementación de la paz a partir de la puesta en marcha de una agenda basada en la militarización de los territorios, la violación de los derechos humanos, el desamparo del Estado en regiones que históricamente sufrieron el recrudecimiento del conflicto y la desprotección de la labor de las lideresas y lideres sociales; las consecuencias de desconocer el Acuerdo generaron un nuevo ciclo de violencia que ha dejado muerte, desplazamiento, y miles de personas afectadas en el territorio. Después de casi cinco años, Antioquia es epicentro de una grave crisis humanitaria ocasionada por actores armados legales e ilegales que desconocen el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

La presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de las Disidencias de las FARC-EP —tanto de la segunda Marquetalia y la llamada Línea Gentil Duarte, estructuras paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y otras estructuras criminales, tienen control en el 99 por ciento de los municipios del departamento. A ello se suma la connivencia del ejército y la policía con las organizaciones paramilitares y de narcotráfico, como se evidencia en las subregiones del Bajo Cauca, Nordeste, Urabá y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde pese al incremento de la Fuerza Pública dichas estructuras criminales tienen control social, político, económico y militar. Esta situación ha ocasionado que solo en el año 2021 se hayan contabilizado 238 agresiones contra personas que se dedican a la labor de defensa de los derechos humanos. En lo que va de 2022 ya son 19 los líderes y lideresas sociales asesinados y persiste el desplazamiento forzado, el confinamiento y las amenazas en las subregiones.
Ante esta realidad las plataformas de derechos humanos como la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos - Nodo Antioquia, el Proceso Social de Garantías a la labor de líderes/as sociales y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - capitulo Antioquia, unidos a más de 40 organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, de mujeres, comunitarias, barriales, culturales y de derechos humanos de las subregiones del Bajo Cauca, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá y Valle de Aburrá, además de comunidades religiosas y organizaciones ecuménicas, nos hemos convocado para instalar la Mesa Humanitaria y de Paz del departamento para propiciar el despliegue de iniciativas que nos permitan generar alivios humanitarios y protección de los derechos en los territorios. Para ello hemos convocado a delegados del gobierno local, departamental y nacional, al Comisionado de Paz, a la Comisión de Paz y a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, al Ministerio Público, a las iglesias, a la Organización de Naciones Unidas, a otros organismos internacionales y personalidades políticas que han trabajado por la paz, para que nos acompañen y se sumen a este propósito.
Aceptamos y respaldamos el llamado del Gobierno Nacional a avanzar en propuestas que nos permitan consolidar una paz integral, estable y duradera, mediante la solución política y negociada del conflicto armado y el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y de delincuencia organizada que ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de las comunidades y de los territorios. La Mesa Humanitaria de Antioquia que se instalará este 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos, busca ser un espacio para la consolidación de la participación en los escenarios de paz.

¡PARA LA GUERRA NADA, PARA LA VIDA TODO!