Para cualquier Estado social y democrático de derecho que busque garantizar al máximo los derechos humanos es indispensable contar con una política criminal racional, clara y coherente que le permita no sólo prevenir el delito, sino hacerlo respetando los derechos fundamentales, los derechos humanos reconocidos a nivel internacional y sus propios postulados constitucionales. La obligación de prevenir y perseguir el delito, en este sentido, debe ir más allá de los intereses propios de cada Gobierno y desarrollarse en una política criminal con fundamento empírico, racional, con mecanismos que permitan tanto responder al delito como prevenirlo de una manera respetuosa de los derechos de las personas y de los límites impuestos por el Estado de Derecho.