El Acuerdo Final de Paz parte del reconocimiento de la reconfiguración del conflicto armado, para lo cual establece una serie de instituciones, programas y medidas para garantizar la seguridad territorial de la población y en especial de las personas dedicadas a la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y de quienes ejercen su derecho a la participación y oposición política. 

Dentro de ello, se consideró necesario que la Fiscalía General de la Nación (FGN) incluyera en su estructura un equipo especializado para la investigación y sanción de las agresiones a estas personas, pues la
impunidad, como ha sido dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) propicia la repetición crónica de las violaciones a derechos humanos y específicamente ha advertido que la falta de una investigación y sanción idónea es una de las causas que favorece e incrementa la situación de indefensión y desprotección de las personas defensoras de derechos humanos. Con esa lógica fue creada
la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la FGN. Tras 5 años de creada la institución que fue reglamentada por Decreto 898 de 2017 es necesario preguntarse por su funcionamiento y efectividad: ¿el trabajo de la Unidad esta realmente afectando las estructuras armadas que agreden al liderazgo social y las personas firmantes del Acuerdo?

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