Desde nuestra organización Pueblo y Dignidad, de Asturias, expresamos nuestra profunda preocupación por el aumento de violaciones a los derechos humanos contra líderes y lideresas en Colombia. El 31 de marzo de 2017, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la cifra de 156 defensores y defensoras de derechos humanos asesinadas en sólo 14 meses. Después de esta fecha hemos tenido conocimiento de más de tres líderes asesinados, sin que el Gobierno adopte una política de seguridad en favor de las lideresas y líderes sociales, por el contrario al líder social Bernardo Cuero Bravo, la Unidad de Protección le había retirado su débil esquema de seguridad por considerar que su riesgo era “ordinario”.

La Defensoría del Pueblo había alertado sobre el grave riesgo que corría la vida de este líder de organizaciones de desplazados, presidente de la junta de acción comunal del barrio, aspirante al Consejo de Malambo, defensor de derechos humanos de las comunidades afrodescendientes y miembro de la mesa departamental de víctimas del conflicto armado, Bernardo Cuero fue asesinado el 7 de junio del año en curso en Malambo, Departamento del Atlántico.

El Gobierno de Juan Manuel Santos, a través de la fuerza pública ha desatado una ola de represión contra las comunidades que, en su legitimo derecho a la protesta pacífica, piden se de cumplimiento a los derechos fundamentales, tales como agua potable, salud y respeto a las comunidades afrodescendientes del Chocó y Buenaventura, quienes se vieron en la necesidad de realizar un largo paro cívico con el resultado de 6 personas asesinadas y varios heridos y judicializados, algo injusto para un pueblo que sólo pide mejorar sus condiciones de vida. Es vergonzoso ver como se reprime la legítima protesta de los maestros y educadores que tienen que paralizar sus clases y lanzarse a las calles para que el gobierno “democrático” escuche su pliego petitorio y se mejoren las reivindicaciones de estos trabajadores. Los días 21 y 22 de marzo fueron detenidos de manera irregular las lideresas sociales Milena Quiros, Arisolina Rodríguez, Isidro Alarcón y Francisco Zabaleta, entre otros habitantes del sur de Bolívar.

Milena Quiros es una reconocida defensora de derechos humanos por más de 15 años y actualmente es portavoz de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar. Arisolina Rodríguez es lideresa del proceso Ciudadano por Mico Ahumado. Francisco Zabaleta es representante de la Asociación de Mineros Casa Barro y miembro del Congreso de los Pueblos. De igual manera se han conocido varias ordenes de capturas contra otros líderes sociales, creemos que una vez más se ponen en funcionamiento los llamados “Falsos Positivos Jurídicos” para generar miedo en los pobladores y desarticular los procesos sociales en momentos en que se nos esta hablando de Paz. Este comportamiento es contradictorio y genera desconfianza a un pueblo que soñamos con una verdadera Paz, con democracia, soberanía y vida digna. La firma de los acuerdos con las FARC y losdiálogos y negociaciones con el ELN, nos ha dado un hilo de esperanza en que no se sigan regando nuestros campos y ciudades con la sangre de las personas pobres del país. Creemos que el Señor Juan Manuel Santos como Presidente y Premio Nobel de la Paz tiene la obligación de garantizar el libre derecho a la participación civil y política de la población, que se respete y garantice el derecho a opinar, a ser líder y a defender los derechos humanos. Esperamos se investiguen los hechos de violaciones por parte de la fuerza pública, se investigue a los responsables de los asesinatos contra líderes y lideresas y se castigue a los responsables, se reconozca la existencia de los grupos paramilitares y se desmonten los mismos y que se depuren los informes de inteligencia Por todo esto desde la asociación Pueblo y Dignidad queremos mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad con la campaña “SER LÍDER SOCIAL NO ES UN DELITO