Foto: El Tiempo

Señor

GUILLERMO GONZÁLEZ ANDRADE

Director COJAM

JAMUNDI- VALLE DEL CAUCA.

Reciba de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, un cordial saludo.

Por medio del presente escrito nos dirijimos a ustedes para solicitar su INTERVENCION URGENTE, en la siguiente denuncia que hemos recepcionado:

Las personas privadas de la libertad mediante denuncia pública han manifestado lo siguiente:

1. Que la jornada de protesta del día sábado 21 de marzo del año en curso transcurrió de manera pacífica y que no hubo ningún intento de fuga, como lo manifestaron en los medios de comunicación, por información entregada por el INPEC.
2. Que dentro de esa jornada se llama la atención sobre la problemática de salud que aqueja a todos los centros penitenciarios incluido el complejo de Jamundí.
3. Llamar la atención frente a los medios de contingencia adoptados por usted frente al COVID19 o CORONAVIRUS.

Hechos:

Las personas privadas de la libertad de dicho complejo nos manifestaron  que el día domingo 22 de marzo del año en curso los delegados de derechos humanos de los diferentes patios proponían establecer una mesa de diálogo que permitiera dar salida y respuestas a las solicitudes realizadas por ellos, en dicha reunión, según ellos, participaría los órganos de control, personería del municipio de Jamundí, defensoría del pueblo y procuraduría, junto con estos esperaban organismos internacionales de derechos humanos, dicha reunión no se concretó.

Hoy 24 de marzo del 2020, en una nueva comunicación han manifestado, lo que para ellos son represalias, que desde el día 23 de marzo, has estado sin la prestación del servicio vital del agua y que los han mantenido sin alimentación desde las 13 horas del día anterior hasta por lo menos las 08:30 horas del día de hoy. De igual forma han señalado la actitud desafiante que ha asumido el personal de la guardia del INPEC, situación que si no se evalúa puede generar situaciones complejas.

Con gran preocupación nuestra fundación ha señalado en reiteradas ocasiones que la asistencia médica, continúa siendo para las personas ahí recluidas todo un problema, esta se realiza sin ningún tipo de ayudas técnicas, ni exámenes, donde los diagnósticos se hacen evaluando lo manifestado por la persona afectada, cuando es atendida. Pero ahora nos preocupa aún más cuando se han adoptado una serie de medidas, la restricción de las visitas, para contener una pandemia, pero que otras tendientes a la higiene dentro de los patios, según lo manifestado por los internos, no se han dado, tapabocas, jabón para las manos y que frente a las solicitudes hechas no han obtenido ninguna respuesta, pero algo más grave el ingreso del mismo personal del INPEC sin ningún control y precaución, lo que denota que no existe un plan para enfrentar dicho virus.

No garantizar el derecho fundamental a la salud se constituye en una violación a los derechos fundamentales de manera sistemática y permanente; ya que si no se garantiza ese derecho fundamental se viola de igual forma el derecho fundamental a la vida. Para nuestra fundación el negar o no prestar de manera adecuada el servicio de salud dentro del sistema penitenciario y carcelario se constituye en otra forma de tortura, sometiendo a las personas a vivir con sus dolencias, sin recibir ningún tipo de ayuda.

Consideraciones

Nuestra Fundación, expresa su gran preocupación, por esta situación, que pone en inminente riesgo la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad que están recluidos en el establecimiento de mediana y alta seguridad Jamundí. De igual forma le recordamos que la corte constitucional en la sentencia T388 del año 2013 plantea:

• La Corte hace énfasis en el derecho de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. Según la Corte, este derecho se vulnera por la amenaza constante a la vida, a la integridad personal por la criminalidad e impunidad del sistema penitenciario y carcelario; por las requisas indignas y degradantes a familiares y amigos visitantes de los internos; por la reclusión en condiciones de hacinamiento, sin una infraestructura adecuada, en condiciones de temperaturas extremas, falta de acceso a servicios públicos, alimentación adecuada y suficiente.
• En esta medida, la Corte afirma que el Estado debe garantizar el derecho a la dignidad humana de personas privadas de la libertad; el derecho a la salud, a la integridad física y mental y a vivir en un ambiente salubre e higiénico y el derecho a la visita íntima.
• Sobre la violación grave y sistemática del derecho a la salud la Corte afirma que la violencia en el encierro en la región, se suma la violación grave y sistemática del derecho a la salud. El estado de salud personal, que de por sí se ve amenazado por la reclusión, está expuesto a graves riesgos cuando, además, existen condiciones insalubres, sin higiene y con la posibilidad de sufrir agresiones a la integridad física y mental.  La falta de protección a grupos especiales de la población como las mujeres, los hijos de mujeres en prisión o las personas extranjeras, también son un mal que afecta a la región latinoamericana. Los derechos de estos grupos diferenciales suelen ser desatendidas ante la falta de recursos y la incapacidad de atender, al menos, al grueso de la población.  Las situaciones descritas a nivel regional guardan clara relación con los hechos que ocurren en varias cárceles de Colombia.
• Que el servicio médico esté disponible de manera continua y cuente con medicinas, equipos y personal idóneos para los requerimientos de la población carcelaria.
• Que los servicios de aseo e higiene de las instalaciones se amplíen y fortalezcan en procura de evitar enfermedades, contagios e infecciones y que den cuenta de un plan bien estructurado para contrarrestar o minimizar los efectos del COVID19.

Por lo anterior legitimados en nuestro mandato institucional que “nos proponemos contribuir a la exigencia, promoción y difusión del respeto y las garantías de los Derechos Humanos de todas las personas en Colombia; en especial el derecho a la Vida, la Libertad, la Integridad física y Moral; a un trato digno, a un juicio justo e imparcial y los demás derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos…”, respetuosamente elevamos a su Despacho las siguientes.

Solicitudes

1. Solicitamos respetuosamente sus buenos oficios, para que se REALICE de manera URGENTE, una reunión con las personas representantes de derechos humanos para dar solución a las inquietudes que manifiestan.
2. Atención médica oportuna a las personas que puedan presentar síntomas de gripa u otras, para generar planes de aislamiento.
3. Que informe a nuestra fundación, por escrito y con soportes legales y administrativos, cuales son las acciones de contingencia establecidas, por parte de su dirección para atender la urgencia y tratamiento médico que puedan mitigar o minimizar las afecciones producidas por el COVID 19.

Por último lo señalamos a usted como director y encargado del cuerpo de custodia de la responsabilidad de lo que pueda suceder en materia al derecho a la vida e integridad física de las personas ahí recluidas por la falta de atención médica o la falta de un plan de contingencia frente al COVID19, creemos que las vías del dialogo, no las represivas, pueden dar resultados que permitan dar una salida a esta crisis que hoy aqueja al mundo, pero que se vive con mucha tensión en los centros penitenciarios.  

Fundación Comité de Solidaridad Con los Presos Políticos.

Seccional Valle del Cauca.