El Comité de Solidaridad con Presos Políticos -FCSPP, coadyuvó la petición elevada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR, presentada el pasado 25 de abril ante la Presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), consistente en una solicitud de medidas cautelares acerca de los archivos de las unidades de inteligencia regionales de las Fuerzas Armadas de la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (RIMEC)  y el Comando Conjunto de Inteligencia (Cconi).

Las organizaciones firmantes consideramos que los archivos de las unidades anteriormente mencionadas, cuentan con una importante relevancia para determinar circunstancias de tiempo, modo y lugar de hechos posiblemente relacionados con el conflicto armado.

Lo anterior fundamentado en:

 HECHOS

1. Desde mediados de septiembre del año 2017, algunos medios de comunicación en especial por la Revista Semana en su reportaje titulado “Espías y traición en el Comando de las Fuerzas Militares”, hicieron públicos una serie de actos de corrupción cometidos desde la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta -Rimec, adscrita a la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Conjunta del Comando General -CGFM  y el Comando Conjunto de Inteligencia (Cconi).

2. En dichos reportajes, se hacen públicos presuntos desvíos de gastos reservados, seguimientos irregulares, uso de información secreta con fines políticos, venta de información de seguridad nacional y otras actividades ilícitas en del Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM). Dentro de estas irregularidades, se destaca el posible manejo inadecuado de miles de millones de pesos de las partidas destinadas a gastos reservados, los cuales rara vez tienen una auditoría externa seria, con el argumento de que son temas de seguridad nacional.

3. A raíz de las denuncias públicas de los hechos, las Fuerzas Militares anunciaron una investigación interna cuyos resultados se desconocen 3 y la Procuraduría General de la Nación inició una investigación contra 12 integrantes de esta entidad, 5 oficiales y 7 suboficiales, incluyendo al ex comandante general de las Fuerzas Militares, hoy embajador en Corea del Sur, Gr. Juan Pablo Rodríguez Barragán. Según Revista Semana, este Alto Oficial habría tenido pleno conocimiento y hecho parte de una estructura que fraguó desfalcos cercanos a los 20.000 millones de pesos entre 2013 y 2017 4 , en la que también habría participado el Gr. Martín Nieto, quien hasta diciembre pasado ocupó el cargo de J-2 (Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta del CGFM).

4. Asimismo, la revista Semana señaló cómo el anuncio de una posible investigación de la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional al Gr. Rodríguez Barragán, por su presunta responsabilidad en casos de ejecuciones extrajudiciales como comandante de la IV Brigada del Ejército entre 2006 y 2008, desencadenó una operación para la adquisición de aparatos electrónicos en Las Vegas para interceptar ilegalmente al Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

5. El 16 de abril de 2018, Edison Lanza, Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos expresó:“Recibimos con preocupación esta denuncia: @JMVivancoHRW, defensores y políticos habrían sido espiados al margen de legalidad en Colombia por algunos militares con tecnología sin control legal. Instamos a @FiscaliaCol investigar episodio que amenaza libertad de opinión y expresión”. Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó que “Las actividades de inteligencia son legítimas y necesarias siempre y cuando se dirijan a objetivos legítimos como la lucha contra la criminalidad. Nunca será admisible cuando se utilicen para neutralizar a contradictores y especialmente defensores de derechos humanos”.

6. Según la Procuraduría General de la Nación y declaraciones algunos de los integrantes de la Fuerza Pública involucrados, las interceptaciones ilegales eran una práctica recurrente en la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (RIMEC) y el Comando Conjunto de Inteligencia (Cconi), por lo que no se limitaría a un caso de indebida utilización de dineros públicos. La Procuraduría solicitó al Ministerio de Defensa que suspendieran por 30 días la ejecución, disposición o entrega de los gastos reservados asignados a estas unidades de las Fuerzas Militares.

7. Finalmente, el pasado 15 de abril de 2018, la Revista Semana publicó un informe titulado “Dinero camuflado”, en donde revela testimonios que involucran aproximadamente a veinte militares que serían responsables de desvíos de dineros y fabricación de fuentes falsas.

8. El 18 de abril de 2018, como consecuencia de todos los hechos mencionados, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció en rueda de prensa que frente a la seriedad de los hallazgos ordenó a la Oficina de Control Interno Sectorial (Ocis) adelantar las investigaciones respectivas y entregar informe a la Procuraduría y Fiscalía General. Adicionalmente se adoptaron medidas inmediatas para cumplir, por un lado con la solicitud del Procurador General, Fernando Carrillo, de congelar los recursos destinados a unidades de inteligencia del CGFM durante 30 días, y por el otro, para eliminar dentro del organigrama de las Fuerzas militares la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (RIMEC) y el Comando Conjunto de Inteligencia (Cconi) 10 dependencias principales de la inteligencia de las Fuerzas Militares.

9. Pese a las medidas adoptadas existen elementos fundados para suponer que existen cosas aún más graves de las que ahora se conocen y que el cierre de estas dependencias dificulten el conocimiento de toda la verdad sobre lo que allí ocurrió.

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