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En una comunicación dirigida por el senador Iván Cepeda Castro y Franklin Castañeda, Presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ponen en conocimiento la grave situación de Derecho Humanos en las cárceles colombianas, la cual se ve agravada por la llegada de la pandemia global del COVID-19 al país.

En el escrito manifiestan su preocupación por el trato que se le ha dado a las demandas de los privados de la libertad, pues ante la incertidumbre y las huelgas realizadas al interior de las cárceles el Estado colombiano no tomo medias suficientes, acordes a la realidad de un sistema con alto grado de hacinamiento, problemas estructurales en la atención medica y que carece de los elementos de saneamiento básico para que sea efectivo cualquier protocolo sanitario.

De igual manera, solicitan a la CIDH, realizar un seguimiento a la investigación que debería adelantar la Fiscalía General de la Nación, por las circunstancias y eventuales responsabilidades penales, derivadas de los hechos en que resultaron muertas 23 personas privadas de la libertad y al menos 83 heridas en la cárcel Modelo de Bogotá. 

Dicha solicitud, responde a las dudas que plantea el pronunciamiento oficial del ente acusador, en el cual, a pocas horas de los sucesos, se da por cierta la explicación presentada por altos funcionarios del Gobierno Nacional y el INPEC, y se anuncia un investigación limitada a “determinar las razones por las cuales al interior de los penales se cuenta  con equipos de alta tecnología… y el estado de los inhibidores de señal” y no a las circunstancias y eventuales responsabilidades por los homicidios y las lesiones ocasionadas a decenas de personas, lo que podría ser una muestra de la falta de imparcialidad de la Fiscalía y afectaría los resultados de la investigación.

Así mismo, manifiestan la necesidad de tomar medidas de carácter específico para aliviar la situación particular de la mujeres privadas de la libertad quienes tienen unas vulneraciones especificas no contempladas por la política criminal y penitenciaria.

Finalmente, solicitan conminar al Estado colombiano para que adopte las solicitudes realizadas por la Defensoría del Pueblo, 171 organizaciones y 538 personas respecto a decretar la adopción de medidas extraordinarias para aliviar el hacinamiento carcelario a través de disposiciones no privativas de la libertad en centros carcelarios.