Delegados de la Sociedad Civil ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad presentaron propuesta de política pública que busca el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo.

El pasado 12 de agosto, se realizó, por segunda vez en lo que va del gobierno del Presidente de Iván Duque, una sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a pesar de que por mandato del Decreto Ley 154 de 2017, estaá instancia, derivada de los Acuerdos Firmados entre el Gobierno y las FARC – EP, debe ser convocada cada mes por el Presidente de la Republica.

¿En qué consiste el Decreto Ley 154 de 2017?

El Decreto Ley 154 le da vida jurídica a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en los términos en que había sido creada en punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz firmando por el Gobierno Nacional y las FARC – EP el 24 de noviembre de 2016, con el objetivo de “diseñar y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación los Acuerdos y construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.

La labor de la CNGS complementa a otras contenidas en el punto 3 del Acuerdo, que desarrolla lo referido a las garantías de seguridad de la población reincorporada de las FARC, los líderes y lideresas sociales y las comunidades, prioritariamente de aquellas zonas donde las FARC tenía presencia.

¿Qué pasó en la sesión de la CNGS?

Durante la sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el pasado 12 de agosto, hubo una rendición de cuentas por parte de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que se enfocaron en mostrar los avances en las investigaciones por los homicidios de líderes y lideresas sociales, y los esfuerzos y resultados operacionales que les han permitido desmantelar a algunos grupos criminales, tal como fue comunicado a la opinión pública al terminar la sesión por varios altos funcionarios del Gobierno.

Cabe anotar, que tales resultados se han dado principalmente contra pequeños grupos criminales, conformados por pocas personas, y aunque efectivamente han atentado contra líderes sociales en algunas zonas del país, están lejos de ser los principales victimarios o los determinadores de estos crímenes.

Por otro lado, los y las delegadas de la sociedad civil ante esta instancia, en aras de avanzar en el cumplimiento del mandato de la Comisión, presentaron una propuesta de lineamientos de política pública, que busca llegar a un desmantelamiento integral de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y de los grupos armados que atentan contra líderes sociales y población reincorporada de las FARC – EP, objeto del Acuerdo.

La propuesta presentada por las personas delegadas de la sociedad civil en la Comisión, esperan tener el respaldo de quienes la integran para que se discuta su iniciativa y que en un breve plazo puedan presentar al país una nueva política orientada al desmantelamiento de las organizaciones criminales objeto del Acuerdo y sus redes de apoyo, financiación y beneficiarios.

La propuesta, está dividida en (6) seis ejes principales:

1. Prevención.
2. Medidas urgentes de protección.
3. Acción operativa en territorio.
4. Desestructuración.
5. Sometimiento y reinserción.
6. Evaluación y seguimiento.

Finalmente, al término de esta segunda reunión, se acordó que próximamente se reunirá una subcomisión conformada por los Viceministros de Interior, Justicia y Defensa, junto con la Defensoría del Pueblo, ONU y otros organismos, para trabajar, junto con los y las delegadas de la sociedad civil, en la construcción de la mencionada propuesta.

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