11 Junio 2020 - 2:26pm

Rechazamos ley que establece honores a un victimario

Comunicados / Atención a víctimas / Construcción de paz

Desde la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) rechazamos el Proyecto de Ley No. 23 de 2019 del Senado y 237 de 2018 de la Cámara de Representantes “por medio del cual se rinde honores a la memoria del General Manuel José Bonet” quien estuviese presuntamente involucrado en graves violaciones de derechos humanos contra dos integrantes de la FCSPP.

En marzo de 1990, fueron detenidos ilegalmente y torturados dos miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Cali: Elizabeth Suarez, coordinadora de la Seccional Valle del Cauca, y Héctor Suárez, sindicalista y voluntario del CSPP. El operativo 'Relámpago" fue adelantado en marzo del 1990 por la Tercera Brigada del Ejército, comandada y ordenada por el General José Manuel Bonnet Locardo.

El primero de marzo fueron detenidos y llevados a la Tercera Brigada del Ejército varios miembros de organizaciones sindicales Por tal motivo, ese mismo día, Héctor Castro acudió a las instalaciones militares a preguntar por dichos sindicalistas. De manera inmediata fue apresado y obligado a quedarse en dicha instalación militar, por dos días, durante los cuales fue torturado.

Simultáneamente, el 2 de marzo a las 6:00 a.m. es allanada la casa de Elizabeth y Héctor. Los militares la detienen y la obligan a acompañarlos hasta al Batallón, donde ella es salvajemente torturada y agredida sexualmente. Tras ello, ambos fueron posteriormente presentados por el Ejército como células urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sometidos a una privación de la libertad y a un proceso penal del que fueron finalmente absueltos en 1991.

Las víctimas de éstos hechos no olvidan la tortura, estigmatización y violación a la integridad a la que fueron sometidos los dos defensores de derechos humanos. Además reclaman que de dichos hechos no se ha llevado ninguna investigación penal, por tanto se han quedado en la impunidad pese a las continuas denuncias del movimiento sindical y de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Rechazamos que la justicia no haya actuado frente a estos graves hechos y en consecuencia rechazamos una ley que establezca honores para un victimario.