Por: COSPACC

Febrero 24 de 2021. Yopal, Casanare. La Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria - COSPACC – rechaza enfáticamente la judicialización de nuestro compañero, líder campesino, defensor de derechos humanos, defensor del territorio y ambientalista MIGUEL YESID DAZA GALINDO quien fue privado de la libertad en un operativo de allanamiento y captura por los delitos de rebelión y concierto para delinquir agravado, realizado a las 4.30 am del 23 de febrero de 2021 en su vivienda ubicada en la vereda Plan Brisas del municipio de Aguazul en el departamento de Casanare.

Denunciamos la sistemática persecución en contra de los líderes sociales del territorio nacional. Rechazamos la constante persecución judicial al movimiento social en Casanare y ponemos en evidencia la complicidad de las empresas petroleras con el Estado colombiano para no cumplir los acuerdos pactados con las comunidades y para usar la judicialización como mecanismo de intimidación contra los líderes para evitar que las comunidades reclamen sus derechos.

El movimiento social en Casanare ha estado sometido a prácticas sociales genocidas, representadas en desaparición forzada, amenazas, atentados, homicidios selectivos, muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate y a ello se suma la criminalización, persecución y judicialización por parte de la Fiscalía. Por otra parte, ante las denuncias realizadas por organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales, no se evidencia celeridad en investigaciones y procesos por parte de la fiscalía que superen la impunidad.

Solicitamos a la Defensoría Regional del Pueblo de Casanare, a la Procuraduría General de la Nación y a todas las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales, intervengan como garantes en este proceso judicial.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que haga seguimiento al proceso judicial y continúe el acompañamiento al trabajo que realiza las organizaciones en los territorios

Exigimos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales que se garantice el debido proceso, así como todas las garantias constitucionales y procesales.

Ser líder social no es delito