12 Noviembre 2013 - 4:27pm

Presos de Palogordo, Girón, denuncian creciente y alarmante hacinamiento carcelario

Denuncias / Presos políticos

Según los internos, mientras antes se contaba con 1.444 reclusos, hoy la cárcel tiene un número de 2.198 presos. Esto indica que hubo un aumento alarmante del 51%. Lo anterior redunda en que tal situación genera serios problemas de convivencia y pauperización de las condiciones de vida de los internos.

Por otra parte, denunciaron los internos que la crisis carcelaria y humanitaria en este centro de reclusión, es solventada por el Inpec con “medidas restrictivas y represivas”, lo que se pone en evidencia con el sólo hecho de que el pasado 19 de noviembre de 2013, Ingrid Pinzón, directora del establecimiento y el Capitán Luis Francisco Gómez, comandante de vigilancia del EPAMS, “ordenaron al personal de guardia instalar en las rejas que conducen al segundo piso un mecanismo de tornillo para cerrar y asegurar la pequeña reja evitando el acceso de los reclusos a dicho espacio”, según comunicado de los presos.

La crisis humanitaria que viven los internos en esta cárcel no se hace esperar. Por ejemplo, expresan los reclusos, que les cierran durante el día el acceso al segundo piso, lo que implica que 240 prisioneros de cada Pabellón deben someterse a los vejámenes del clima, así como a la imposibilidad de desarrollar actividades académicas, deportivas, manualidades, entre otras.

Este mismo día, el 21 de noviembre, los presos solicitaron una solución pronta a esta situación. Sin embargo, según expresan, “no han sido escuchados y en lugar de eso la administración del penal ha venido deshabilitando las líneas telefónicas para evitar que se efectúen estas denuncias”.

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSPP, se solidariza con las demandas de los presos,  solicitando que las propuestas de reducción de internos hacia su capacidad real, es decir, 160 por pabellón, sean escuchadas y se tomen todas las medidas que puedan tener lugar al respecto.

Así mismo, responsabiliza a las autoridades penitencias por las graves situaciones de convivencia producto del hacinamiento, las cuales pueden tener lugar en tanto no se solucione la crisis.

Por último, demandamos que se respeten los derechos humanos de los reclusos y se abran vías capaces de permitir la vida digna de los mismos.