El día de hoy en Washington varias de la organizaciones defensoras de derechos humanos más destacadas de Colombia, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos sus apreciaciones sobre la grave situación de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, desde esta audiencia se denunció el homicidio de al menos 120 de ellos en los últimos 14 meses, así como el hecho de que no se estuviese tomando medidas efectivas por parte del Estado Colombiano para disminuir esta gran número de personas asesinadas y la nula voluntad política de hacer justicia en estos casos.

De otra parte denunciaron la continuidad del paramilitarismo, así como solicitaron que el Estado Colombiano abra un proceso público para la transformación de la fuerza pública en el marco de los cambios estructurales que deben nacer del proceso de finalización del conflicto armado con la guerrilla de las FARC-EP. En este mismo sentido las organizaciones manifestaron su respaldo a la Justicia Especial Para la Paz, sin embargo, realizaron serias críticas a varios de los cambios que el Gobierno interpuso de manera unilateral en el Congreso de la República; cambios tales como que se limite la responsabilidad de los mandos militares, los obstáculos que se tendría para la investigación de civiles que hayan financiado al paramilitarismo y la imposibilidad de que las víctimas puedan participar en los procesos con sus abogados de confianza.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos una vez escuchó a las partes, hizo una serie de llamados al Estado Colombiano para que estos tomen medidas efectivas en favor de la situación de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.  Así mismo elevó una serie de cuestionamientos sobre los cambios que se han introducido en el acto legislativo de la Justicia Especial para la Paz (JEP) “Nos encontramos preocupados por las interpretaciones que en el Congreso y el Gobierno Colombiano le está dando al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en relación con los cambios o contenidos de la JEP”.  Finalmente la CIDH manifestó que haría estricto seguimiento a estos hechos y a las  solicitudes que realizó al Estado Colombiano.