Organizaciones presentan informe a Sala de Reconocimiento
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El pasado 7 de marzo de 2019, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP, la Comisión Colombiana de Juristas –CCJ y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR, organizaciones defensoras de derechos humanos, presentamos a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP el informe ¿Qué Futuro Nos Espera?
Durante la entrega del informe estuvieron presentes los magistrados Óscar Parra, Catalina Díaz y Alejandro Ramelli, quienes insistieron en la importancia de que las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas presenten sus informes a la Sala de Reconocimiento de la JEP.
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¿Qué futuro nos espera? da cuenta de 23 casos de ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de “falsos positivos”, en los que fueron asesinadas 39 personas. De las cuales, 13 víctimas continúan en condición de personas no identificadas. Estos hechos fueron cometidos por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, bajo la comandancia del entonces Teniente Coronel Adolfo León Hernández Martínez, hoy Brigadier General, al mando del Comando de Transformación del Ejército del Futuro.
El alto mando militar también fue mencionado en el reciente informe de Human Rights Watch que cuestiona los nombramientos de varios militares involucrados en crímenes como estos.
De esta manera, el informe, primero de cinco que presentaremos a la JEP organizaciones de derechos humanos este año, revela cómo en el Batallón “La Popa” bajo la comandancia de Adolfo León Hernández, se simuló combates en donde la mayoría de las víctimas fueron presentadas como integrantes de Bacrim y otras como integrantes del ELN o la antigua guerrilla Farc-EP.
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP, la Comisión Colombiana de Juristas –CCJ y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR, solicitamos a la JEP llamar al General Adolfo León Hernández Martínez a rendir versión voluntaria de reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. De no ser así, pedimos que sea remita a la Unidad de Investigación y Acusación –UIA de la JEP.
Junto con esto, como medida de satisfacción de los derechos de las víctimas, el informe recomienda que se promueva la realización de actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y perdón y restablecimiento de la dignidad y buen nombre de las víctimas, previamente concertados con ellas. Además, se requiere al Poder Ejecutivo la formulación de una propuesta de reforma al régimen de ascensos militares, de manera que se establezca un procedimiento público, con intervención de la sociedad civil que evite que personas comprometidas en graves violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario –DIH continúen ascendiendo en la carrera militar. De esta manera, se solicitó a la JEP que preventivamente ordene la suspensión de su cargo al Teniente Coronel Adolfo León Hernández Martínez.
También solicitamos que toda la línea de mando sea investigada; para la época de los hechos, los superiores jerárquicos de Martínez Hernández fueron el Coronel Iván Darío Recuero, el Brigadier General Luis Felipe Paredes Cadena, el Mayor General Enrique González Peña, el General Mario Montoya Uribe, el Comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla de León y el actual expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
Finalmente, se solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP, que en el caso de personas no identificadas se les reconozca a las organizaciones que presentaron el informe personería jurídica para actuar en representación de las 17 víctimas no identificadas, y que además se oficie a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD para que bajo su coordinación se adelanten los procedimientos forenses necesarios para establecer la identidad de estas personas y se proceda a la entrega digna de los cuerpos a sus familiares.